por Antonio Páez
Durante los últimos meses, el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso ha llevado adelante más de 200 despidos de trabajadoras y trabajadores, en el marco de una serie de llamados “ajustes económicos” que hoy tienen al principal recinto asistencial de la región sumido en una crisis cada vez más profunda. Lejos de tratarse de hechos aislados, estas desvinculaciones responden tanto a una deficiente gestión de los recursos como a los constantes recortes presupuestarios impuestos desde el gobierno central, que han ido asfixiando financieramente a la red pública de salud.
El Van Buren no es un hospital cualquiera: cumple un rol estratégico para miles de personas de Valparaíso y comunas aledañas. Sin embargo, las autoridades han optado por descargar el costo de la crisis sobre los hombros de quienes sostienen día a día el funcionamiento del recinto. Técnicos, administrativos, personal de apoyo y profesionales de la salud han sido despedidos, debilitando aún más un sistema que ya operaba al límite.
Despidos que se traducen en peor atención
Las consecuencias de esta política son inmediatas y evidentes. Menos personal implica menos capacidad de atención, mayores tiempos de espera, servicios sobresaturados y una sobrecarga laboral brutal para quienes permanecen trabajando. Turnos extendidos, estrés permanente y deterioro de las condiciones laborales se vuelven la norma, mientras los usuarios enfrentan retrasos, postergaciones y una atención cada vez más precarizada.
Esta situación no solo pone en riesgo la salud de la población, sino también la de las y los trabajadores, que deben responder a una demanda creciente con recursos humanos cada vez más reducidos. La lógica es conocida: ajustar por abajo, recortar personal y “optimizar” a costa del agotamiento y la pérdida de derechos.
El gobierno y el trabajo sucio de los ajustes
Lejos de ser una excepción, lo que ocurre en el Hospital Van Buren se inscribe en una orientación más general. El gobierno actual viene aplicando recortes y ajustes que, en los hechos, le hacen el trabajo sucio al próximo gobierno, preparando el terreno para justificar medidas aún más regresivas. Se instala así la idea de que el sistema es “inviable”, cuando en realidad lo que existe es una decisión política de no garantizar financiamiento suficiente a la salud pública.
Mientras se mantienen privilegios, pagos a privados y lógicas de mercado en el sistema sanitario, se ajusta sobre hospitales públicos y sus trabajadores. El resultado es una crisis que luego se utiliza como excusa para avanzar en reformas pro-mercado y nuevos recortes.
Enfrentar los despidos y organizar la respuesta
Frente a este escenario, no alcanza con la denuncia aislada. Es urgente que los sindicatos y organizaciones de trabajadoras y trabajadores del Hospital Van Buren junto a las otras organizaciones enfrenten activamente los despidos y los ajustes. Defender cada puesto de trabajo es también defender el derecho a una atención de salud digna para la población.
La experiencia demuestra que solo la organización desde abajo, la unidad y la movilización pueden frenar este tipo de ataques. Sabemos que con la llegada del nuevo gobierno, se vendrá una arremetida contra los derechos sociales, la pasividad solo fortalece a quienes impulsan los recortes.
Fuente: La Izquierda Diario