por Gustavo Burgos
La tendencia más característica del gobierno de José Antonio Kast no reside únicamente en la brutalidad social de sus medidas ni en la velocidad con que procura desmontar derechos, programas públicos y regulaciones ambientales. Su rasgo político decisivo es otro: la transformación progresiva del Ejecutivo en el centro casi exclusivo de la decisión estatal y la correlativa reducción del Parlamento a una instancia subordinada, convocada para ratificar, corregir marginalmente o revestir de legalidad resoluciones adoptadas de antemano en La Moneda.
Estamos ante la prefiguración de un gobierno por decretos. No todavía ante la clausura formal del Congreso, desde luego, sino ante algo acaso más revelador de la época: la conservación ornamental de las instituciones parlamentarias mientras el poder efectivo se desplaza hacia el Ejecutivo, los ministerios económicos, las policías, la administración presupuestaria y los órganos no electivos del Estado.
La Circular N.º 12 del Ministerio de Hacienda, los decretos 330, 333 y 337, las modificaciones administrativas del presupuesto vigente y la Circular N.º 16 —destinada a proyectar el ajuste hasta 2031— muestran una arquitectura política coherente. No se trata de actos aislados de administración. Mediante decretos y circulares, el Gobierno ha dispuesto reducciones en salud, educación, trabajo, transporte, cultura, desarrollo social y derechos humanos, al mismo tiempo que preserva o incrementa los recursos destinados a seguridad. El Decreto 333, por ejemplo, recorta más de 413 mil millones de pesos en salud; el Decreto 330 reduce en 123,9 mil millones los recursos del Sence; el Decreto 337 rebaja el presupuesto de transportes, mientras otros actos administrativos afectan educación, memoria histórica y protección de la infancia.
La cuestión no es solamente cuánto se recorta, sino cómo se gobierna el recorte. La Ley de Presupuestos, formalmente aprobada por el Congreso, es modificada por decisiones ministeriales que producen efectos inmediatos. El Ejecutivo administra así la legislación parlamentaria como un material flexible, susceptible de ser reescrito mediante potestades reglamentarias, reasignaciones y órdenes internas. La norma aprobada por los representantes electos deja de ser el límite de la acción gubernamental y se convierte en una autorización general para que el Ejecutivo decida qué políticas sobreviven, cuáles se reducen y cuáles serán discontinuadas.
Esta práctica no debe confundirse con una anomalía jurídica ocasional. Constituye el ensayo de una nueva forma de mando. La crisis del parlamentarismo chileno no comenzó con Kast. El Congreso lleva décadas funcionando como el recinto donde las fracciones políticas de la burguesía negocian la distribución de los costos sociales y la protección de los intereses empresariales. Sin embargo, bajo el actual Gobierno esa degradación adquiere una cualidad distinta: el Parlamento ya no aparece siquiera como el lugar privilegiado de la transacción política, sino como una cámara de registro tardío de iniciativas diseñadas por el Ejecutivo y las grandes organizaciones patronales.
La denominada Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social —la “megarreforma”— ilustra esta relación. El proyecto fue presentado por el Gobierno como un conjunto compacto de transformaciones tributarias, económicas, ambientales y regulatorias, tramitado bajo presión política y sucesivas urgencias. La iniciativa comprende, entre otros aspectos, rebajas impositivas para las empresas, exenciones de contribuciones, incentivos a la inversión y modificaciones a la regulación ambiental. Su tramitación registra una extensa sucesión de indicaciones presidenciales, demostrando que el Ejecutivo no se limitó a iniciar el debate, sino que conservó el control material de su contenido durante todo el procedimiento legislativo.
Incluso cuando el Gobierno ha experimentado dificultades para disciplinar a sus propios parlamentarios, esas fricciones no han restituido al Congreso una autonomía política significativa. El aplazamiento de algunas votaciones de la megarreforma respondió a errores de cálculo del Ministerio de Hacienda y a desacuerdos dentro del propio oficialismo, no a la emergencia de una oposición capaz de movilizar una fuerza social contra el programa gubernamental.
La oposición parlamentaria, carente de una orientación independiente y hostil a cualquier irrupción de las masas en la vida política, ha terminado por reducir su actuación a los recursos ante el Tribunal Constitucional y a la eventual presentación de acusaciones constitucionales. Frente a la megarreforma, los partidos opositores anunciaron tres requerimientos ante el TC contra disposiciones tributarias, ambientales y relativas a la invariabilidad de las condiciones concedidas a los inversionistas. La prensa liberal ha reconocido abiertamente que, derrotada o desarticulada la oposición en el Congreso, “la única vía” que le queda es el Tribunal Constitucional.
Esta confesión resume toda una bancarrota. Una oposición que no organiza huelgas, no convoca al movimiento popular, no impulsa organismos de deliberación y lucha en los lugares de trabajo y estudio, y no se propone derrotar materialmente la ofensiva capitalista, solo puede recurrir a los guardianes jurídicos del mismo régimen. La política es sustituida por el litigio constitucional; la movilización social, por el escrito de admisibilidad; la lucha de clases, por la interpretación de competencias entre órganos estatales.
Lo mismo ocurre con las acusaciones constitucionales. Separadas de cualquier estrategia de masas, se convierten en ceremonias acusatorias sin fuerza propia: expedientes por medio de los cuales el Parlamento dramatiza una fiscalización que es incapaz de ejercer efectivamente. Así, el Congreso conserva la representación teatral de la controversia mientras renuncia a disputar la dirección del Estado.
No es casual que el conflicto político se desplace hacia el Tribunal Constitucional, la Contraloría y otros organismos autónomos. Incluso comentaristas de derecha han observado este traslado del “campo de batalla” desde el Parlamento hacia instituciones no electivas. El fenómeno expresa menos una vitalidad de los contrapesos republicanos que la inanidad del Poder Legislativo. Cuando la oposición encomienda su suerte al TC, reconoce que ya no aspira a construir una voluntad política alternativa, sino apenas a obtener de una fracción del aparato estatal una moderación jurídica de las iniciativas del Ejecutivo.
Marx explicó en El 18 Brumario de Luis Bonaparte que el bonapartismo no surge simplemente de la ambición de un individuo. Aparece cuando las clases dominantes son incapaces de gobernar mediante sus mecanismos habituales, cuando las instituciones representativas pierden autoridad y cuando el proletariado, aun constituyendo la principal fuerza social, no logra levantar un poder político independiente.
En tales condiciones, el Ejecutivo se eleva aparentemente por encima de las clases y se presenta como encarnación de la nación entera. Ofrece orden frente al conflicto, autoridad frente a la deliberación y unidad frente a la lucha social. Pero esa aparente autonomía no elimina el dominio de clase: lo concentra. El Estado adquiere una independencia relativa respecto de los partidos y las camarillas parlamentarias precisamente para garantizar con mayor eficacia las condiciones generales de reproducción del capital.
Kast cultiva deliberadamente esta figura. Su Gobierno se presenta como una administración de decisiones “difíciles”, liberada de las vacilaciones de la política tradicional. La avalancha inicial de decretos, urgencias legislativas, oficios a la Contraloría y anuncios presidenciales respondió a un diseño destinado a copar la agenda pública, imponer la iniciativa gubernamental y dividir a la oposición.
El mensaje es inequívoco: donde el Parlamento discute, el Ejecutivo resuelve; donde los partidos negocian, el Presidente actúa; donde la sociedad plantea demandas contradictorias, el Gobierno invoca el interés superior de la nación.
La retórica de la “reconstrucción nacional” no es un envoltorio accidental. La palabra reconstrucción presupone que el país ha sido previamente destruido o descompuesto y que, por tanto, la política ordinaria resulta insuficiente. Toda reconstrucción exige una dirección centralizada, una disciplina extraordinaria y la subordinación de los intereses particulares a una supuesta misión común. De este modo, una ofensiva contra salarios, servicios públicos, derechos laborales y regulaciones ambientales es presentada como una empresa patriótica.
Aquí aparece la función precisa del discurso de la unidad nacional. La unidad nacional constituye la fórmula ideológica mediante la cual el bonapartismo busca ocultar las divisiones de clase. Se llama a trabajadores y empresarios, explotados y explotadores, deudores y acreedores, jubilados y administradoras financieras a compartir un mismo sacrificio. Pero el sacrificio nunca es común: los trabajadores pierden empleos, salud, educación y pensiones, mientras las grandes empresas reciben rebajas tributarias, garantías de invariabilidad y nuevas oportunidades de acumulación.
El Gobierno puede endeudarse para sostener reducciones impositivas al gran capital y, simultáneamente, exigir austeridad a los municipios, hospitales y escuelas. La Cámara de Diputados aprobó un aumento de la deuda pública mientras el Plan de Reconstrucción contemplaba reducir el impuesto corporativo del 27 al 23 por ciento. La “unidad” consiste, por tanto, en que todas las clases se sometan al programa de una sola: la burguesía.
La búsqueda de salidas bonapartistas no es patrimonio exclusivo de la derecha. Se alimenta también de las corrientes que, desde la antigua Concertación hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista, proponen acuerdos transversales para “defender la democracia”, “recuperar la gobernabilidad” o alcanzar un nuevo pacto nacional.
La transversalidad es el puente político entre el parlamentarismo agotado y el fortalecimiento del Ejecutivo. Cuando los partidos aseguran que existen materias —seguridad, crecimiento, migración, orden público, responsabilidad fiscal— que deben quedar fuera de la disputa entre Gobierno y oposición, están definiendo un dominio de decisiones estatales sustraído a la lucha política. Aquello que se declara política de Estado deja de ser materia de deliberación popular y pasa a ser administrado por técnicos, policías, mandos militares, jueces y ministros.
La unidad nacional no limita al bonapartismo: le proporciona su legitimidad. Cada acuerdo transversal en materia represiva amplía la autonomía del aparato coercitivo. Cada consenso fiscal restringe de antemano las reivindicaciones sociales. Cada pacto por la gobernabilidad consagra el derecho del Ejecutivo a actuar frente a una sociedad representada como amenaza, desorden o exceso de expectativas.
La oposición reclama que Kast respete las reglas constitucionales, pero comparte con él los fundamentos materiales del régimen: el pago de la deuda, la protección de la propiedad capitalista, la subordinación a los mercados internacionales, el fortalecimiento policial y la preservación del Estado subsidiario. Por eso su crítica solo puede referirse a las formas, los ritmos o los excesos del programa gubernamental. No se opone a la dictadura del capital; solicita que sea administrada con mejores modales parlamentarios.
Sería falso, sin embargo, presentar esta evolución como una creación exclusiva del actual Gobierno. Kast recibió un aparato estatal preparado por la administración de Gabriel Boric. El progresismo llegó al poder prometiendo superar el orden heredado de la dictadura y terminó reforzando sus instrumentos coercitivos. Bajo Boric se promulgó la Ley Naín-Retamal, que fortaleció la protección jurídica de policías y gendarmes; se agravaron las penas por secuestro y porte de armas; se ampliaron las competencias de Gendarmería y se aprobaron numerosas iniciativas de la llamada agenda de seguridad. El propio Gobierno informó la promulgación conjunta, en abril de 2023, de cuatro leyes represivas, entre ellas la Ley 21.560 o Naín-Retamal.
La creación del Ministerio de Seguridad Pública completó esa reorganización institucional, concentrando la conducción política de la prevención del delito, el combate al crimen organizado y el orden público en una nueva cartera estatal. Estudios académicos sobre el balance del gobierno de Boric han descrito precisamente el tránsito desde una retórica inicial de reforma de Carabineros hacia su consolidación legislativa, presupuestaria y simbólica.
A ello debe añadirse el uso sistemático del estado de excepción en la Macrozona Sur, la militarización de territorios mapuche, la ampliación de las facultades policiales, la persecución penal de la protesta y la instalación de la seguridad como derecho rector o presupuesto habilitante de los demás derechos. El progresismo no solo construyó una parte importante del entramado represivo que hoy administra Kast. Realizó también una tarea política indispensable para la reacción: el desarme organizativo de los sectores que habían irrumpido en octubre de 2019.
La energía del levantamiento fue desviada hacia el itinerario constitucional, primero mediante el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019 y luego a través de procesos institucionales progresivamente controlados por los partidos del régimen. La expectativa de una transformación social fue encerrada en convenciones, plebiscitos, comisiones de expertos y elecciones sucesivas. Las organizaciones populares fueron inducidas a abandonar la acción directa y a confiar en que una nueva arquitectura jurídica resolvería aquello que solo podía ser decidido mediante una alteración de las relaciones de fuerza entre las clases.
El Gobierno de Boric culminó ese proceso. Incorporó dirigentes sociales al aparato administrativo, transformó las demandas populares en programas focalizados, subordinó las organizaciones al calendario gubernamental y presentó toda movilización independiente como una amenaza a la estabilidad de una administración supuestamente propia.
Así se produjo una doble operación. Mientras se fortalecía materialmente el Estado —policías, inteligencia, legislación penal, Ministerio de Seguridad— se debilitaba políticamente a quienes podrían enfrentarlo. Kast heredó, por tanto, no solo leyes y presupuestos, sino una sociedad temporalmente desorganizada por las mismas fuerzas que habían prometido representarla.
Los recortes decretados en 2026 fueron precedidos por la austeridad de la administración Boric, que congeló gastos, dejó a hospitales y municipios en situación crítica y entregó al nuevo Gobierno un déficit estructural junto con un aparato policial fortalecido. La continuidad es más profunda que el contraste retórico entre progresismo y extrema derecha: uno preparó administrativa, fiscal y políticamente el terreno sobre el cual el otro despliega su ofensiva.
Un gobierno por decretos no necesita comenzar declarando formalmente un estado de excepción. Puede construirse gradualmente mediante la generalización de procedimientos administrativos extraordinarios.
Primero se justifican las reasignaciones presupuestarias por la emergencia fiscal. Luego se suspenden programas por razones de eficiencia. Más tarde se gobierna la migración como problema militar, la protesta como amenaza a la seguridad y las reivindicaciones laborales como obstáculos a la reconstrucción económica. Finalmente, todo conflicto social es interpretado como una perturbación que exige la intervención inmediata del Ejecutivo.
La excepción deja entonces de ser una medida temporal y se convierte en el principio normal del gobierno. En las democracias capitalistas contemporáneas, sin embargo, la soberanía excepcional no siempre aparece en un acto dramático. Puede distribuirse en decretos presupuestarios, reglamentos policiales, circulares ministeriales, urgencias legislativas, estados de emergencia territorial y resoluciones administrativas. El resultado es el mismo: una esfera cada vez más amplia de decisiones queda sustraída al control popular y concentrada en un aparato ejecutivo permanente.
En Chile, la Constitución de 1980 facilita esta evolución. El hiperpresidencialismo, la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materias decisivas, la administración centralizada del presupuesto y la existencia de órganos contramayoritarios permiten que el Gobierno actúe con enorme autonomía respecto de la deliberación parlamentaria. Kast no destruye desde fuera esta institucionalidad; extrae sus consecuencias más autoritarias.
El bonapartismo no aparece así como negación súbita de la democracia burguesa, sino como su desarrollo bajo condiciones de crisis. En efecto, cuando el Parlamento pierde toda capacidad para integrar las demandas sociales; cuando los partidos se transforman en agencias electorales sin militancia; cuando la oposición confía su actuación al Tribunal Constitucional; cuando las centrales sindicales renuncian a organizar la lucha y cuando el Ejecutivo se presenta como único poder capaz de decidir, las formas democráticas permanecen, pero su contenido se vacía.
La respuesta a esta tendencia no puede consistir en la defensa abstracta del Parlamento. El Congreso chileno no representa una soberanía popular usurpada repentinamente por Kast. Ha sido durante décadas una pieza del régimen construido para garantizar la continuidad del poder empresarial. Desde allí se aprobaron privatizaciones, tratados de libre comercio, leyes represivas, subsidios al capital y presupuestos de austeridad. Su actual insignificancia no es la causa de la crisis, sino una de sus expresiones.
Tampoco el Tribunal Constitucional puede convertirse en refugio democrático. Es un órgano concebido precisamente para limitar cualquier decisión que amenace los pilares jurídicos del orden capitalista. Recurrir a él contra Kast puede retrasar o modificar determinadas disposiciones, pero no altera la relación de fuerzas que permite al Gobierno reconstruir el mando político en torno al Ejecutivo.
La defensa de las libertades democráticas exige una perspectiva distinta: la organización independiente de la clase trabajadora.
Frente al gobierno por decretos deben levantarse organismos capaces de imponer decisiones desde los lugares de trabajo, estudio y residencia. Frente a la unidad nacional de explotadores y explotados debe oponerse la unidad clasista de quienes viven de su trabajo. Frente a los acuerdos transversales del régimen debe construirse una dirección que rechace toda subordinación a la antigua Concertación, al Frente Amplio, al Partido Comunista y a las burocracias sindicales que administraron el desarme posterior a 2019.
El problema no consiste en devolverle dignidad al Parlamento, sino en recuperar para los trabajadores la capacidad de intervenir directamente en la crisis política. Kast procura erigir un Ejecutivo fuerte porque el régimen en su conjunto es débil. Sus decretos, sus policías y su retórica de reconstrucción nacional no expresan seguridad histórica, sino temor: temor a que la crisis económica, el deterioro de las condiciones de vida y el agotamiento de las ilusiones institucionales vuelvan a colocar a las masas en movimiento.
La república de los decretos es la forma preventiva de la contrarrevolución. Se construye antes de que la rebelión resurja; concentra el mando antes de que la clase trabajadora recupere su organización; proclama la unidad nacional antes de que las contradicciones sociales destruyan nuevamente la ficción de una comunidad de intereses entre empresarios y trabajadores.
Pero precisamente por eso su avance no es inevitable. El bonapartismo solo logra afirmarse allí donde el proletariado permanece políticamente subordinado. La tarea urgente consiste en quebrar esa subordinación, extraer las lecciones del fracaso progresista y levantar una alternativa obrera que no se limite a reclamar mejores procedimientos constitucionales, sino que plantee abiertamente la cuestión decisiva que el parlamentarismo procura ocultar: qué clase debe gobernar Chile y en beneficio de quién debe ser reorganizada la sociedad.