por Fernando López MacKenzie
El 9 de marzo de 1969 quedó inscrito en la historia social de Chile como uno de los episodios más brutales de represión estatal contra pobladores pobres en lucha por el derecho elemental a la vivienda. Ese día, en el sector de Pampa Irigoin, en Puerto Montt, el gobierno de Eduardo Frei Montalva ordenó el desalojo violento de una toma de terrenos realizada por familias sin casa que buscaban una solución a una situación de miseria habitacional que se extendía por todo el país. La operación fue dirigida políticamente por el entonces ministro del Interior Edmundo Pérez Zujovic, quien dispuso la intervención de fuerzas de Carabineros para terminar con la ocupación.
La toma de Pampa Irigoin no había surgido como una acción violenta ni clandestina. Era el resultado de un proceso social que atravesaba a miles de trabajadores y pobladores que, expulsados de los centros urbanos o hacinados en condiciones indignas, se organizaban para levantar asentamientos en terrenos baldíos. Aquella madrugada, sin embargo, el Estado respondió a esa necesidad social con una lógica militar. Las fuerzas policiales ingresaron al campamento y abrieron fuego contra los pobladores.
El saldo fue trágico: once personas asesinadas por disparos de Carabineros, entre ellas un niño de apenas nueve meses de edad, y más de cincuenta heridos. La represión no distinguió entre hombres, mujeres ni niños. La escena de cuerpos tendidos sobre el barro de la población improvisada quedó grabada como una de las imágenes más crudas de la violencia estatal en la historia contemporánea de Chile.
La llamada Masacre de Pampa Irigoin reveló con brutal claridad los límites del reformismo democratacristiano que, bajo el gobierno de Frei Montalva, proclamaba una política de “revolución en libertad”. En los hechos, cuando la cuestión social adoptaba la forma de organización directa de los pobres —como ocurrió con las tomas de terreno— el Estado no vacilaba en recurrir a la represión armada para restablecer el orden de la propiedad.
El episodio generó una profunda conmoción política y social. Sectores del movimiento popular, de la izquierda y del mundo cultural denunciaron la responsabilidad política del gobierno y de su ministro del Interior. La memoria colectiva del país conservó el nombre de Pampa Irigoin como símbolo del choque entre las aspiraciones de los sectores populares y la defensa estatal del orden social existente.
Pero el recuerdo de Pampa Irigoin no pertenece únicamente al pasado. La lucha de los pobladores sigue plenamente vigente en el Chile actual. A casi seis décadas de aquella masacre, miles de familias continúan enfrentando desalojos, tomas de terrenos y una crisis habitacional que arroja a pobladores enteros a la calle o los obliga a levantar nuevamente campamentos en los márgenes de las ciudades. Esta persistencia de la cuestión de la vivienda revela una verdad incómoda: después de casi sesenta años, el capitalismo chileno sigue siendo incapaz de resolver una de las necesidades más elementales de la población trabajadora.
La historia parece repetirse bajo nuevas formas. La misma contradicción que estalló en Pampa Irigoin —entre el derecho a la vida digna de los trabajadores y la defensa estatal de la propiedad privada del suelo— continúa atravesando la sociedad chilena. Por eso la memoria de los once pobladores asesinados en Puerto Montt no es solo un homenaje a las víctimas de la represión estatal. Es también un recordatorio de que la lucha por la vivienda y por la dignidad de los sectores populares sigue abierta, y de que mientras esa cuestión permanezca sin resolver, el nombre de Pampa Irigoin seguirá resonando como una advertencia histórica sobre los límites sociales del orden existente.
(Las imágenes corresponden al funeral de las víctimas)