por Valeria Menéndez
El inminente lanzamiento del Campamento Unión Sin Fronteras de Placilla de Peñuelas, ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para el próximo 30 de octubre, constituye una gravísima afrenta a los derechos humanos más elementales y una muestra descarnada del abandono estatal hacia los sectores más pobres del país. Más de un centenar de familias serán desalojadas de sus hogares sin que se les haya garantizado un albergue, protección para sus enseres ni ningún tipo de resguardo humanitario. Se trata de mujeres, hombres, niños y ancianos que, ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en el Chile del negocio inmobiliario y del crédito usurario, decidieron levantar con sus propias manos, sobre terreno baldío, un espacio de vida y esperanza.
Allí, donde el Estado nunca llegó, las familias construyeron con esfuerzo y solidaridad: limpiaron el terreno, levantaron mediaguas, consiguieron agua y electricidad de manera autogestionada, organizaron ollas comunes y redes de apoyo. Fue el trabajo colectivo el que edificó esa comunidad, no una política pública ni un programa ministerial. En el país del Plan de Emergencia Habitacional y de las promesas de construir 260 mil viviendas dignas antes de 2026, la realidad de Unión Sin Fronteras revela la distancia abismal entre la retórica gubernamental y la vida concreta de los desposeídos.
El desalojo ha sido dispuesto en medio del más absoluto silencio y la indiferencia de las autoridades locales, regionales y nacionales. Ninguno de los candidatos ni representantes de los partidos del régimen —ni oficialistas ni de derecha— ha levantado la voz para denunciar la brutalidad de una medida que arrojará a decenas de familias a la intemperie. Los mismos que llenan sus discursos de referencias a la democracia, los derechos humanos y el derecho a la vivienda, guardan hoy un mutismo cómplice ante un acto de barbarie institucional. La justicia de clase opera con precisión: mientras los grandes especuladores acumulan terrenos vacíos en espera de su valorización, quienes no tienen nada son perseguidos por atreverse a construir un lugar donde vivir.
Los dirigentes del campamento han solicitado reiteradamente que se suspenda el desalojo y que se abra una instancia de diálogo con el propietario del terreno, Albert Ken Jhonsson. Piden solo tiempo: postergar la medida hasta fin de año para no interrumpir el curso escolar de los niños y permitir que las familias busquen alternativas. Sin embargo, la negativa y la insensibilidad del propietario, sumadas a la pasividad del Estado, han sellado el destino de quienes no poseen más capital que su dignidad.
El desalojo forzado no implica únicamente la pérdida de un techo: destruye la trama social que los pobladores han tejido con años de esfuerzo, interrumpe la educación de los niños, pone en riesgo la salud de adultos mayores y mujeres embarazadas, y desintegra la única forma de comunidad que muchos han conocido. Es una violencia estructural ejecutada por el aparato judicial en nombre del derecho de propiedad, ese dogma que en Chile prevalece sobre cualquier noción de humanidad.
Desde la toma Unión Sin Fronteras, los pobladores han hecho un llamado urgente a las organizaciones sociales, de derechos humanos y de la infancia, a solidarizar, difundir y exigir la suspensión inmediata del lanzamiento. Su lucha no es un delito, sino un acto de dignidad popular frente a la injusticia de un sistema que criminaliza la pobreza y protege la especulación. Si el Estado no es capaz de garantizar el derecho a la vivienda, los pueblos seguirán ejerciéndolo con sus propias manos, porque el hogar no es una dádiva ni una mercancía: es un derecho conquistado en la lucha colectiva por vivir con dignidad.