por Valeria Menéndez
El crimen de Luis Roberto Marambio Smith —un hombre dependiente asesinado en Antofagasta el 2008 por su madre y su hermano médico tras medio siglo de cuidados sin apoyo alguno— no puede comprenderse sino como expresión de un vacío estructural: la absoluta inexistencia de un sistema público de protección para personas no autovalentes en Chile. En efecto, “Robertito” a los pocos días de nacer en 1958, contrajo una meningitis y desde entonces se convirtió en un sujeto dependiente de su madre en todo sentido. Su progenitora debía mudarlo, bañarlo y darle de comer a diario como si fuera una guagua. El atroz parricidio, muestra con crudeza que, en un país que delega todo el peso del cuidado en las familias, la dependencia no se traduce en solidaridad ni en soporte social, sino en encierro, desgaste y, finalmente, en desesperación criminal.
El caso adquiere mayor dramatismo cuando se lo vincula con otro fenómeno extendido y documentado: el maltrato infantil. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social y de la Defensoría de la Niñez, más del 70% de los niños y niñas declara haber sufrido algún tipo de violencia —física, psicológica o sexual— en su vida. Chile, en este aspecto, figura entre los países de la región con cifras más alarmantes, lo que evidencia que la desprotección no comienza en la vejez ni en la enfermedad, sino en la infancia misma. En otras palabras, lo que se observa en la tragedia de Luis Roberto es la continuación, hasta la adultez, de un patrón de abandono estructural: primero se golpea o se humilla al niño, después se lo deja sin apoyo si enferma, y finalmente se lo abandona a la suerte de familias fracturadas y sin recursos.
La conjura entre madre e hijo para dar muerte a Luis Roberto fue una salida macabra a un agotamiento acumulado durante décadas. Evelyn Smith había quedado sola desde 1975, encerrada en una rutina inhumana de cuidados que el Estado nunca asumió. El crimen —según confesión de la madre— fue perpetrado por la madre Evelyn Smith y el hermano médico de la víctima Juan Andrés Marambio. El mismo tuvo lugar en una colina desértica llamada La Negra, en Antofagasta, lugar al que la víctima de 58 años llegó sedado, recostado en una tumba y finalmente asesinado de un balazo en la cabeza. El crimen no fue un impulso irracional, sino la consecuencia trágica de un sistema que obliga a los individuos a resolver en privado lo que debería ser una responsabilidad pública y colectiva. La media prescripción judicial que hoy los mantiene en libertad no hace más que reforzar esta normalización: no hay justicia porque, en el fondo, nunca hubo reconocimiento social de la existencia de “Robertito” como sujeto de derechos.
El trasfondo es claro: Chile combina una de las caídas de natalidad más abruptas del planeta con una tasa creciente de enfermedades mentales ligadas a la alienación capitalista urbana. Menos nacimientos, más adultos mayores dependientes, y al mismo tiempo un cuadro devastador de violencia sistemática contra la niñez. Esta triple crisis —demográfica, mental y social— está atravesada por un mismo factor: la ausencia de un sistema de cuidados universales que garantice dignidad a quienes no pueden defenderse ni sostenerse por sí mismos.
La tragedia de “Robertito” es, así, una metáfora de la miseria social: un país que maltrata a sus niños, abandona a sus enfermos y expone a sus mayores a la soledad absoluta. La violencia intrafamiliar y los homicidios de dependientes no son anomalías, sino la cara visible de una sociedad descompuesta que, sin un sistema público de protección, convierte el cuidado en una carga insoportable y deja que el crimen ocupe el lugar que debería tener la solidaridad organizada.