El Gobierno está por enviar un nuevo proyecto de ley sobre reforma al sistema de pensiones. En general, la idea consiste en incrementar el aporte individual en un 4 por ciento, además de aumentar los subsidios del Estado ante la imposibilidad de que las AFPs den mejores jubilaciones, a través del aumento del pilar solidario en un 42 por ciento, además del denominado bono clase media y un seguro de dependencia
Ante este nuevo escenario, el investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez, indicó que más que solucionar la crisis de las precarias jubilaciones, la medida del gobierno no hace más que instalar más trabas y candados para que ninguna reforma pensada contra el sistema de capitalización individual pueda ser discutida en el legislativo.
“Cada vez se colocan más candados al actual sistema de pensiones. Lo que hoy día propone el gobierno simplemente no es solución, ya que, si continuamos subiendo el monto de la cotización, pero seguimos enfrentando bajas rentabilidades, continuamos expuestos al alto riesgo, con más del 40 por ciento de nuestros fondos invertidos en el extranjero, entonces es muy difícil que ese aumento de aporte individual a las AFP, más las bajas rentabilidades, pueda generar mejores jubilaciones”, afirmó.
Gálvez recalcó que la reforma del gobierno no dará mejores pensiones, sino que solo aumentará los montos acumulados para que las administradoras lo inviertan en el área bursátil, principalmente en el mercado de valores de los Estados Unidos.
“Perpetuar el sistema es el objetivo que se busca cuando se observa que la industria de las AFP ya no es de la importancia ni interés del empresariado local, es decir, menos del 20 por ciento de todos los fondos de pensiones se invierte en el país, ya que la mayoría es de propiedad de compañías de seguro con bases en Estados Unidos. Acá existe una estrategia en la cual se olvidó el objetivo de la seguridad social, que es financiar a las personas durante su vejez y se dio paso a un mercado especulativo de inversión que financia la actividad de estos grandes grupos económicos”, subrayó.
Pese a los intentos por socavar el movimiento No más AFP, la coordinadora impulsa una iniciativa popular con el fin de instalar en el Congreso un proyecto de ley que modifique estructuralmente el actual sistema de pensiones.
El investigador de la Fundación Sol precisó que, en una primera etapa, se está discutiendo, a través de cabildos, reuniones vecinales, una propuesta denominada Iniciativa Popular de Ley, que posteriormente será presentada ante legisladores, especialmente del Frente Amplio, quienes se encargarán de establecer el lazo entre la ciudadanía y el Congreso Nacional para debatir la propuesta.
“Distintos parlamentarios, principalmente vinculados al Frente Amplio, plantearon durante su campaña su adhesión al movimiento No más AFP, entonces hoy deben ir cumpliendo en coherencia con los temas que manifestaron al ser electos. Por eso la importancia de lo que se está construyendo ahora como un propio mecanismo de presión hacia otros parlamentarios que no se comprometieron desde un inicio”, argumentó.
Recientement,e desde la Asociación de AFP, propusieron que se devuelvan los ahorros a las personas que se jubilen con menos de cinco años de cotización. Al menos 60 mil personas serían las que entrarían dentro de la medida planteada por las aseguradoras, ya que en la práctica su pensión no superaría los 10 mil pesos.
Desde la Coordinadora No más AFP indicaron que ya las empresas comienzan a reconocer que no podrán pagar pensiones dignas a la mayoría de los chilenos.
Trabajadores a Honorarios
En paralelo al proyecto de ley sobre pensiones, el Ejecutivo elabora una normativa que busca agregarle gradualidad a la obligación de cotizar de los trabajadores independientes.
A principios de año, los trabajadores que emiten boletas de honorarios están obligados a cotizar el 10 por ciento de su renta imponible para su pensión, 7 por ciento para salud, 1,41 por ciento para el seguro de invalidez y sobrevivencia, y un 0,95 por ciento para la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Es decir, casi por el 20 por ciento de su sueldo. De no hacerlo, se les descontaría en su declaración de impuestos en la Operación Renta 2019.
La propuesta del Ejecutivo busca aplicar gradualidad a esta cotización, de seis a ocho años, para que no haya un gran impacto en los salarios.
Sin embargo, existen diferencias entre parlamentarios, además la rotunda oposición que han manifestado diversas organizaciones gremiales, a través de la Unión de Trabajadores y Trabajadores a Honorarios del Estado (UTTHE).
(tomado de Werken Rojo)