por Alejandro Valenzuela Torres
El gobierno de José Antonio Kast ha celebrado con entusiasmo el ingreso de más de US$22.000 millones en proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) durante sus primeros dos meses de mandato. La prensa económica y los voceros empresariales, como La Tercera, presentan estas cifras como prueba de “confianza”, “certeza jurídica” y “reactivación económica”. Sin embargo, bajo esa retórica triunfalista se oculta una realidad mucho más profunda: lejos de representar un proceso de desarrollo productivo nacional, esta oleada de inversiones expresa la profundización del sometimiento estructural de Chile al gran capital imperialista y a la lógica extractiva de la megaminería.
La propia composición de las inversiones revela el carácter del fenómeno. No se trata de un impulso industrial destinado a diversificar la economía chilena, desarrollar tecnología nacional o fortalecer capacidades productivas autónomas. Por el contrario, los proyectos que encabezan el ranking corresponden precisamente a los enclaves clásicos del capitalismo dependiente: expansión minera, explotación de litio, obras energéticas asociadas a la exportación de materias primas y procesos de concentración extractiva.
Los nombres son conocidos: Minera El Abra, Minera Escondida, Albemarle. Todos ligados directa o indirectamente a gigantes transnacionales cuya lógica no es el desarrollo del país sino la maximización de la renta minera y la apropiación privada de recursos estratégicos. La minería chilena continúa funcionando bajo el mismo patrón histórico inaugurado en el siglo XIX: exportación de naturaleza, subordinación financiera y dependencia tecnológica.
El discurso oficial insiste en que estas inversiones representarían “crecimiento económico”. Pero el concepto mismo de crecimiento, utilizado abstractamente, oculta la pregunta decisiva: ¿crecimiento para quién? La experiencia histórica chilena demuestra que los ciclos de expansión minera jamás se han traducido en una transformación estructural favorable para la mayoría social. El cobre enriqueció a las grandes compañías extranjeras durante décadas mientras las ciudades obreras del norte acumulaban pobreza, contaminación y precarización laboral.
Lo verdaderamente significativo del momento actual no es simplemente el volumen de capital ingresado al SEIA, sino las condiciones políticas y jurídicas que el gobierno de Kast está dispuesto a garantizar para atraerlo. Allí aparece el elemento central: la modificación de la estructura tributaria y el reforzamiento de la llamada “invariabilidad” o estabilidad para las grandes empresas.
La “seguridad jurídica” celebrada por ministros, estudios de abogados y ejecutivos no es otra cosa que la cristalización institucional del dominio del capital sobre el país. Cuando se garantiza estabilidad tributaria a largo plazo para las grandes mineras, lo que se consolida es la incapacidad futura del propio Estado para alterar las condiciones de apropiación de la riqueza nacional. Se trata de una verdadera hipoteca política sobre generaciones enteras.
El capital imperialista exige precisamente eso: previsibilidad absoluta para la extracción de ganancias. No invierte para integrarse armónicamente al desarrollo nacional, sino para asegurar condiciones permanentes de valorización. La llamada “certeza jurídica” es, en realidad, la subordinación jurídica del país a los intereses estratégicos de las corporaciones transnacionales.
En este contexto, la aceleración de la tramitación ambiental adquiere un significado político particularmente grave. La reducción de plazos y la obsesión gubernamental por “agilizar” procesos ambientales expresan una presión sistemática para remover obstáculos regulatorios al gran capital. La discusión pública se limita a si aumentará o no la judicialización, pero evita deliberadamente la cuestión de fondo: el carácter antidemocrático de un modelo donde las comunidades locales, los trabajadores y la población afectada quedan subordinados a decisiones tomadas en función de la rentabilidad corporativa.
La megaminería contemporánea no puede separarse de la estructura imperialista de la economía mundial. El litio chileno, el cobre del norte y los recursos estratégicos del país forman parte de cadenas globales controladas por conglomerados financieros y tecnológicos internacionales. Chile no decide soberanamente el destino de esos recursos: los integra subordinadamente al mercado mundial bajo condiciones fijadas por el capital financiero internacional.
Por eso resulta ilusorio presentar estas inversiones como un triunfo nacional. Lo que aumenta no es la independencia económica del país, sino su especialización dependiente como proveedor de materias primas estratégicas para las potencias y corporaciones globales. Mientras más se profundiza este modelo, más vulnerable queda Chile frente a las fluctuaciones internacionales, la caída de precios, la presión financiera y la subordinación tecnológica.
Tampoco existe evidencia seria de que estos gigantescos montos impliquen una mejora sustancial para la clase trabajadora. La megaminería moderna opera con altos niveles de automatización, subcontratación y flexibilización laboral. Genera enormes ganancias, pero relativamente poco empleo directo. El resultado concreto suele ser el mismo: concentración de riqueza, aumento del costo de vida en zonas mineras, deterioro ambiental y expansión de formas precarias de trabajo.
La contradicción es brutal: mientras se anuncian inversiones históricas, los salarios reales permanecen estancados, la vivienda continúa siendo inaccesible para amplios sectores populares y los servicios públicos siguen deteriorándose. La riqueza minera no se traduce en bienestar colectivo porque su lógica no está orientada a satisfacer necesidades sociales, sino a alimentar la acumulación privada de capital.
El gobierno de Kast aparece así como un administrador particularmente agresivo de los intereses del gran capital internacional. Su programa económico no apunta a transformar la estructura dependiente del país, sino a profundizarla mediante reducción regulatoria, estabilidad tributaria para las empresas y aceleración de proyectos extractivos. La llamada “reactivación” es, en realidad, una nueva ofensiva del capital imperialista sobre los recursos naturales y el trabajo social chileno.
La historia latinoamericana enseña que las inversiones extranjeras nunca han sido neutrales. Constituyen uno de los principales mecanismos de dominio imperialista: subordinan economías enteras, condicionan políticas públicas, moldean estructuras tributarias y disciplinan gobiernos mediante la dependencia financiera y exportadora. Chile no escapa a esa lógica; por el contrario, parece hundirse cada vez más en ella.
Los US$22.000 millones celebrados por el oficialismo no representan entonces una victoria del país, sino una expresión ampliada de su dependencia. No anuncian soberanía económica ni desarrollo nacional, sino una nueva etapa de extracción intensiva de riqueza en beneficio del capital transnacional. Y mientras ello ocurre, la situación material de los trabajadores y del pueblo permanece esencialmente intacta: salarios insuficientes, endeudamiento masivo, precarización y pérdida creciente de control sobre las riquezas fundamentales del país.