por Fernando López Mackenzie
La fuga de Leonardo Bertulazzi de su arresto domiciliario en Buenos Aires ha sido presentada por buena parte de la prensa como una peripecia policial, una historia extraordinaria protagonizada por un antiguo integrante de las Brigadas Rojas que, a los 74 años, consiguió abandonar el departamento donde permanecía detenido a la espera de ser extraditado a Italia. Pero detrás del episodio espectacular existe una cuestión política mucho más profunda: ¿qué sentido tiene que, medio siglo después de los acontecimientos por los cuales fue condenado, un Estado movilice todavía sus aparatos judiciales, policiales y diplomáticos para encerrar durante décadas a un militante septuagenario cuya vida se desarrolló durante más de veinte años bajo la protección jurídica que le otorgó la propia República Argentina?