por Alejandro Valenzuela Torres
La movilización nacional de ayer jueves 1 de octubre dejó planteada una disputa política que excede largamente la discusión presupuestaria que la originó. Mientras decenas de organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales convergieron bajo la consigna “Ni un peso menos para la educación”, y mientras en Santiago la Confech calculó en más de veinte mil los asistentes —Carabineros entregó una estimación bastante menor, de seis mil—, el Gobierno desplazó rápidamente una parte importante de su intervención pública hacia los incidentes ocurridos frente a la Casa Central de la Universidad Católica. Allí, provocadores de Solidaridad UC y del Movimiento Gremial instalaron una contramanifestación contra el paro, con banderas chilenas y un lienzo que proclamaba que no querían “un Chile paralizado”; posteriormente fueron enfrentados e interpelados por algunos manifestantes encapuchados. El episodio fue condenado también por la propia Confech. El Presidente José Antonio Kast, el subsecretario del Interior Máximo Pavez y el delegado presidencial Germán Codina pusieron especial énfasis en esos hechos, y este último anunció que el Gobierno estudiaría la presentación de una querella.
