La jornada de paro nacional convocada por la CONFECH para este 1 de octubre se produce en un momento en que la realidad material del país contradice brutalmente el relato gubernamental sobre crecimiento, empleo y reconstrucción. Nuestra solidaridad con el movimiento estudiantil no se limita a la defensa de determinadas partidas destinadas a educación. La discusión del Presupuesto 2027 plantea una cuestión mucho más profunda: quién soportará el costo de la política económica desarrollada durante estos meses y qué intereses sociales determinarán las prioridades del Estado.
Ayer en la noche, la cadena nacional de José Antonio Kast presentó la austeridad y el control del gasto como principios de responsabilidad fiscal. El proyecto contempla un crecimiento del gasto de apenas 1,5%, en un contexto de fuerte deterioro del mercado laboral. Desde una perspectiva de clase, sin embargo, la restricción presupuestaria no puede analizarse como si hubiera aparecido espontáneamente. Debe relacionarse con las decisiones tributarias y económicas que la precedieron, particularmente con la llamada megarreforma, que reorganizó incentivos y condiciones favorables a la inversión y al capital privado mientras se consolidaba una política de contención del gasto estatal.
El problema adquiere todavía mayor gravedad porque semejante política se desarrolla en medio de una verdadera crisis del trabajo. Los últimos datos oficiales del INE sitúan la desocupación nacional en 9,6%, un punto porcentual por encima del mismo período del año anterior. Los desocupados aumentaron 13%, el número de ocupados cayó 0,9% y los asalariados formales disminuyeron 2,9%. A ello se agrega una tasa de informalidad de 26,3%: más de uno de cada cuatro ocupados trabaja fuera de las condiciones propias del empleo formal. No estamos entonces frente a una discusión presupuestaria abstracta: mientras se restringe el gasto social, aumenta la cesantía, disminuye el empleo formal y una enorme masa de trabajadores permanece en condiciones de precariedad.
Desde esta perspectiva, el Presupuesto 2027 debe analizarse como consecuencia política de la orientación económica que lo precede. La llamada megarreforma ha terminado revelándose como el núcleo efectivo del programa económico del Gobierno. Su versión original contemplaba un costo fiscal neto máximo equivalente al 0,71% del PIB, alrededor de US$3.215 millones, mientras que sólo la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración tributaria fueron estimadas en torno a US$2.410 millones. No se trata de afirmar que cada dólar de ese costo fiscal haya sido entregado materialmente a una empresa, sino de constatar que el Estado decidió resignar miles de millones de dólares de ingresos mediante mecanismos destinados fundamentalmente a mejorar las condiciones tributarias y de acumulación del capital.
Por eso la austeridad que hoy se presenta como una necesidad técnica tiene una historia y un contenido de clase. Primero se reorganizan impuestos, garantías y condiciones regulatorias en favor del gran capital y luego se argumenta que los recursos públicos son insuficientes para educación, salud, vivienda, pensiones y servicios públicos. La contradicción no podría ser más clara: aquello que el Estado deja de percibir en beneficio de la acumulación privada reaparece posteriormente bajo la forma de déficit, disciplina fiscal y exigencia de contención sobre las necesidades sociales.
La reciente declaración de 50 organizaciones de lucha por la vivienda entrega una expresión concreta de esta contradicción. Las organizaciones, que agrupan a miles de familias sin casa, denuncian simultáneamente el recorte del gasto público, la reducción de ingresos fiscales producida por la megarreforma y el uso creciente de recursos estatales para garantizar negocios bancarios e inmobiliarios. Exigen reponer 20.500 subsidios DS49 recortados, asegurar al menos 50.000 subsidios DS49 en el Presupuesto 2027, impedir desalojos sin solución habitacional y rechazar modificaciones que excluyan a sectores del acceso a la vivienda social. Su planteamiento resume con particular precisión una de las contradicciones generales del momento: mientras se invoca austeridad para restringir derechos sociales, continúan operando mecanismos mediante los cuales recursos públicos sostienen la rentabilidad financiera y la especulación inmobiliaria.
Pero la vivienda es sólo una de las formas concretas en que esta orientación se manifiesta. La huelga votada del Sindicato N.º 1 de Farmacias Ahumada expresa en el terreno de la producción la contradicción directa entre capital y trabajo: estabilidad laboral, salarios y reconocimiento del valor generado por los trabajadores frente a las exigencias empresariales de rentabilidad. La movilización estudiantil expresa el mismo problema en el terreno de la educación pública. La cesantía y la informalidad muestran sus consecuencias en el mercado laboral. La presión sobre pensiones, salud y servicios públicos revela su dimensión presupuestaria.
No son, por tanto, conflictos independientes. Educación, trabajo, vivienda, pensiones y servicios públicos están atravesados por una misma cuestión distributiva: qué sectores reciben los recursos de la sociedad y sobre cuáles recaen las restricciones. Cuando los estudiantes defienden el financiamiento de la educación, los trabajadores de Farmacias Ahumada sostienen una huelga por sus condiciones laborales y las organizaciones de pobladores reclaman la restitución de subsidios habitacionales, distintos sectores sociales están cuestionando desde lugares diferentes las consecuencias de una misma orientación económica.
La gravedad de este cuadro se comprende mejor cuando se contrasta con la promesa oficial de que la megarreforma permitiría acelerar la inversión, el crecimiento y el empleo. El resultado inmediato, sin embargo, es una economía con 9,6% de desocupación, informalidad del 26,3%, caída del empleo asalariado formal y una presión creciente para restringir el gasto social. Esta combinación revela que el costo de la reorganización económica no está siendo absorbido por quienes fueron beneficiados por ella, sino trasladado hacia las condiciones de vida de la clase trabajadora.
A este cuadro interno se agrega la orientación internacional del Gobierno. La adhesión de Chile al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos, articula materias de seguridad, inversiones, minerales críticos, infraestructura digital y coordinación económica. El Gobierno sostiene que esta participación no compromete la soberanía del país. Esta subordinación estratégica de rasgos coloniales, impulsada por Kast, implica insertar recursos, infraestructura y decisiones fundamentales de Chile dentro de una arquitectura hemisférica dirigida desde Washington.
Megarreforma, austeridad presupuestaria y alineamiento internacional no aparecen entonces como fenómenos desconectados. Expresan una orientación general del Estado: mejores condiciones para la acumulación privada, disciplina fiscal sobre las necesidades sociales y una inserción internacional crecientemente subordinada a los intereses estratégicos del imperialismo.
En este cuadro adquiere especial importancia el paro convocado por la CONFECH. Su significación puede superar ampliamente los límites de una movilización educacional si logra conectarse con el problema general del empleo, los salarios, la vivienda, las pensiones y los servicios públicos. La solidaridad con los trabajadores de Farmacias Ahumada y con las organizaciones de pobladores no constituye un agregado externo al paro estudiantil: expresa la necesidad de reconocer que estos conflictos poseen una raíz material común.
La cesantía del 9,6%, la informalidad del 26,3%, la caída del empleo asalariado formal, los miles de millones de dólares de costo fiscal asociados a la megarreforma y las restricciones que comienzan a hacerse sentir sobre educación, vivienda y servicios públicos describen un cuadro social que no puede responderse desde luchas aisladas.
La cuestión de fondo es reconstruir una política independiente de la clase trabajadora, superar la fragmentación corporativa de las luchas y recuperar la calle como espacio de intervención frente a una orientación económica y política que no puede quedar reducida a acuerdos parlamentarios ni a la administración técnica del presupuesto.
En esa perspectiva entendemos la consigna “Todos contra Kast” como expresión de una oposición social al programa económico, presupuestario e internacional del Gobierno: no como una simple confrontación personal con el Presidente, sino contra el conjunto del régimen capitalista, como la identificación política de una orientación que combina austeridad para los trabajadores, transferencia de recursos y garantías hacia el gran capital y subordinación estratégica al imperialismo estadounidense.
El paro del 1 de octubre puede ser, así, mucho más que una jornada estudiantil. Puede constituir un punto de partida para reconstruir solidaridades, coordinar luchas y abrir una campaña más amplia frente a la cesantía, la precariedad laboral, el deterioro de los salarios, la crisis habitacional, el debilitamiento de los servicios públicos y las consecuencias sociales de una política económica cuyos costos recaen crecientemente sobre la clase trabajadora.
El Porteño, Valparaíso 1° de octubre de 2026