por Alejandro Valenzuela y Alex Lantier/

Hay numerosos informes no confirmados de tropas siendo enviadas a Cataluña y regiones cercanas ante una posible declaración unilateral de independencia esta semana.

Los grupos de poder españoles están discutiendo abiertamente invocar el Artículo 116 de la Constitución del país, preparando el marco para imponer ley marcial.

Según fuentes militares citadas por el periódico derechista OkDiario, se movilizaron fuerzas a Aragón y Valencia, regiones adyacentes a Cataluña. Explica que el Gobierno español estima necesarias alrededor de 30 000 fuerzas de seguridad para tomar control de la región y “establecer el orden constitucional ante los insurrectos”. El periódico indica que esta es, “una cifra que en este momento no podría alcanzarse con la actual dotación en Cataluña: algo más de 8000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil”.

Según el artículo, las divisiones siendo desplegadas incluyen la División Castillejos (antigua Fuerza de Acción Rápida), que consiste en tres brigadas (la aerotransportable, paracaidista y la Legión) con un total de tres mil tropas, junto con el Regimiento de Infantería Acorazada Alcázar de Toledo de 300 tropas y 44 tanques. Además, se reporta que Madrid está movilizando los grupos de Operaciones Especiales de la Armada, análogos a los Navy Seal estadounidenses.

El número de tropas que otras fuentes estiman se encuentra entre 12 000 y 16 000.

La Tribuna de Cartagena señaló que el buque Navarra, escoltado por dos buques antiminas estaba en marcha hacia Barcelona completamente equipado y con tropas y llegaría al puerto de Barcelona el 8 de octubre, un día antes de la previamente programada declaración de independencia por el Parlament de Cataluña. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, los buques están participando en el Show Internacional de Botes de Barcelona.

Al mismo tiempo, la OTAN ha organizado un ensayo de entrenamiento denominado “Ángel Guardián” con seiscientos policías militares de España y otros nueve Estados miembros de la OTAN. Según el sitio web del ejército español, estos ejercicios buscan entrenar a policías militares en la gestión de los puestos de comando durante operaciones y allanamientos, escoltar y proteger a las autoridades, neutralizar personal armado hostil dentro de las instalaciones militares y control de masas.

El artículo 116 involucra el despliegue de militares y permite la suspensión de varios derechos democráticos, incluyendo los derechos a la libre expresión y a la huelga. Además, permite arrestos preventivos. La suspensión de estos derechos armaría al Estado con poderes policiales vastos que el ejército podría utilizar para aterrorizar a toda la clase obrera, como el régimen franquista lo hizo entre 1939 y 1977.

La Asociación de Militares Españoles (AME) publicó una declaración defendiendo el discurso del rey Felipe VI en la que el monarca denunció el referéndum independentista catalán y demandó que el Estado español tomara control de la región. Este documento describe el discurso como “impecable” porque Felipe VI pudo comunicar “de manera clara, concisa, rotunda cuál es la línea a seguir en estos momentos difíciles y complejos”.

La AME le exige al presidente español del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy “la defensa sin fisuras de la unidad de España, su integridad territorial y su soberanía nacional”.

La Unión Europea ha declarado su apoyo a las severas medidas militares siendo preparadas. Durante el debate el miércoles pasado en el Parlamento Europeo, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, declaró que es “un deber de todo Gobierno hacer valer el derecho y a veces esto requiere un uso de fuerza proporcional”.

Lo respaldaron dirigentes de tanto partidos conservadores, como socialdemócratas y liberales.

Las implicaciones de tales comentarios fueron destacadas por el comisionado de la Unión Europea de Alemania, Günter Oettinger, quien advirtió el viernes: “Hay una guerra civil imaginable ahora en el medio de Europa”. Sólo después pidió el siguiente deseo, “Uno sólo puede esperar que pronto se pueda ver una línea de conversación entre Madrid y Barcelona”.

La prensa española está desempeñando su parte en allanarle el camino a una intervención militar. Esto lo ha hecho mediante una campaña para deshumanizar a los nacionalistas catalanes y, en algunos casos, a toda la población catalana. No pasa ni un día en el que la prensa no describe los acontecimientos en Cataluña como una “insurrección”, un “golpe de Estado”, una “rebelión” o una “traición” que tiene que ser aplastada.

Los nacionalistas catalanes son acusados de indoctrinar a niños y enviarlos al frente de las protestas para ser atacados por las fuerzas policiales. La Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes hirieron a ochocientos manifestantes pacíficos el domingo, están siendo retratados como oficiales indefensos y hostigados por protestantes frente a sus hoteles y residencias temporales. Al mismo tiempo, describen a la policía regional, los Mossos d’Esquadra, como traicioneros y desleales. El partido secesionista Esquerra Republicana de Cataluña y el secesionista pseudoizquierdista Candidatura d’Unitat Popular (CUP) están siendo atacados constantemente, con artículos describiéndolos como el “cáncer para la sociedad catalana” (ABC) y pidiendo su “decapitación… y su arrinconamiento en el basurero de la historia” (El Español).

Un lenguaje de tendencia fascista como tal fue empleado en vísperas de una manifestación instigadora el domingo llamada por el PP y la antisecesionista Sociedad Civil Catalana, una organización con vínculos con la extrema derecha. Respaldados tanto por Ciudadanos como por el Partido Socialista, y promovidos ampliamente por la prensa con sede en Madrid, fueron transportados nacionalistas anticatalanes y ultraderechistas de toda España a Barcelona.

El carácter ultraderechista de la demonstración fue reconocido por sus organizadores.

En una entrevista con El Confidencial, Javier Megino, vicepresidente del movimiento D’Espanya i Catalans, aceptó que iban a haber neofascistas y ultraderechistas presentes, como sucedió en una demonstración contra la independencia de Barcelona hace dos semanas. Cuando se le preguntó si generarían violencia, Megino respondió: “cuando juntas a tantas personas, es imposible controlarlos a todos”.

Esta protesta evidentemente no procura representar a la “mayoría silenciosa” de la población catalana que se opone al independentismo, como lo representa la prensa. En cambio, buscan provocar una confrontación entre fuerzas independentistas catalanas y fascistas que el Gobierno buscará explotar para justificar una represión.

El peligro político grave es que la clase trabajadora en España y alrededor del mundo no está siendo movilizada en contra de las medidas represivas siendo alistadas por Madrid.

En este punto de quiebre, los obreros catalanes y españoles tienen que evaluar las fuerzas políticas que dicen defenderlos.

El primer ministro regional, Carles Puigdemont, continúa llamando al diálogo, una opción rechazada por Rajoy, quien lo ha declarado un criminal. El viceprimer ministro, Oriol Junqueras, está preocupado primordialmente con los anuncios de varios bancos y compañías importantes, como el Banco Sabadell, CaixaBank, el gigante energético Gas Natural, Abertis, la firma de biotecnología Oryzom y la corporación de telecomunicaciones Eurona, de que se están yendo de Cataluña por temor ante lo que depare el impulso independentista en el futuro.

La legisladora de la CUP, Eulàlia Reguant, le comentó al diario catalán Nació Digital que su partido está trabajando en un plan para tomar control del territorio catalán, incluyendo puertos y aeropuertos, mediante la aprobación de un proyecto de ley que haga que los 17 000 Mossos “dejen de ser policía de la justicia española”.

El pseudoizquierdista Podemos insiste en sus llamados de diálogo, mientras crean ilusiones en un Gobierno conjunto con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como alternativa para el PP, incluso cuando el PSOE decidió participar en la protesta ultraderechista del domingo y está colaborando con Rajoy en la preparación de una intervención violenta.

Basándose en una denuncia del Partido Socialista de Cataluña, la sección regional del PSOE, el Tribunal Constitucional de España prohibió la sesión del lunes en el Parlament, en el que se esperaba que los partidos secesionistas declararan la independencia unilateralmente.

Después de un cuarto de siglo de guerra imperialista y austeridad de la UE desde que la burocracia estalinista disolviera la Unión Soviética, la democracia europea está en su punto de ruptura. Una década de profunda austeridad desde el crack de Wall Street de 2008, que llevó el desempleo español al 20 por ciento, ha destrozado la economía española y ha desprestigiado a su élite gobernante. En medio de una crisis profunda del régimen post-franquista en España, y mientras la clase gobernante ataca salvajemente los derechos democráticos en diferentes países de Europa, la burguesía española está usando la crisis catalana para volver a un régimen autoritario.

Hay que oponerse a los planes de Madrid para un derramamiento de sangre en Cataluña. La cuestión crítica es la movilización políticamente independiente, revolucionaria, de la clase trabajadora, no solo en Cataluña sino en toda España y en toda Europa, en una lucha contra la amenaza de guerra civil y de dictadura de Estado policial y por el socialismo.

Para ello es necesario romper conscientemente con Podemos y con los nacionalistas catalanes, que han trabajado durante el período precedente para confundir y desarmar a la oposición de la clase trabajadora, a pesar del descontento social explosivo. Mientras las masas de la juventud y de los trabajadores participaron en la huelga de protesta de un día del martes en Cataluña, CCOO y UGT, cercanas a Podemos y al PSOE respectivamente, tuvieron cuidado de no movilizar en absoluto a los trabajadores españoles de fuera de Cataluña.

La crisis catalana ha expuesto en particular la bancarrota de Podemos. Alentó sin parar ilusiones en el PSOE, que rápidamente está pasando a respaldar la represión en Cataluña desde el discurso del rey, exigiendo al PSOE que forme un gobierno conjunto para desbancar a Rajoy. Ante la capitulación del PSOE a Rajoy, Podemos está ahora estimulando ilusiones en el propio PP —aunque se avecine una sangrienta represión militar, y aunque Rajoy indique que no tiene intenciones de negociar con Barcelona.

En cuanto a los nacionalistas catalanes, que han dirigido una serie de gobiernos austeros en Cataluña que aplastó varias huelgas de trabajadores del transporte y del aeropuerto, sus planes reaccionarios de entablar vínculos con la UE y negociar con Madrid la formación de un Estado capitalista catalán están en ruinas.

Ante la posibilidad de represión militar, se informa que el pánico está cundiendo entre los simpatizantes de Puigdemont. Entre los nacionalistas catalanes de Barcelona, el diario de esa ciudad La Vanguardia escribía, “Una fuerte sensación de vértigo recorre toda la sociedad, perforando los entusiasmos militantes, las visiones revolucionarias, las indignaciones mayúsculas, los ardores patrióticos…”. Añadió que “la severidad y la contundencia” del discurso del Rey “han acentuado esa sensación de vértigo: el temor a que la escalada en curso acabe en catástrofe”.

Incapaces de movilizar una más amplia oposición a la represión de Madrid en la clase trabajadora española, y hostiles a ello, la política pro-capitalista de los nacionalistas catalanes solo sirve para dividir a los trabajadores mientras es inminente un ataque sangriento desde Madrid. Está en la hora del día, la clase obrera catalana, apoyándose en el conjunto de la clase obrera española debe desplegar las banderas de la república y el socialismo, únicas divisas bajo las cuales podrá ser derrotarse la conjura burguesa y fascista que encabezan hoy Rajoy y Felipe VI. Los reformistas proburgueses del PSOE y Podemos han dejado a las claras que su política de «diálogo» sólo persigue ganar tiempo para viabilidad la derrota de la causa independentista y salvar a la burguesía española y por su intermedio a la Unión Europea.

A defender la causa catalana, la república y el socialismo.