La semana que termina ha marcado con intensidad las características de la crisis que arrastra el régimen capitalista chileno desde octubre de 2019. La burguesía, incapaz de ofrecer una salida unificada al conflicto, terminó echando una palada sobre el cadáver del Gobierno y la Constitución con la aprobación del proyecto piñerista del 2º retiro del 10% de las cuentas previsionales. De otros lado las masas protagonizaron una semana continua de enfrentamiento callejero en el barrio cívico de Santiago dejando a La Moneda a tiro de cañón de la Primera Línea. Y sin embargo seguimos «en tablas», ni el Gobierno cayó —como sonó fuertemente hasta el lunes— ni se ha materializado un nuevo levantamiento popular. Si esto fuese una pelea de box, los púgiles se siguen «estudiando».
Tras las contundente victoria plebiscitaria del Apruebo, se ha desatado una implacable ofensiva por parte de los partidos del régimen para usurpar tal triunfo popular. El botín que se disputan desde el poder es el acceso a la Convención Constitucional que en la práctica se han encargado de monopolizar. En efecto, a pesar de que la ley 21.216 establece un limitado sistema para levantar listas de independientes, pero lo establece, en la práctica el SERVEL mantiene hasta hoy paralizado el funcionamiento de tal derecho, negándose a distribuir los formularios para iniciar las campañas. Se trata de un incumplimiento gravísimo que anuncian podría extenderse hasta fines de noviembre, con lo que cualquier campaña de recolección de firmas se torna en meramente ilusoria.
El masivo ánimo para botar al basurero de la historia la constitución de Pinochet expresó que detrás del intento del desvío de la rebelión popular -pandemia incluida- las aspiraciones sociales y democráticas siguen vivas. Pensiones y salarios dignos, trabajo, salud, siguen incumplidas y así lo sienten las grandes mayorías.
El panorama electoral, como ocurre con cualquier terreno de la lucha de clases, se presenta complejo, nutrido de un intenso debate en la izquierda y organizaciones de trabajadores, tanto sobre la naturaleza del proceso constituyente, como respecto de la conducta a seguir ante él.
Como ya se ha desarrollado con mayor profundidad en otros artículos, la propagación del coronavirus ha acelerado de manera estrepitosa la crisis capitalista a nivel mundial, convirtiéndose el desempleo, el hambre, los contagiados y los muertos por el virus en los principales flagelos contra los que lucha y se organiza hoy nuestra clase. Así, en este último tiempo, hemos sido testigo de cómo los trabajadores han salido a responder a la crisis y a la política criminal del gobierno con protestas contra el hambre, ollas populares, la rearticulación de las asambleas populares y la lucha en los sindicatos.
En Valparaíso se prepara en estos momentos una nueva jornada de año nuevo. Y como todo en Valparaíso en estos días, lo popular toma el significado de protesta en contra de Piñera, el régimen y sus colaboradores. Ya la Navidad se celebró con caceroleos y este año nuevo -al igual que en la Plaza de la Dignidad en Santiago- nos encuentra con el desafío de acabar desde acá con Piñera y reorganizar el país bajo conducción de los trabajadores, con el poder de las Asambleas Populares y Cabildos.
El 7º Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella presentada por el equipo de abogados de Piñera en contra del dirigente del PTR, Dauno Tótoro. La acción judicial está sustentada en la atribución a éste de un acto inducción a la subversión, penalizado por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Debe decirse que Tótoro se limitó ha expresar, de la misma forma que lo ha hecho quien escribe estas líneas y millones de chilenos en todo el país, la imperiosa necesidad y clamor popular de tumbar al Gobierno patronal y asesino de Piñera. Coherente con este hecho, el juez de Garantía se limitó a constatar que la conducta descrita en la querella no era delictiva, sino que el simple ejercicio del derecho constitucional a exteriorizar la crítica política y en este caso, la necesidad de que Piñera abandone La Moneda, como condición necesaria para la satisfacción de los reclamos democráticos y nacionales que han sustentado el levantamiento popular.
Desde la suscripción del Acuerdo Constitucional, los medios de comunicación patronales han tratado de transformar este simple acuerdo entre el piñerismo con la oposición parlamentaria, en el acta de defunción del levantamiento popular. Insisten majaderamente que la crisis terminó y que todo debe canalizarse por las vías institucionales. La Tercera, El Mercurio, El Mostrador, los canales de TV, los periodistas emblemáticos como Daniel Matamala y Mirna Schindler, al unísono repiten -como un mantra- la misma especie: ahora serán las instituciones y no la violencia las que permitirán recomponer la convivencia nacional. Lo repiten al unísono no porque lo crean, sino porque el terror que atraviesa a la burguesía los obliga a declamar cualquier cosa con tal de sacar a la gente de las calles. Por eso institucionalizar es ahogar el movimiento y abrir paso a la represión para preservar el orden social capitalista cimentado en la gran propiedad privada de los medios de producción.
El levantamiento popular que vivimos desde el 18 de octubre en adelante, abrió un punto de inflexión. El régimen social, político y económico, que hasta hace tres semanas parecía sólido y permitía decir a Sebastián Piñera en la prensa que Chile era un Oasis de tranquilidad en una América Latina convulsionada. Es ese régimen el que está herido de muerte, no solamente el gobierno de Piñera.
Desde primeras horas de la mañana de hoy comenzó a circular una carta en la que aparentemente los presidentes de Revolución Democrática, Comunes, Convergencia Social, Partido Liberal y Humanista invitan al flamante Ministro de Interior -Gonzalo Blumel-a una reunión, mañana 31, a las 9:00, en un lugar que no precisan. Durante la jornada no han sido pocas las voces dentro del Frente Amplio que han desautorizado esta iniciativa, pero resulta indudable que tal llamado existió y que el mismo es coherente con el llamado de las autoridades de Gobierno para dar inicio a un «diálogo social».
