Desde el 9 de julio la democracia patronal chilena, como forma de gobierno de la burguesía, está sometida a una severa prueba de fuego. De un lado la clase dominante se encuentra dividida sobre la política económica para enfrentar la pandemia y la inminente depresión; del otro, la clase trabajadora comienza a volver a las calles a expresar políticamente su descontento, empujada a sus lugares de vivienda por el Estado de Emergencia y un brutal derrumbe del empleo como no se conocía en Chile desde la crisis del salitre, hace más de 100 años.
Incluso, en el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, la mitad recibió una pensión menor a $246 mil, valor inferior al Salario Mínimo.
El Sistema de Pensiones se ha transformado en uno de los principales problemas para el sistema político chileno. Al comenzar el siglo XXI y luego de cumplirse 20 años de funcionamiento del sistema de AFP, los gobiernos de turno comenzaron a realizar algunas reformas paramétricas (creación de los Multifondos el 2002) y asistenciales (creación del Pilar Solidario el 2008). Además, se ha convocado a dos comisiones asesoras presidenciales para proponer reformas (lideradas por Mario Marcel en el primer gobierno de Bachelet y David Bravo en su segunda administración); y luego de varias marchas masivas bajo el llamado NO+AFP, convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, a partir de 2016 se presentaron proyectos de ley para intentar hacer frente a una exigencia material que sobrepasa las convicciones y los particulares ritmos de las coaliciones políticas que han gobernado Chile desde 1990.
El Sistema de Pensiones se ha transformado en uno de los principales problemas para el sistema político chileno. Al comenzar el siglo XXI y luego de cumplirse 20 años de funcionamiento del sistema de AFP, los gobiernos de turno comenzaron a realizar algunas reformas paramétricas (creación de los Multifondos el 2002) y asistenciales (creación del Pilar Solidario el 2008). Además, se ha convocado a dos comisiones asesoras presidenciales para proponer reformas (lideradas por Mario Marcel en el primer gobierno de Bachelet y David Bravo en su segunda administración); y luego de varias marchas masivas bajo el llamado NO+AFP, convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, a partir de 2016 se presentaron proyectos de ley para intentar hacer frente a una exigencia material que sobrepasa las convicciones y los particulares ritmos de las coaliciones políticas que han gobernado Chile desde 1990.
El año clave para la segunda administración de Sebastián Piñera ya comenzó y promete poner en juego parte importante del legado que pretende heredar el presidente. El corazón del programa que llevó al gobierno a Piñera será puesto a prueba en el Congreso, a través de reformas económicas y sociales relevantes. Una de ellas es la del sistema de pensiones, tema que ha generado debate en nuestro país en los últimos años.
