Indudablemente, tanto el plebiscito sobre la Constitución, como las posteriores elecciones de constituyentes, son un subproducto del alzamiento popular de octubre de 2019. Aquella rebelión que hizo crujir el régimen pinochetista de Piñera y de los partidos que conforman la Concertación, un año y medio después, conserva plena vigencia en la realidad chilena.
El próximo 15 de noviembre se cumplirá un año del funesto acuerdo que impedirá –pese al plebiscito- que tengamos una Asamblea Constituyente que, de modo libre y soberano, se dote de su propio reglamento y que apruebe mayoritariamente un nuevo texto constitucional para Chile. En efecto, al imponerle de modo antidemocrático e inmodificable un quórum de dos tercios, aquel acuerdo –refrendado en diciembre pasado por una Reforma Constitucional- está haciendo imposible lo anterior.