Queman las comunidades Mapuche en la Araucanía, el Wallmapu mapuche. Frente a estos hechos la responsabilidad del gobierno chileno y de las grandes empresas forestales se esconde, siendo los intereses económicos de las transnacionales mucho más importante que la condición humana de un pueblo indígena.
Muy controvertido el lío jurídico que detiene en la oscuridad de las cárceles de Santiago de Chile a Matías Rojas y Alejandro Carvajal. Condenados, absueltos, y luego llevados de nuevo a juicio, la historia de esos jóvenes parece digna de las historias del libro de Lewis Carroll, “Alicia en el País de las Maravillas”. Desafortunadamente, Chile no es el País de las Maravillas, y las injusticias y los abusos que viven esos jóvenes son bien reales.
Varios expertos en derechos humanos de la ONU[1] instaron al Vaticano a tomar todas las medidas necesarias para detener y prevenir la recurrencia de la violencia y el abuso sexual contra los niños en las instituciones católicas, y garantizar que los responsables sean condenados.
Hablar de prisioneros políticos parece temática de guerras, lejanas a los desafíos tecnológicos del siglo XXI, parece hacer parte de los cuentos de esos migrantes que nos llegan por tierra y por mar, desde mundos lejanos, demasiados lejanos para imaginar que esta realidad pueda pertenecer a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestra familia. Y, sin embargo, los prisioneros políticos siguen siendo una realidad brutal de este “mundo tecnológico globalizado”.
Los expertos en derechos humanos de la ONU denunciaron que la muerte de la abogada turca de derechos humanos Ebru Timtik, después de una larga huelga de hambre, fue totalmente prevenible, y piden a Turquía que libere a otros defensores de derechos humanos.