En el marco del segundo aniversario del estallido social en Chile, Amnistía Internacional ha presentado a la Fiscalía Nacional un informe que recopila estándares internacionales sobre la responsabilidad penal de los mandos de Carabineros, en el contexto de los crímenes cometidos durante la respuesta a las protestas.
por Claudio Nash
El 10 de diciembre de 1948 se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos y, con ello, se consagró uno de los principales avances civilizatorios para la humanidad: el poder del Estado tiene límites infranqueables y la comunidad internacional se comprometía a su protección. A partir de esa fecha se desarrollaron diversos sistemas de protección internacional a nivel de Naciones Unidas (ONU) y regionales (Europa, América, África). Esta fecha y la protección internacional cobran especial relevancia para Chile hoy. La crisis de derechos humanos que vive Chile desde el 18 de octubre ha activado todos los sistemas de protección internacional de derechos. En una columna anterior, analizamos los informes que han emitido los principales organismos del movimiento mundial de derechos humanos (Amnistía Internacional -AI- y Human Rights Watch -HRW-).
Una de las organizaciones que ha seguido de cerca los hechos de violencia ocurridos en Chile tras el estallido social es Amnistía Internacional. Esto, para velar por los derechos humanos de las personas que se manifiestan. Y este jueves, entregaron las conclusiones del informe que realizaron tras un trabajo de investigación que los llevó a recorrer varias ciudades del país.