La intervención del historiador Sergio Grez en el Primer Plenario Laboral de Antofagasta, realizado el pasado 26 de agosto, tuvo un mérito que conviene destacar desde el comienzo: uno de los historiadores más importantes del movimiento popular y obrero chileno decidió hablar de la historia desde dentro de su objeto de estudio, asumiendo sin ambigüedades un compromiso de clase. No se trata de confundir investigación histórica con propaganda ni de sustituir el rigor documental por consignas. Se trata, precisamente, de reconocer aquello que buena parte de la academia contemporánea procura ocultar bajo el fetiche de una supuesta neutralidad: que la historia de los trabajadores es la historia de una sociedad dividida en clases y que estudiarla significa necesariamente enfrentarse al problema de la explotación, la propiedad y el poder. Grez lo formula de manera directa cuando recuerda que los sindicatos, correctamente concebidos, son «organizaciones de lucha de clases». No constituye una declaración retórica. Es la conclusión que extrae de la propia formación histórica del proletariado chileno: los trabajadores avanzaron desde las organizaciones de socorro mutuo hacia organizaciones específicamente sindicales cuando comprendieron que el problema ya no podía resolverse únicamente mediante la solidaridad entre explotados, porque su raíz estaba en la posesión de los medios de producción y en el poder social de la clase capitalista.
Esa reconstrucción histórica conduce directamente al presente. La derrota de 1973 no aparece en la exposición de Grez simplemente como la caída de un gobierno, sino como una derrota estratégica de la clase trabajadora, deliberadamente perseguida por la contrarrevolución para modificar las relaciones de fuerza sociales y asegurar una reorganización capitalista que sobreviviría largamente a Pinochet. El Plan Laboral, la atomización sindical, la negociación encerrada en los límites de la empresa y el debilitamiento de la huelga fueron instrumentos de esa operación. Pero Grez introduce una conclusión todavía más incómoda: la salida pactada de la dictadura no desmontó ese dispositivo, sino que permitió su consolidación y legitimación bajo los gobiernos civiles. De allí surgió un sindicalismo crecientemente integrado a las mesas de diálogo, dependiente de los partidos del régimen y reducido demasiadas veces a administrar los estrechos márgenes que la institucionalidad concede al conflicto entre capital y trabajo. En palabras de Grez, terminó predominando un «sindicalismo de colaboración de clases», precisamente cuando la burguesía jamás abandonó su propia conciencia de clase. La contradicción es brutal: mientras la CPC, la SOFOFA y las organizaciones empresariales actúan disciplinadamente en defensa de sus intereses históricos, a los trabajadores se les ha enseñado durante décadas que hablar de clase, independencia política o lucha de clases sería un anacronismo.