Las áreas de inteligencia de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y Carabineros de Chile realizaron tareas de espionaje sobre Santiago Maldonado, su familia y miembros de la comunidad mapuche de manera coordinada. El joven anarquista fue considerado “un blanco” por ambas fuerzas, es decir un objetivo como posible miembro de la RAM. También se recopiló información de “argentinos vinculados a la causa mapuche”. La orden la dio directamente Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, quien envió al comandante mayor Jorge Domínguez, director de Inteligencia Criminal y al comandante Rafael Antonio Benz, jefe del Centro de Análisis de Inteligencia, ambos de GNA, a Esquel y Temuco –corazón de la Araucanía- para “la producción de información (espionaje) que nuestra ley en la materia prohíbe”, sostuvo a este periodista Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS.
Santiago Maldonado
¿Dónde está Santiago Maldonado?
por Eduardo Giordano//
Argentina vive una involución en cuestiones de derechos humanos desde que asumió el gobierno del presidente Mauricio Macri, en diciembre de 2015.[1]Es el caso de la dirigente social indígena Milagro Sala, diputada electa del Parlamento del Mercosur, presa desde hace 20 meses de manera “preventiva” en la provincia de Jujuy, sin condena alguna en este sentido y sin siquiera estar procesada, pero en cambio proscrita para ejercer la política. Este no es un caso aislado, ya que otras comunidades indígenas están siendo hostigadas por el gobierno neoliberal de Cambiemos en defensa de los terratenientes, reprimiendo brutalmente sus protestas y deteniendo a sus dirigentes, como es el caso de los mapuches en la Patagonia, enfrentados por su derecho a la tierra con la multinacional Benetton, entre otros latifundios que ocupan sus tierras ancestrales. En lugar de atender sus reclamos, el gobierno reprime y criminaliza a los dirigentes de los pueblos indígenas que luchan por derechos legítimos, tales como la tierra o los cursos y espejos de agua, que a menudo ocupan esos latifundios impidiendo el acceso público, o que son puestos en peligro por las políticas extractivistas de las multinacionales mineras y petroleras.