por Alejandro Valenzuela Torres
La reciente toma de control de Telefónica Chile por parte de Millicom, acompañada de una ola inmediata de entre 700 y 1.000 despidos en la empresa que comercializa la marca Movistar, constituye una prueba empírica de de que el capital extranjero viene a Chile a saquear a los trabajadores en un país ocupado políticamente por sus operadores. En cuestión de días, una infraestructura estratégica que fue construida durante décadas como servicio público —la antigua CTC, Compañía de Teléfonos de Chile— volvió a cambiar de manos, ahora no ya entre Estados y conglomerados industriales, sino entre holdings financieros cuya racionalidad no es la expansión productiva sino la optimización del balance.
