por Valeria Menéndez
La detención de estudiantes de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, acusados de participar en la agresión contra la ministra Ximena Lincolao, ha sido presentada por la prensa oficial —con La Tercera a la cabeza— como un caso policial más, reducido a la tipificación penal de “atentado contra la autoridad”. Sin embargo, bajo esa superficie jurídica aparentemente neutra, se despliega una operación política de mayor alcance: la delimitación coercitiva del campo de la protesta social en un momento de creciente tensión entre el gobierno y amplios sectores de la juventud y los trabajadores.
