por Martín Mosquera
En Bolivia, un gobierno reformista de base indígena y campesina, que pareció poner término en 2006 a la dominación histórica de una minoría racista blanca-mestiza, fue derrocado por un golpe de Estado contrarrevolucionario. La base social del golpe está arraigada en las viejas castas desplazadas y es hegemonizada por sectores proto-fascistas. Los golpistas festejaron quemando whipalas en las calles (bandera que representa a las nacionalidades originarias) y se jactaron de haber derrotado al comunismo. Los testimonios que siguieron al golpe son inquietantes: asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones masivas (inclusive a niños y niñas), persecuciones y quema de viviendas 1/. Una estremecedora demostración de barbarie revanchista y racista. A diferencia de los golpes blandos o parlamentarios que hemos visto durante el último periodo latinoamericano, en este caso asistimos más bien a un golpe tradicional, dispuesto a institucionalizar métodos de guerra civil para intentar quebrar la base de masas del anterior gobierno y la larga tradición combativa e insurreccional del pueblo boliviano.
