por Juan de Dios Abarca
La figura del lautarista Ariel Antonioletti, primer ejecutado político en democracia, constituye una herida abierta que desmiente de raíz la narrativa edulcorada de la “transición ejemplar”. Su muerte no fue un accidente: fue el signo inaugural de un régimen que, bajo el ropaje civil y el discurso del consenso, prolongó los dispositivos de la represión dictatorial y los dotó de una nueva legitimidad. Con Aylwin, y bajo la administración política de la Oficina dirigida por Marcelo Schilling y Jorge Burgos, el Estado democrático inició un ciclo de violencia sistemática que dejó 33 muertos, siete de ellos militantes del FPMR, y más de 150 apresados de esa organización, en una gigantesca operación contrainsurgente destinada no solo a neutralizar a la insurgencia sino a disciplinar la memoria y clausurar toda posibilidad de justicia histórica.
