El resultado sorprendió a todas y todos. Ni las encuestas más pro rechazo daban un resultado tan contundente. Con más del 98% de las mesas escrutadas, el rechazo alcanzó un 61,9% de los votos versus un 38,1% del apruebo. En la mayoría de las comunas de Chile ganó el rechazo. En varias de la Región Metropolitana que en la segunda vuelta presidencial le habían dado una paliza a Kast, hoy votaron por el rechazo.
Tras 100 días de estado de excepción y militarización en el wallmapu, con presos políticos mapuche en huelga de hambre, el gobierno de Boric, al estilo de los partidos de los 30 años, arremete contra Hector Llaitul, detención que se enmarca en los dichos del dirigente contra las empresas forestales y contra el gobierno, demandando la devolución de las tierras ancestrales que se encuentran ocupadas por empresas forestales privadas, y que producto de la nula respuesta por parte del Estado y sus instituciones como CONADI, han llevado a que comunidades inicien procesos de recuperación y control territorial, afectando el monopolio forestal y latifundista.
Los partidos de Apruebo Dignidad y la ex Concertación firmaron el compromiso de garantizar un sistema de pensiones mixto, donde seguirán existiendo las AFP; prometieron reponer el estado de emergencia para sacar a los militares en caso de “grave alteración de la seguridad pública”; proteger el negocio de las clínicas privadas; limitar la justicia y consentimiento indígena, reforzar aún más el derecho de propiedad y modificar algunos puntos del sistema político.
A poco más de cuatro meses de asumido el gobierno de Boric, las ilusiones que generó su llegada en amplios sectores chocan con la realidad. Vivimos una situación internacional convulsa: inflación y crisis económica que golpea fuertemente a las familias trabajadores. Frente al alza del costo de la vida y del dólar, el gobierno entrega un bono invierno miserable mientras miles de millones de dólares van a los bolsillos de especuladores, banqueros y empresarios, a la vez que profundizan una agenda represiva con la aprobación de la ley de Infraestructura crítica, proyecto de la agenda securitaria del gobierno de Piñera.
Desde el 18 de octubre del 2019, la clase trabajadora y el pueblo, junto a la juventud, mujeres y las naciones oprimidas, se expresaron con la clara perspectiva de terminar con el Chile de los 30 años. Con ese levantamiento, con asambleas, con millones movilizados en las calles y con la primera línea, se abrió un proceso que cuestionó los pilares de las herencias de la dictadura.