por Felipe Portales
Toda auténtica democracia requiere de gobierno y oposición elegidos por el pueblo. El primero, conduciendo el Poder Ejecutivo; y el segundo, manteniendo un permanente ojo avizor de las políticas que se desarrollan en función del mejor logro del interés público y fiscalizando los errores e incluso eventuales corrupciones y violaciones de derechos humanos que se produzcan. Desgraciadamente, desde 1990, en nuestro país se ha producido una inédita confluencia entre gobierno y oposición que se estructuró gráficamente en la “política de los consensos”, sobre la base práctica de la consolidación del modelo neoliberal impuesto por la dictadura; incluyendo las cuestionadas privatizaciones efectuadas en su período final; el Plan Laboral; las AFP; las Isapres; la ley minera; la LOCE-LGE; las universidades privadas con fines de lucro; el sistema de elusión tributaria; la minimización del poder de sindicatos, juntas de vecinos, cooperativas y colegios profesionales; etc.