por Javier Calzada
Hace algunas semanas, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió a las denuncias que vinculan a militantes del Partido Socialista (PS) con narcotraficantes en la comuna de San Ramón, municipio de la zona sur metropolitana. Sus palabras generaron polémica y el congelamiento de las relaciones entre el gobierno y el PS, cuyos parlamentarios se negaron a recibir a autoridades del Ejecutivo en las comisiones legislativas. Como ocurre habitualmente, la prensa le ha dado más importancia a estas escaramuzas políticas menores, a este quiebre de nivel colegial entre la Moneda y el Partido Socialista, que al verdadero y gravísimo problema que subyace detrás de estas denuncias sobre lo que ocurre en San Ramón: el refichaje ilegítimo de los partidos y, por consiguiente, la ilegitimidad del sistema político chileno.