por Valeria Menéndez
La escena que hoy se despliega en el Séptimo Juzgado de Garantía, donde se discute la prisión preventiva de los abogados acusados de cohecho en beneficio de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, no es simplemente un episodio aislado de descomposición judicial. Es un síntoma, una ventana despejada hacia la estructura real del poder en Chile y hacia el carácter de clase que define a la justicia burguesa. La jueza que debe resolver este punto, Patricia Michelle Ibacache Toledo, aparece en el centro de esta trama cargada de intereses, favores y vínculos con las esferas más altas del Poder Judicial. Y su propio historial confirma un patrón de conducta que no es producto del azar ni de simples errores técnicos, sino la expresión rutinaria de la función que cumplen los tribunales dentro del régimen.