Tras el conocimiento público de que el Ministerio Público bajo la dirección del Fiscal Nacional Ángel Valencia había decidido no perseverar en 1509 causas judiciales acerca de violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad durante el estallido y revuelta social bajo el Gobierno de Sebastián Piñera, numerosos actores y organizaciones sociales y derechos humanos han manifestado su repudio a la decisión y apuntado al escenario de impunidad que se vive en el país en relación a la masiva y generalizadas vulneraciones y violaciones de derechos en ese período. Más de 100 organizaciones y personalidades han entregado una carta dirigida directamente al Fiscal Nacional Ángel Valencia, repudiando la decisión y demandando justifica efectiva en estas investigaciones y juicios.
