por Miguel Castells, Pedro Ibarra y Francisco Letamendia
El 3 de diciembre de 1970 se inició en la Capitanía General de Burgos el juicio sumarísimo contra 16 militantes de ETA, con la petición de 6 penas de muerte y más de 750 años de cárcel. El franquismo había decidido convertir la condena en un acto ejemplar de autoafirmación política. Pero las intervenciones de las personas juzgadas y de sus defensas, pusieron patas arriba su estrategia; el día 9 la vista llegó a su fin cuando los juzgados se pusieron en pie, entonaron el himno vasco Eusko Gudariak y se negaron a continuar con aquel “juicio farsa”. El día 28 se hizo pública la sentencia: 9 penas de muerte.
Si desde el inicio del juicio las protestas y movilizaciones fueron ganando presencia en Euskal Herria, y, también, en Catalunya, en Madrid e internacionalmente, a partir de la condena se multiplicaron. El Juicio de Burgos se convirtió en el juicio y la condena al franquismo y este terminó conmutando las penas de muerte el día 30.
Aquellos hechos fueron, además, el catalizador de un nuevo movimiento obrero, referente de un amplio conjunto de movilizaciones sociales que, a partir, sobre todo, de mediados de 1973 (huelga general en Pamplona) protagonizaría una imparable confrontación frente a una represión que creció en brutalidad y violencia. Esa fue, sin duda, la causa principal del fin de la dictadura.