por Pablo Giachello
La operación político judicial montada por el gobierno, la Justicia y los medios de comunicación contra el movimiento piquetero, allanando 27 locales y casas de militantes y armando una causa por supuesta “extorsión”, da cuentas de la voluntad manifiesta de la burguesía de quebrar a las organizaciones que se han colocado a la vanguardia de la lucha contra el ajuste criminal del gobierno de Milei y antes contra el ajuste de los Fernández.