por Valeria Menéndez
El reciente comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el caso de Bernarda Rosalba Vera Contardo —una mujer que figura desde hace décadas en el listado oficial de detenidos desaparecidos— constituye mucho más que una simple aclaración administrativa. Es, en realidad, la evidencia de cómo el Estado chileno intenta sustituir la verdad histórica por una verdad judicial controlada, instrumentalizada y, sobre todo, políticamente administrada.