Ley gatillo fácil y conflictividad socioambiental: los derechos humanos en jaque

de OLCA

La ley Naín-Retamal, o mejor conocida como “gatillo fácil”, fue promulgada luego de una discusión parlamentaria exprés y una nueva muerte policial. Supuestamente lo que está detrás de esta ley es la seguridad ciudadana ante un alza en la delincuencia, lo que tendría solución con el “fortalecimiento y protección del ejercicio de la función policial y de Gendarmería” -como señala su título-; pero, como han mencionado diferentes sectores de la sociedad, tales como académicos y académicas de distintos colores políticos, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y movimientos sociales, el populismo punitivo, este afán de subir y subir las penas, no se traduce en la solución al aumento de la delincuencia. De hecho, en las mismas gráficas disponibles en la página de Gendarmería se ve un aumento de más de 20.000 personas en la población penal, desde marzo de 2021 a febrero del año en curso, lo que no se ha traducido en una sensación de mayor seguridad.

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