por Dr. Felip Gascón i Martín y Dra. Lorena Godoy Peña //
Solo resta exigir que los tribunales tengan la capacidad y visión para reponer la racionalidad jurídica extraviada en el caso del incendio del 21 de mayo de 2016, que trajo como consecuencia la lamentable instrumentalización de la muerte de Eduardo Lara Tapia, para dar curso al errático proceso que culminó con la injusta condena y sentencia de seis jóvenes.
La violencia estructural que atraviesa la historia del Chile postdictadura está viéndose agravada en los últimos tiempos contra quienes el Estado-nación siempre miró como una otredad in-comprensible o acaso in-deseable para la concreción de su proyecto modernizador-moralizador neoliberal, los jóvenes conscientes y éticamente responsables.