Tras 47 años un fallo vergonzoso: condenan a penas mínimas a Sinclair y Chiminelli por 12 fusilamientos en Valdivia

por Gustavo Burgos

Como se hizo público ayer, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cuatro miembros en retiro del Ejército como responsables de 12 fusilamientos perpetrados en la ciudad de Valdivia, hechos enmarcados en la denominada Caravana de la Muerte Sur. La sentencia alcanza con la punta de los dedos a los genocidas. Sólo dos de los responsables irán a parar a la cárcel por 5 años, pudiendo optar a libertad condicional pasados dos: una completa vergüenza. Otra más que se suma a la larga cadena de resoluciones judiciales ubicadas en el campo de la impunidad.

Este fallo merece atención porque entre los condenados se encuentra el ex integrante de la Junta Militar, Vice Comandante en Jefe del Ejército y ex senador designado (1990-1998) Santiago Sinclair Oyaneder, por doce fusilamientos cometidos en octubre de 1973 durante la dictadura militar, en la ciudad de Valdivia. Efectivamente, la sentencia (causa rol 2.070-2018), condenó a Sinclair a 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor, al igual que a Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, responsable logístico de los militares de la Caravana, encabezados por el general (R) Sergio Arellano Stark, en calidad de delegado de Augusto Pinochet.

Igualmente , Pedro Octavio Espinoza Bravo fue condenado a 10 años de presidio, y Emilio Robert de la Mahotiere González, 3 años y un día de presidio, como encubridor. Sin embargo, el primero purga condenas por más de 100 años y esta condena en nada afecta su situación y el segundo, podrá cumplir su pena en libertad .

Mediante este fallo se tuvo por establecido que las muertes corresponden a “un homicidio en los términos previstos en el artículo 391 N° 5 del Código Penal, pues no cabe sino concluir que la decisión de ordenar el fusilamiento de cada uno de ellos, creando la apariencia de la ejecución de una resolución judicial proveniente de un supuesto Consejo de Guerra, revela la existencia de un plan previamente concebido”. Seguidamente el fallo señala que “todos los actos que terminan con el fusilamiento de las víctimas, comienzan con la llegada a la ciudad de la comitiva que encabezaba Sergio Arellano Stark y es así, que en el breve lapso de su permanencia en la ciudad, se llevan a efecto todas las ejecuciones, procediéndose de la misma forma en todos aquellos lugares en que se hizo presente».

Con esta condena -susceptible aún de recursos para ante la Corte Suprema- cuarenta y siete años después de perpetrados los fusilamientos, los tribunales del régimen pretenden vergonzosamente parodiar un acto de justicia. Los responsables de 12 fusilamientos, cometidos con la inequívoca intención de aterrorizar a la población y de inferir un golpe demoledor a la izquierda valdiviana, han quedado en la realidad de lo posible, en la más completa impunidad.

Es cierto que el fallo, en lo civil condenó al fisco a pagar una indemnización total de $1.910.000.000 (mil novecientos diez millones de pesos) a familiares de las víctimas. Sin embargo, tal medida reparatoria, casi cinco décadas después, no alcanza ni tan sólo en un plano simbólico a merecer ser considerada una medida de justicia. En otro aspecto, durante estos 47 años murieron en la impunidad cuatro fusiladores: Hugo Guerra, Carlos López, Antonio Palomo y Guillermo Michelsen, sobreseídos en esta sentencia.

En estos días, los crímenes cometidos en contra de Antonia Barra y Ámbar Cornejo -en escenarios distintos- han puesto en entredicho el carácter de clase de la justicia del régimen. Millones, enfrentando las restricciones de la pandemia, han salido a las calles y desde sus casas han caceroleado en demanda de justicia. Tal demanda es el resultado del juicio unánime que el pueblo ha hecho respecto de los tribunales de la burguesía: son instrumentos de represión para los trabajadores y de impunidad para los poderosos.

La reivindicación democrática de la justicia y del castigo a los genocidas, está íntimamente ligada al conjunto de las luchas populares y son estos movimientos los que ponen esta cuestión en un primer plano. Este reclamo, unido al de la libertad de los presos políticos, es parte sustancial del proceso revolucionario abierto el 18 de octubre.

En ningún escenario, como en el estrado de un tribunal, los antagonismos de clase se expresan con tan viva intensidad. Es, por lo mismo, necesario que todas las organizaciones que se reclaman de la clase trabajadora y de la liberación de los explotados sostengan esta reivindicación como parte de la lucha por el poder.

En Valdivia, en todo Chile y el mundo, los nombres de los asesinos permanecerán por siempre escritos en el muro de la infamia. Sinclair, Chiminelli, Espinoza, de la Mahotiere, Guerra, López, Palomo y Michelsen, junto a los de Arellano Stark y el propio Pinochet, son la encarnación de la barbarie patronal y la sevicia de los explotadores. Sus atroces crímenes en contra de la clase trabajadora y su revolución, sólo pueden o pudieron ser objeto del castigo ejemplar de un tribunal popular. Su impunidad es consecuencia directa de la contrarrevolución abierta en 1973.

Por el contrario, los nombres de los fusilados los llevamos en el corazón y son garantía de que nuevas generaciones de luchadores enarbolarán su memoria, luchando por la causa de la revolución obrera. Son nuestros mártires, caídos en combate, jamás víctimas: Gregorio José Liendo Vera, Pedro Purísimo Barría Ordóñez, Rudemir Saavedra Bahamondes, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Enrique del Carmen Guzmán Soto y José René Barrientos Warner.

Honor y gloria. Venceremos!!!

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