por Ibán de Rementería
Lo que acaba de acontecer en la Cámara de Diputados, la aprobación de la ley que haría posible que los titulares de las cuentas de las AFP, sus propietarios eminentes, pudiesen retirar parte de sus ahorros previsionales para cubrir sus pérdidas de ingresos debido a emergencia económica, en este caso causada por el mal manejo público de la pandemia por el Covid-19, la aprobación de ese derecho fue un triunfo de 95 votos a favor contra 36 y 22 abstenciones. Este triunfo fue sólo por dos votos, pero sobre todo, gracias a la defección de 13 diputados de Gobierno, porque esta votación exigía una mayoría calificada de 3/5 de los miembros de la Cámara de Diputados. Aún queda por verse la suerte del proyecto en el Senado, con el veto presidencial y ante el Tribunal Constitucional. Este es uno de los casos típicos de la vulneración que se hace en el diseño constitucional al principio de las mayorías, que es el fundamento esencial de las democracias como instancia colectiva para resolver los conflictos que genera la gestión de la distribución del poder, esto es la política. El poder es la imposición de la voluntad, que se puede aplicar por la decisión única de un líder, de una oligarquía, de un partido político, sector económico, grupo de interés, etc., o por la resolución colectiva mediante la aplicación del principio igualitario de representación por la voluntad de las mayorías, sea de los ciudadanos, los vecinos, comuneros, socios, afiliados, militantes, etc.
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