Contra las AFP: la acción judicial como momento de una política de movilización

por Gustavo Burgos

La crisis provocada por las pérdidas experimentadas durante 2026 por los fondos previsionales, particularmente por el Fondo E, ha abierto una cuestión que excede largamente la discusión técnica acerca de la rentabilidad de determinadas carteras. Lo que comienza a aparecer bajo la superficie de porcentajes, derivados financieros, tasas de interés y explicaciones acerca de la volatilidad de los mercados es un problema político de primera magnitud: millones de trabajadores son obligados por ley a entregar mensualmente una parte de su salario a instituciones privadas que administran profesionalmente esos recursos y cuyo patrimonio acumulado constituye, a la vez, una de las principales masas de capital financiero existente en el país. Cuando esa administración produce pérdidas extraordinarias, especialmente en fondos ofrecidos como alternativas de menor riesgo, no basta responder que “los mercados fluctúan”. La cuestión pasa a ser otra: determinar qué parte de esas pérdidas pertenece al riesgo ordinario de toda inversión y qué parte, en cambio, puede haber sido causada o agravada por decisiones negligentes, exposiciones desproporcionadas, deficiencias de control o incumplimientos de los deberes impuestos a las administradoras.

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