por Gustavo Burgos
La reciente propuesta de la convencional María Rivera en la Comisión Sistema Político de la Convención Constitucional que propone la disolución de los poderes del Estado —en la jerga liberal ejecutivo, legislativo, judicial— en una «Asamblea Plurinacional de Trabajadores y los Pueblos», ha tenido la virtud de echar luz sobre la vigencia del Acuerdo por la Paz y la consistencia de este bloque patronal comandado por Apruebo Dignidad, generando un unánime repudio por parte de estas fuerzas del régimen que la han calificado de antidemocrática y descabellada, entre otros epítetos. Este bloque que encabeza Boric —quien calificó la propuesta como fuera del «marco democrático» (sic)»—se extiende desde la ultraderecha hasta el PC, quienes coinciden en la necesidad alcanzar un texto constitucional de consenso, que modernice la institucionalidad vigente, pero que en lo sustancial la preserve.
