por Alejandro Valenzuela Torres
El extenso reportaje publicado este domingo por La Tercera bajo el título “Agenda de seguridad: lo que no se habla de la fractura oficialista” tiene la particular virtud de revelar bastante más de aquello que conscientemente pretende explicar. Presentado como la reconstrucción de una crisis política al interior del oficialismo, el texto permite observar, casi en estado químicamente puro, una contradicción de mayor profundidad: la emergencia de una crisis interburguesa acerca de la forma política que debe asumir el Estado chileno en el nuevo período abierto después de la rebelión popular de octubre de 2019. No estamos, en rigor, frente a una disputa entre quienes quieren preservar las libertades democráticas y quienes pretenden combatirlas, ni siquiera ante una oposición sustantiva respecto de la política de seguridad. Lo que aparece enfrentado son diversas fracciones políticas de una misma clase dominante que, coincidiendo en la necesidad de reforzar los instrumentos coercitivos del Estado, discuten los límites, los ritmos y la arquitectura jurídica mediante los cuales debe ejecutarse ese reforzamiento.
El dato decisivo aportado por La Tercera es precisamente este: la crisis se desencadena cuando el gobierno de José Antonio Kast intenta incorporar a su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo un nuevo estado de excepción constitucional que podía mantenerse hasta 240 días sin aprobación previa del Congreso, habilitando además mecanismos extraordinarios como la interceptación de comunicaciones. El rechazo terminó atravesando a la UDI, Renovación Nacional, Evópoli e incluso a sectores conservadores próximos al propio Presidente, obligando al Ejecutivo a retroceder respecto de algunos de sus elementos más polémicos. Lo significativo es que quienes objetan la propuesta no impugnan la agenda represiva en cuanto tal. La crítica de Andrés Longton resulta particularmente transparente: el desacuerdo, sostiene, no consiste en si hay que combatir con firmeza al crimen organizado, sino en “cómo entendemos la autoridad”. Esa frase contiene prácticamente toda la sustancia política del conflicto.
Desde una perspectiva de clase, la crisis debe leerse precisamente en ese terreno. El Estado capitalista no constituye una maquinaria exterior a las relaciones sociales, susceptible de ser alternativamente utilizada por fuerzas “democráticas” o “autoritarias”. Constituye la condensación institucional de una relación de dominación social cuyo presupuesto material es la propiedad privada de los medios de producción. Sin embargo, aquella dominación no puede ejercerse permanentemente bajo la forma desnuda de la coerción. La democracia burguesa, el parlamentarismo, la separación formal de poderes, las garantías constitucionales y la universalidad jurídica cumplen una función decisiva: presentar el dominio político de una clase particular como organización general de la sociedad. Por eso la propia burguesía necesita límites jurídicos al Ejecutivo, incluso cuando esos límites entorpecen coyunturalmente la acción del gobierno que representa sus intereses. No existe contradicción alguna en que sectores históricamente profundamente reaccionarios se conviertan, llegado cierto punto, en defensores de los “contrapesos”. Lo que defienden no es una democracia abstracta, sino una determinada forma histórica de la dominación burguesa.
Este aspecto alcanza en la UDI una dimensión casi paradójica. Según el reportaje, Guillermo Ramírez justificó su oposición afirmando que el partido fundado por Jaime Guzmán no podía permanecer en silencio mientras se debilitaba “la institucionalidad”; dentro de la organización existía incluso incomodidad porque un gobierno políticamente próximo pretendiera reformar la Constitución asociada históricamente a su fundador. La paradoja es sólo aparente. El constitucionalismo guzmaniano no fue concebido simplemente como una exaltación ilimitada de la autoridad presidencial. Su objetivo histórico consistió en encerrar el conflicto social dentro de instituciones capaces de garantizar la continuidad del orden económico independientemente de las oscilaciones electorales. Desde esta perspectiva, la resistencia gremialista al proyecto de Kast no representa una conversión liberal de la UDI, sino algo bastante más elemental: la defensa de un dispositivo institucional cuya eficacia para proteger el orden burgués ha sido largamente comprobada.
Aquí aparece una primera diferencia estratégica dentro del bloque dominante. El republicanismo parece considerar que la crisis de autoridad producida durante la última década exige avanzar desde la excepcionalidad administrada hacia formas más explícitas de concentración del poder. La Tercera informa que desde el Partido Republicano se empujaban “medidas más radicales” y que Arturo Squella reprochaba a quienes, a su juicio, pretendían limitarse a administrar las políticas existentes frente al crimen organizado. Chile Vamos, en cambio, comparte ampliamente la premisa securitaria pero teme que una transformación demasiado brusca del aparato jurídico produzca efectos políticos contraproducentes: erosione los contrapesos institucionales, provoque resistencias dentro del propio bloque dominante, altere el equilibrio entre Fuerzas Armadas y policías o incluso genere incertidumbre respecto del derecho de propiedad. Es especialmente revelador que entre las aprensiones transmitidas al gobierno figurara precisamente la posibilidad de establecer limitaciones al ejercicio de ese derecho. Cuando la discusión llega ahí, desaparece cualquier ilusión acerca de la naturaleza social del conflicto.
Lo que se está discutiendo entonces es la dosificación de la excepcionalidad. La burguesía chilena comparte crecientemente la necesidad de un Estado más poderoso en sus capacidades policiales, penitenciarias, de vigilancia y control territorial, pero sus distintas representaciones políticas no coinciden respecto de cuánto poder puede concentrarse en el Ejecutivo sin dañar las mediaciones que permiten reproducir establemente la dominación de clase. En términos gramscianos, podría decirse que estamos frente a una tensión entre coerción y hegemonía dentro del propio bloque histórico. Una fracción entiende que el deterioro de la autoridad exige aumentar cualitativamente el componente coercitivo; otra advierte que la coerción, cuando deja de estar suficientemente mediada por instituciones, puede debilitar la legitimidad general del Estado y convertir una crisis política administrable en una crisis del régimen.
Esto permite comprender también por qué sería incorrecto caracterizar la controversia como un enfrentamiento entre una derecha autoritaria y otra propiamente democrática. Las fuerzas que cuestionaron la reforma no plantearon abandonar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, reducir las atribuciones policiales existentes ni revertir el proceso de endurecimiento penal acumulado durante los últimos gobiernos. De hecho, la propia crónica señala que en La Moneda existe confianza en que la agenda de seguridad, una vez corregida, terminará siendo aprobada, porque ni el oficialismo ni la oposición estarían políticamente en condiciones de rechazar una demanda social de esta naturaleza. Es decir, el consenso estratégico subsiste debajo de la disputa táctica. La discusión versa acerca de la ingeniería constitucional del endurecimiento, no acerca de su necesidad.
Desde nuestra perspectiva editorial, este elemento resulta fundamental porque confirma una cuestión que hemos venido señalando: el régimen político chileno atraviesa un proceso de reordenamiento contrainsurgente que excede ampliamente al gobierno de Kast. La ofensiva securitaria no comenzó con él. El gobierno de Boric contribuyó decisivamente a normalizar estados de excepción, fortalecer los dispositivos policiales, ampliar categorías penales y reinstalar la cuestión del orden como principio rector de la política estatal. Kast recibe esa maquinaria, la sistematiza y pretende llevarla más lejos. La diferencia no es entonces la existencia o inexistencia del giro represivo, sino su profundidad y su velocidad. En ese sentido, el actual conflicto confirma retrospectivamente que la restauración institucional iniciada después de octubre de 2019 fue una política de régimen, aunque sus distintas administraciones le imprimieran tonalidades ideológicas diferentes.
La cuestión decisiva es octubre. Sin aquel antecedente, la transformación actual del Estado chileno resulta incomprensible. La rebelión popular de 2019 produjo algo más profundo que una crisis gubernamental: reveló durante algunas semanas la posibilidad material de que amplias masas dejaran de reconocer la autoridad práctica de las instituciones construidas durante décadas. La respuesta posterior de todas las fuerzas del régimen —desde el Acuerdo por la Paz hasta los sucesivos procesos constituyentes, pasando por la expansión legislativa de la agenda de seguridad— puede interpretarse como un prolongado intento de reconstrucción de aquella autoridad quebrada. La delincuencia y el crimen organizado constituyen problemas reales, desde luego, pero políticamente funcionan además como la forma ideológica mediante la cual se universaliza la necesidad del fortalecimiento coercitivo del Estado. El aparato se robustece contra el “delincuente”; las facultades creadas permanecen disponibles para administrar todo conflicto social futuro.
En este punto adquiere especial importancia otro pasaje del reportaje: el ministro de Defensa se habría opuesto a que las Fuerzas Armadas quedaran subordinadas operacionalmente a un general de Carabineros y habría transmitido además la existencia de malestar militar ante la utilización de tropas en tareas consideradas ajenas a sus funciones tradicionales. Tampoco este elemento constituye una cuestión meramente administrativa. El Estado burgués posee diversos aparatos armados con culturas institucionales, cadenas de mando y funciones históricas diferenciadas. Alterar su relación interna significa intervenir sobre el núcleo mismo de la organización coercitiva estatal. Que una reforma concebida como instrumento contra el crimen organizado termine abriendo una controversia acerca de la subordinación de las Fuerzas Armadas confirma hasta qué punto el Gobierno llevó el problema más allá de una simple modificación policial.
Existe además una segunda contradicción, esta vez específicamente política, entre Kast y la derecha tradicional. Las reeditadas denuncias te Matthei de las operaciones de inteligencia en su contra digitadas por Cerimedo desde el entorno republicano, son una manifestación coherente con esta idea. El republicanismo llegó al gobierno precisamente porque la vieja derecha perdió capacidad para capitalizar el agotamiento del sistema político. Su fortaleza deriva de presentarse como una ruptura con la administración rutinaria del régimen. Pero una vez instalado en La Moneda necesita gobernar mediante ese mismo aparato estatal, negociar con el Congreso y apoyarse en partidos que poseen experiencia, cuadros técnicos, redes territoriales y relaciones orgánicas con sectores decisivos de la burguesía. Aparece entonces una contradicción clásica entre la radicalidad discursiva necesaria para construir una fuerza política y las mediaciones necesarias para administrar el Estado. La crisis de la reforma constitucional es una manifestación concreta de esa contradicción.
Por eso hablamos de crisis interburguesa y no simplemente de crisis gubernamental. La expresión no significa que la burguesía se encuentre políticamente partida en dos campos irreconciliables, mucho menos que una de sus fracciones haya pasado al campo popular. Significa que las necesidades objetivas de preservación del orden social producen divergencias respecto de la estrategia estatal adecuada para garantizarlo. Tales crisis pueden ser extraordinariamente agudas precisamente porque todos los contendientes creen defender mejor el mismo interés histórico. La UDI puede considerar que Kast pone en peligro la institucionalidad burguesa al tensionarla excesivamente; Kast puede considerar que la UDI pone en peligro esa misma institucionalidad al privarla de instrumentos suficientes para ejercer autoridad. Ambos hablan desde dentro del mismo orden.
La actitud que corresponde a los trabajadores frente a esta disputa no consiste, por tanto, en alinearse con el ala “liberal” de la burguesía contra el ala autoritaria, como ya se observa desde sectores del progresismo. Esa alternativa conduciría nuevamente a subordinar políticamente a la clase trabajadora a quienes aparecen coyunturalmente como defensores de las garantías democráticas. La tarea consiste en defender incondicionalmente las libertades públicas y los derechos democráticos, pero hacerlo desde una posición política independiente, explicando que su erosión no constituye una anomalía producida exclusivamente por una personalidad autoritaria, sino una tendencia que brota de las necesidades del propio orden social cuando éste encuentra crecientes dificultades para obtener consentimiento.
La verdadera importancia del reportaje de La Tercera reside precisamente en esto. Bajo la superficie de reuniones partidarias, ministros molestos, constitucionalistas convocados y operaciones comunicacionales aparece el problema fundamental de la coyuntura chilena: cómo reconstruir la autoridad estatal después de la crisis histórica abierta en 2019. Una parte del bloque dominante pretende hacerlo mediante el endurecimiento acelerado de la excepcionalidad; otra quiere preservar las mediaciones jurídicas que han asegurado durante décadas la estabilidad de la dominación burguesa. El conflicto puede cerrarse mediante una transacción legislativa —y todo indica que ésa es precisamente la apuesta de La Moneda—, pero la contradicción que lo produce continuará abierta.
Porque detrás de la discusión sobre los 240 días, las interceptaciones o los contrapesos parlamentarios existe una pregunta mucho mayor: ¿qué forma política necesita hoy el capitalismo chileno para gobernar una sociedad cuya estabilidad histórica fue quebrada? Ése es el contenido que la crónica periodística alcanza a mostrar sin poder formularlo enteramente. Y ésa es también la razón por la cual esta crisis merece ser seguida con atención por el movimiento obrero: las fracciones burguesas discuten entre sí hasta dónde fortalecer el aparato de coerción; los trabajadores necesitan comenzar a discutir, con idéntica urgencia, cómo construir una fuerza propia capaz de enfrentarlo. La completa ausencia de canales institucionales para la expresión de los reclamos populares obligará, y hasta cierto punto, facilitará su discusión en términos de revolución social.