por Alejandro Valenzuela Torres
El extenso reportaje publicado este domingo por La Tercera bajo el título “Agenda de seguridad: lo que no se habla de la fractura oficialista” tiene la particular virtud de revelar bastante más de aquello que conscientemente pretende explicar. Presentado como la reconstrucción de una crisis política al interior del oficialismo, el texto permite observar, casi en estado químicamente puro, una contradicción de mayor profundidad: la emergencia de una crisis interburguesa acerca de la forma política que debe asumir el Estado chileno en el nuevo período abierto después de la rebelión popular de octubre de 2019. No estamos, en rigor, frente a una disputa entre quienes quieren preservar las libertades democráticas y quienes pretenden combatirlas, ni siquiera ante una oposición sustantiva respecto de la política de seguridad. Lo que aparece enfrentado son diversas fracciones políticas de una misma clase dominante que, coincidiendo en la necesidad de reforzar los instrumentos coercitivos del Estado, discuten los límites, los ritmos y la arquitectura jurídica mediante los cuales debe ejecutarse ese reforzamiento.
