Otro montaje judicial: ¡No más persecución a los que luchan!

de Agrupación por la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta

A la comunidad nacional e internacional:

El pasado 15 de noviembre en Antofagasta finalizó el juicio a una joven universitaria integrante de la Coordinadora Pampa Libre, organización que acompañó y coordinó acciones de solidaridad con los presos políticos de la revuelta en la ciudad. La compañera fue condenada por supuestas injurias graves, cometidas contra un alto mando de la Policía de Investigaciones de Antofagasta de iniciales A.V. 

Consideramos que este juicio es una operación política que busca desmovilizar a quienes hemos salido a manifestarnos y denunciar todo acto de violencia política estatal. Exponemos a continuación los hechos y las irregularidades en que incurrió el caso:

1.- Las injurias y calumnias denunciadas por el funcionario de la PDI tienen relación con actividades en las que participó la compañera como vocera de uno de los presos políticos de la revuelta en Antofagasta que se encontraba en huelga de hambre. El joven de 21 años denunció torturas y apremios ilegítimos realizados por el funcionario en el cuartel de la PDI de Antofagasta, posterior a su detención. 

El día de su detención (27 de marzo de 2020), su madre fue al cuartel de investigaciones a conocer la situación de la detención. En ese momento lo vio en muy malas condiciones físicas y sicológicas. por lo que buscó ayuda en el INDH para monitorear la situación. 

2.- El joven era acusado de participar de los hechos ocurridos en diciembre de 2019, en que personas se enfrentaron a un carabinero de civil en estado de ebriedad que intentó atropellar a manifestantes en el centro de la ciudad, mientras se encontraba con dos menores de edad en su auto. Las pruebas que existían en su contra no eran contundentes, por lo que decidió iniciar una huelga de hambre el 5 de marzo de 2021. 

3.-Sumado a lo anterior, con fecha 6 de noviembre de 2020, se filtra un audio de un interrogatorio realizado por el mismo funcionario de la PDI contra un manifestante, en el que lo amedrenta para que entregue nombres de otros participantes de las manifestaciones. Asimismo, existían denuncias de otros presos políticos en los que identificaban a este funcionario como su agresor durante las detenciones y la PDI como el lugar de dichos apremios. 

4.-El 28 de julio de 2021, el funcionario de la PDI interpone una querella denunciando injurias y calumnias contra la compañera por acusarlo públicamente de ser torturador, utilizando como evidencia videos de actividades organizadas por la Coordinadora Pampa Libre, en apoyo a la lucha por la libertad de los presos políticos de la revuelta, que, en la comuna de Antofagasta, llegaron a ser más de 30, la mayoría absueltos o con condenas en libertad. Además sumaban imágenes de un lienzo que denunciaba las torturas del pdi, y la acusaban de su creación y difusión, hechos que no se pudieron comprobar.

Es necesario destacar que, así como lo consignó en el juicio, el principal objetivo de la compañera al momento de denunciar la tortura y la violencia policial, era que se esclarecieran los hechos, además de su convicción en la debida defensa y la protección de los derechos humanos. 

Irregularidades del juicio

En el juicio realizado el 21 de septiembre, se solicitó un cambio de fecha ya que una de las testigos por parte de la compañera -abogada del INDH que entrevistó al joven el día en que se encontraba detenido en la PDI- estaba con licencia médica por lo que no podía asistir, sin embargo se negó la solicitud a la defensa. 

En este punto creemos que su declaración era fundamental para poder esclarecer las vulneraciones y apremios denunciados, y que se vulneró el derecho de la defensa a rendir toda la prueba que considere esencial para probar su teoría del caso. Además, durante el juicio, el juez no le permitió al joven identificar al funcionario policial, negando su derecho a un debido proceso.

Por otra parte, el abogado de la PDI de Antofagasta, representante del funcionario de iniciales A.V., durante todo el proceso se burló de las organizaciones de derechos humanos, denostando el trabajo de los observadores de DD.HH, y de las organizaciones como Pampa Libre, intentando posicionar a la compañera como la presidenta de un partido político que buscaba apoyar a la primera línea, e incluso la supuesta víctima (A.V.) amedrentó al abogado que tomó el juicio por parte de la compañera, diciendo que sabía los comentarios contra él que ejercía en sus redes sociales personales. Es necesario destacar que ante estos hechos, el juez no hizo nada. 

Además, durante el juicio no se presentaron pruebas que evidenciaran un daño real al funcionario, más allá de su declaración y la de otro funcionario de la PDI. 

Ya terminado el proceso que culminó con una condena contra la joven estudiante por injurias graves, la abogada Karina Ibarra, interpuso un recurso de nulidad del juicio. Al momento de solicitar el audio del juicio para su análisis, se percató que no se encontraba el registro de audio de la declaración del funcionario, por lo que volvió a solicitarla de manera virtual y presencial. Considerando que dicha declaración no es la de cualquier ciudadano víctima, sino que se está hablando de un policía de alto mando, da cuenta de una posición desigual y desventajosa frente a la imputada, que es solo una estudiante universitaria de tercer año.

Considerando los hechos descritos, es que los abajo firmantes, declaramos que seguimos de cerca todo el proceso que culminó con esta condena y respaldamos a la compañera en todos sus actos y acciones. Asimismo, nos cuestionamos por qué la PDI no utilizó los recursos necesarios para esclarecer las denuncias de tortura y apremios ilegítimos contra el policía de alto mando, y, en cambio, decide querellarse contra una particular, que efectivamente participaba de una organización política de la ciudad cuyo fin era apoyar con encomiendas y diversas actividades a los presos políticos de la revuelta. De igual forma, las denuncias realizadas contra el policía a la fecha no han tenido resolución, al igual que la mayoría de querellas por torturas y apremios ilegítimos realizadas en el contexto de la Revuelta Popular de 2019, siendo el poder judicial y el ministerio público los responsables de estos hechos. 

Finalmente, denunciamos lo siguiente:

– La operación llevada a cabo por la PDI y en complicidad con el Poder Judicial contra la compañera, tiene el carácter de operación política, en donde desde el 2019 el Estado busca a través de la prisión política y juicios irregulares, enviar un mensaje a quienes se organizan en el seno del pueblo y en organizaciones por los DDHH. Ese mensaje es claro, quienes decidan organizarse y denunciar la violacion sistemática de los derechos humanos en el país, y por lo tanto, denunciar la violencia sistemática de las fuerzas policiales corre el riesgo de ser enjuiciado y castigado con todo el rigor de la ley.

– La intención de instalar una narrativa caricaturesca sobre la existencia de un partido político que apoyaba a la “primera línea” evidencia la necesidad del Estado y las policías de montar un espectáculo en torno a un enemigo interno y poderoso el cual les sirve de chivo expiatorio para justificar este tipo de acciones y juicios irregulares.

– Por último, denunciamos la complicidad del Estado a través del Poder Judicial en estas operaciones políticas que buscan atacar, exponer y castigar a quienes tengan la valentía de denunciar la violencia policial. Todo esto avalando y respaldando un juicio lleno de irregularidades. Por lo tanto, decimos con fuerza que quienes han caído en injurias y perjuicios graves son ellos mismos, la PDI y el Poder Judicial.

¡NO MÁS PERSECUCIÓN Y CRIMINALIZACIÓN A LOS QUE LUCHAN!

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS!

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