Locura total: la Cámara de Diputados acusa a Piñera por corrupción pero le permite seguir violando los DDHH en la Araucanía

por Gustavo Burgos

La noticia de la acusación constitucional en contra de Piñera ha recorrido el mundo. Los medios refieren la inminencia de la destitución del Presidente-empresario por negociaciones incompatibles expuestas a la luz en el marco del escándalo de los denominados Pandora Papers. Es la segunda vez en la historia que se acusa a un Presidente, la primera fue en 1931 a Ibáñez quien ya estaba fuera del país, por lo mismo la noticia ha impactado en Chile tanto como por la maratónica templanza del lector de la acusación, el diputado socialista Jaime Naranjo quien leyó ininterrumpidamente por 15 horas para doblar la mano a la testera de la Cámara y permitir que votaran dos diputados —Jackson y Sabag— con restricciones sanitarias.

Sin embargo, luego de esta votación que abre espacio al juicio político de destitución a Piñera, la misma Cámara hace lugar al pedido del propio Piñera para extender por 15 días más el Estado de Excepción constitucional en la llamada «Macrozona» de la Araucanía. Este gesto político pone en evidencia el carácter de clase del Congreso, patronal, al cual le preocupa más el desempeño empresarial de Piñera, que su condición de criminal violador de DDHH. Al igual que a Pinochet, se le lleva a juicio no por sus crímenes, sino por su pulsión de hacer negocios fuera de norma.

A lo anteriormente indicado hay que sumar que este mismo martes el Senado rechazó la idea de legislar el cuarto retiro del 10% de las cuentas individuales de capitalización AFP. Vale decir este martes fue un día de gran significado político que en lo externo hace expresivo el enorme peso que ha tomado el Congreso en el régimen, haciendo eclipsar hasta la irrelevancia al Presidente de la República quien se encuentra —mientras penda el juicio— con prohibición de salir del país. Sin embargo, en cuanto a su contenido, todas las acciones desplegadas en ambas cámaras del Congreso apuntan a la estabilización e institucionalización de la crisis y a un intento de la burguesía, como clase, de retomar el control de la agenda política.

Que se confiera prórroga al Estado de Emergencia que sólo hace una semana costara la vida al comunero mapuche Jordán Liempi e hiriera gravemente con armamento de guerra a Iván Porma y otros cuatro mapuches, es un signo inequívoco de que la acusación constitucional —que aparentemente busca la destitución de Piñera— tiene un sentido puramente instrumental, pacificador, de descompresión de la indignación popular, pero que su objetivo real es legitimar al propio régimen, no ponerle término. La admirable disposición militante de Naranjo, observada en su conjunto, no pasa de ser un hecho anecdótico, una puesta en escena de un régimen que busca desesperadamente adquirir alguna forma de legitimidad democrática.

El mismo sentido político tiene la brutal campaña de terror —en la que se han concentrado todos los medios de comunicación patronales— y que pretende afirmar que Kast tiene opciones electorales de imponerse el 21 de noviembre. La campaña, convenientemente afirmada en una abigarrada masa de encuestas, busca salvar a la Derecha y reinstalarla como operadora del sistema político. Hacer crecer con un bombín a Kast es la única forma de restablecer el régimen de los 30 años, en tanto el hundimiento general de la Derecha hiere la capacidad de la burguesía de dar vida a la farsa democrática representativa.

Esto es lo que hay tras esta desquiciada campaña de terror, la pretensión de inocular a las masas el sujeto que haga contrapeso, que se presente como contraparte de la alternativa que a todas luces se impondrá en noviembre o diciembre que será Boric o Provoste. Mientras exista Kast y al mismo se le atribuya peso electoral, tendrá el suficiente peso político para sustentar la vieja política concertacionista de «unidad contra la Derecha» que permite a la burguesía liberal y democrática hacer resignar los reclamos y banderas de los trabajadores, en aras de «correr el cerco» y «avanzar en transformaciones estructurales», conceptos bajo los que se sustentó la transición de los 30 años.

La política aparentemente antifascista de promover un gobierno de transición, de unidad nacional, como lo expresara hace unos días el compañero Gómez Leyton en estas páginas, incurre en un error de base, tal es el asimilar la furiosa campaña de Kast a la emergencia en el horizonte político de la bestia del fascismo. Yerran los compañeros que se orientan en ese sentido y caen en la vieja trampa concertacionista que hoy explotan Boric-Provoste para imponer su liderazgo y sustentar su gobierno, que será necesariamente un gobierno patronal.

A todo evento, si de verdad estuviésemos asistiendo al crecimiento de un fenómeno fascista —que hemos aclarado no existe— la política a seguir sería muy otra. Al fascismo no se le enfrenta con pactos electorales con la burguesía, con reclamos judiciales o reformas constitucionales, quienes así han procedido han sido barridos de la historia como nos enseñara la revolución española y el vergonzoso espectáculo que dieran los republicanos y el estalinismo peninsular. Tal planteamiento de unidad con la burguesía llevó a Franco a estar 40 años en el poder, restaurar la monarquía y a la clase obrera española a una feroz derrota histórica con millones de caídos en combate.

Si de verdad Kast representara un movimiento fascista, cosa que debe observarse en las calles, en organización metódica, en sistemáticos ataques a las organizaciones de trabajadores y la izquierda, la respuesta debe ser la unidad de las organizaciones de trabajadores y de izquierda, una unidad que se oriente a la formación de piquetes de autodefensa y milicias que se dirijan a conjurar físicamente tal amenaza. No le podemos pedir a la policía del régimen, a sus tribunales, a su legalidad y constitución que resuelvan este problema político en el momento en que éste se presente.

La esquizofrenia de la Cámara de Diputados que actúa para destituir a un Presidente al cual minutos después se le confieren facultades excepcionales para violentar masivamente los DDHH, deja en claro como decíamos más arriba que el régimen en su conjunto —el arco novembrista del Acuerdo por la Paz— comienza a resolver su crisis y a ponerse de acuerdo para golpear a los trabajadores. Jadue hace mucho aclaró que Apruebo Dignidad garantizaría que no habría nuevos estallidos y que se respetaría al inversionista extranjero, Boric hace poco expresó que no retiraría las fuerzas policiales de la Araucanía, Provoste ha dejado en claro que su objetivo es traer estabilidad e institucionalidad. Los restantes de Derecha o no, en nada se apartan de este discurso por más que Kast siga agitando el discurso de la militarización y el orden.

Contra el régimen en su conjunto, contra sus podridas instituciones hemos con urgencia de retomar la lucha. Es necesario un nuevo levantamiento popular y la construcción de una nueva dirección que se proponga frontalmente un Gobierno de Trabajadores, sobre las cenizas del orden capitalista. Tal ha de ser la perspectiva y la campaña electoral sólo un tránsito en esa campaña para llegar a los más amplios sectores de explotados. Si algo revela la locura de la Camara de Diputados y el patético espantapájaros de Kast es que la burguesía sabe que más temprano, más tarde, tendrá que resolver la crisis que se hace crónica mediante una intervención militar de mayor escala. Tal es la verdadera discusión en las altas esferas del poder, quienes ya saben que del atolladero saldrán con una nueva Concertación, pero con un ojo puesto en una salida de fondo contrarrevolucionaria.

Los octubristas, los revolucionarios, los trabajadores, las organizaciones de base, asambleas, cabildos, ollas comunes, todas aquellas expresiones orgánicas y políticas de los explotados tienen en frente la tarea de la unificación, de la conformación de un gran frente de clase que articule un discurso y una acción decidida para enfrentar los difíciles momentos que se nos avecinan con una política de poder y revolución social.

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