La Convención Constitucional y su necesaria confrontación con los poderes instituidos

por Paul Walder

Estamos en un proceso de desinstalación, destituyente, del retiro de anclajes y estructuras levantadas desde la oscuridad histórica y dadas por naturales. Durante los debates iniciales en la Convención Constituyente esta semana hemos observado, percibido, que tras las constituyentes está la fuerza de las movilizaciones que se expresan como sentido y dirección. Si no ocurre nada malo en la CC, de aquí en adelante es posible que este espíritu logre organizarse en una nueva constitución.

Chile es otro después del 18 de octubre. Pero las fuerzas que rompieron esos diques se habían acumulado desde hacía años, treinta para ser más precisos. Veníamos de la saturación de los efectos del mercado y su destino natural ha sido la precipitación. Un rebalse, un exceso de contenidos que buscó su salida por otros espacios y aberturas. Desde aquellas sobras, desde esa hipertrofia de todas las estructuras y sus condiciones, vino la caída, la decantación, la precipitación, como proceso ahora irreversible. La política binominal, falsamente representativa, hoy se apresura con fluidez hacia su desaparición.

El estallido no fue un evento sino parte de un proceso que continúa su curso pese a la pandemia, el toque de queda y la tremenda represión de las fuerzas del Estado chileno. Esa energía precipitada volvió a manifestarse el 25 de octubre pasado y otra vez el 15 y 16 de mayo de este año. Y sigue presente en la CC cuando dedica la primera sesión a redactar una declaración para el indulto general de los presos políticos de la revuelta, de los presos políticos mapuche, del retiro de las querellas que invocan la Ley de Seguridad del Estado y para la desmilitarización del Wallmapu. Una declaración que es también muy simbólica en cuanto se trata de un mensaje político hacia los poderes constituidos desde lo que es hoy el lugar de la verdadera política, el poder constituyente.

El miércoles los constituyentes del Partido Comunista publicaron un documento que propone cambiar el quórum de los ⅔ incorporado en la ley 21.200 de enero del 2020. Sobre la base de ejemplos de otros procesos constitucionales, el PC afirma que es posible hacerlo pese a la ley que cristaliza las funciones de la CC. La propuesta, que fue por cierto ridiculizada por la prensa hegemónica, no está cerrada y abre un camino de autonomía y soberanía para la CC en cuanto es, también, una instancia de mayor legitimidad popular que el desprestigiado Congreso por lo que sería deseable establecer una lógica de confrontación. Para los convencionales, la Convención puede hacer caso omiso al Congreso. “Muchos poderes que surgen desconocen de facto los poderes instituidos normalmente por estimar que carecen de legitimidad”.

Es un momento en que es necesaria la confrontación entre un poder nuevo y legitimado ante otros en plena decadencia bajo la corrupción y la falta de representación popular. Estamos en la nulidad de esa política institucional, y es viable avanzar hacia su destrucción. Aquel deterioro iniciado hace varias décadas, explosionado el 2019  ingresó en un nuevo ritmo que lo expulsa a una velocidad sin posibilidades de retorno ni freno. La política, como sistema, institución, como tablero y estructura, entró en la fase enloquecida de un error sistémico. La suma de yerros que observamos desde hace décadas no dan tregua y presionan a toda la clase y actividad política en una caída desordenada y estruendosa. Qué mejor ejemplo de esta debacle que el gobierno de Sebastián Piñera.

Lo que vivimos desde el 2019 es el quiebre final entre el pueblo movilizado y sus espurios representantes, ligados éstos, a su vez, a todas las elites y esferas del concentrado poder. Dos realidades enfrentadas que coexisten en espacios separados y discontinuos. Chile y su institucionalidad recoge lo sembrado. Absorbe las consecuencias de los extremos aplicados desde finales de la dictadura y amplificados y reforzados durante la transición. Y expresa también el desgaste y limitaciones de un Estado unitario y excluyente. Son 30 años, pero también son 200 años de una perversa historia de violencia y despojo de los pueblos originarios.

La brecha ya está abierta y sin posibilidades de cierres, reparaciones ni acercamientos. No es tiempo de reformas sino de desmontajes. Si por un frente vemos a la sociedad civil expresada en su mayor dimensión, que es el poder constituyente, en el otro flanco atisbamos unas élites representadas por la casta política despreciada y enredada sola en sus errores.

Es este y no otro el momento que se inauguró el 4 de julio pasado.

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