por Gustavo Burgos
La intervención del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, ante los empresarios reunidos por la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio constituye un acontecimiento político cuya gravedad excede ampliamente una controversia diplomática. Judd no se limitó a defender la imposición de una sobretasa del 12,5% sobre exportaciones chilenas ni a expresar el malestar de Washington por las declaraciones de algunos ministros. Su mensaje fue mucho más directo: convocó al gran empresariado a presionar a sus propias autoridades, silenciar las críticas dentro del gabinete y someter al gobierno de José Antonio Kast a las condiciones exigidas por Estados Unidos.
Ante unos 150 asistentes, en su mayoría empresarios y socios de Amcham, Judd cuestionó reiteradamente a los ministros que habían objetado los nuevos aranceles y emplazó a los presentes a reclamar contra sus autoridades para que dejaran de hablar sobre la relación con Estados Unidos. Al día siguiente reiteró la amenaza: no habría acuerdo mientras ministros ajenos a la negociación siguieran pronunciándose sobre ella. No fue, por tanto, un exabrupto improvisado, sino una operación deliberada de presión política sobre el gobierno chileno, ejecutada a través de los representantes directos del capital.
La escena posee una transparencia casi pedagógica. El embajador de una potencia extranjera se dirige a los empresarios chilenos y les pide que utilicen su influencia sobre el Ejecutivo. No apela al Parlamento, a la opinión pública ni a los canales diplomáticos regulares. Apela a quienes tienen poder material sobre el Estado. Judd reconoce de esta manera, sin necesidad de teorizarlo, que bajo la democracia burguesa son los propietarios de los grandes medios de producción, los exportadores, los bancos y los conglomerados empresariales quienes disponen de los instrumentos decisivos para disciplinar a los gobiernos.
Pero el llamado encierra una dificultad que explica la incomodidad de la audiencia. Estados Unidos no está pidiendo a los empresarios chilenos que defiendan simplemente el libre comercio o el tratado bilateral vigente. Les exige que respalden una reorientación estratégica cuyo contenido objetivo es incorporar a Chile a la ofensiva económica de Washington contra China. Los empresarios son convocados a presionar a Kast, pero deben hacerlo para imponer una política que puede entrar en conflicto con sus propios intereses.
La condición estadounidense no consiste solamente en que Chile acepte una sobretasa. Washington exige la promulgación de regulaciones destinadas a restringir las importaciones procedentes de terceros países acusados de no controlar el trabajo forzoso. Aunque la exigencia no menciona formalmente a China, su destinatario político resulta evidente. Paralelamente, Estados Unidos pretende que Chile suscriba un acuerdo escrito aceptando un arancel del 10% para ciertos productos, lo que supondría alterar el Tratado de Libre Comercio bilateral que durante más de veinte años estableció arancel cero.
En consecuencia, la demanda estadounidense contiene dos dimensiones inseparables. La primera es económica: Chile debe aceptar un deterioro de las condiciones de acceso al mercado norteamericano. La segunda es geopolítica: debe comenzar a levantar barreras contra productos chinos y alinearse con la estrategia estadounidense de contención de Beijing. La invocación al trabajo forzoso opera aquí como cobertura moral de una política proteccionista y de guerra comercial. No se trata de la defensa de los derechos laborales —causa que Washington jamás ha exigido con igual energía a sus propios aliados—, sino de obligar a los países dependientes a escoger un campo en la disputa mundial.
El significado real del reto de Judd aparece entonces con claridad. El embajador convocó al empresariado a disciplinar a Kast para que este acepte un acuerdo que, en su desenvolvimiento lógico, conduce a restringir la relación económica de Chile con China. No se ha planteado todavía una ruptura diplomática formal ni la suspensión inmediata del Tratado de Libre Comercio con Beijing. Sin embargo, la orientación de la exigencia es inequívoca: levantar controles contra importaciones chinas, condicionar inversiones, revisar cadenas de suministro y subordinar las decisiones comerciales chilenas a las prioridades estratégicas de Estados Unidos.
Tal exigencia tropieza con una transformación estructural ocurrida durante las últimas tres décadas. Chile estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China en 1970. En 2005 suscribió un Tratado de Libre Comercio que entró en vigor al año siguiente y abrió un proceso sostenido de expansión del intercambio. En 2007 China se convirtió en el principal socio comercial de Chile; desde entonces pasó de recibir aproximadamente el 14% de las exportaciones chilenas a absorber cerca del 40% en 2024.
La magnitud de esa modificación puede medirse en cifras recientes. Durante 2025 el intercambio comercial de Chile con China alcanzó los 65.332 millones de dólares, mientras el intercambio con Estados Unidos llegó a 33.908 millones. China representó el 32,7% del comercio exterior chileno; Estados Unidos, el 17%. Dicho de otro modo, la relación comercial con China prácticamente duplicó la mantenida con la potencia norteamericana.
La diferencia no es únicamente cuantitativa. China constituye el principal destino de productos fundamentales para la acumulación capitalista chilena, especialmente cobre, minerales, litio, celulosa, cerezas y otros bienes agroalimentarios. A cambio, suministra maquinaria, automóviles, equipos electrónicos, bienes de consumo, tecnología, paneles solares e insumos industriales. El patrón sigue siendo desigual: Chile exporta principalmente materias primas e importa manufacturas de mayor elaboración. Pero precisamente por ello la relación se ha integrado profundamente en la reproducción cotidiana de la economía nacional.
Durante 2024, las exportaciones a China equivalieron al 12,58% del producto interno bruto chileno, mientras las destinadas a Estados Unidos representaron el 5,42%. Desde 1996, la participación de las exportaciones a Estados Unidos se mantuvo relativamente estable, entre aproximadamente el 4% y el 7% del PIB. La participación china, en cambio, creció desde cerca del 1% hasta superar el 12%.
A ello se suma la penetración de capitales chinos en sectores estratégicos. Un informe de la Biblioteca del Congreso registra inversiones acumuladas por más de 23.000 millones de dólares en energía, minería, infraestructura, telecomunicaciones, agroindustria y otros sectores. Entre las operaciones más relevantes se encuentran la adquisición de una participación en Transelec por China Southern Power Grid, la compra de Chilquinta y la posterior expansión de State Grid en la distribución eléctrica.
Estados Unidos, por su parte, continúa siendo un mercado esencial para rubros específicos. En 2024, los cuatro principales productos enviados a ese país —cobre, salmones y truchas, madera y manufacturas, y uvas— representaron más del 62% de las exportaciones chilenas dirigidas a Estados Unidos. Algunos sectores poseen una exposición especialmente alta: alrededor del 40% de los salmones y truchas exportados, el 46% de la madera y casi el 59% de las uvas tuvieron como destino ese mercado.
Esta composición permite entender la posible fractura dentro del empresariado. Para las compañías salmoneras, forestales, frutícolas y otros exportadores directamente afectados por las sobretasas, una negociación rápida con Washington puede parecer prioritaria. Pero para las grandes mineras, importadores, empresas eléctricas, comerciantes y conglomerados vinculados a inversiones o cadenas de suministro chinas, aceptar una estrategia de ruptura o contención de Beijing puede significar pérdidas mucho mayores.
Judd pretende que los empresarios actúen como una sola clase disciplinada detrás de la estrategia estadounidense. Sin embargo, la burguesía no constituye un bloque homogéneo. Está dividida en fracciones cuyos intereses pueden coincidir en la explotación de los trabajadores y en la defensa del orden capitalista, pero divergen respecto del mercado externo, el crédito, la inversión, los proveedores y las alianzas internacionales. La presión norteamericana puede transformar esas diferencias en un conflicto político abierto.
Aquí aparece la contradicción central del gobierno de Kast. Su política exterior fue construida sobre la ilusión de que el servilismo hacia Trump garantizaría a Chile un trato preferente. Kast ofreció afinidad ideológica, alineamiento continental y subordinación estratégica. Pero Estados Unidos no respondió con concesiones, sino con nuevas exigencias. Cuanto más dócil se presenta el gobierno chileno, más obligaciones le impone Washington.
El servilismo, por tanto, no elimina el conflicto: lo produce. Kast prometió una alianza incondicional con Estados Unidos, pero gobierna una economía cuya principal relación comercial se encuentra con China. Puede compartir con Trump el anticomunismo, el autoritarismo, la persecución migratoria y la ofensiva contra la clase trabajadora. No puede, sin embargo, cortar mecánicamente los vínculos con Beijing sin afectar las ganancias de sectores decisivos del capital chileno.
La política estadounidense obliga al gobierno a escoger entre su orientación ideológica y la estructura material que sostiene a la clase dominante local. Si Kast acepta las exigencias de Washington, podría comprometer el acceso a mercados chinos, encarecer importaciones, introducir incertidumbre en inversiones energéticas e infraestructura y perjudicar a empresas que dependen de proveedores asiáticos. Si las rechaza, desmiente su propia promesa de alineamiento privilegiado con Trump y arriesga nuevas represalias arancelarias y políticas.
No se trata todavía de una ruptura consumada con China. Sería impropio afirmar que el acuerdo exigido por Estados Unidos dispone formalmente el corte total de las relaciones comerciales. Lo que sí puede sostenerse es que inaugura una dinámica de desacoplamiento: hoy se restringen determinados productos bajo la acusación de trabajo forzoso; mañana pueden imponerse controles sobre inversiones, telecomunicaciones, puertos, redes eléctricas, minerales críticos o tecnología. Cada concesión crea las condiciones para una exigencia posterior.
La disputa puede trasladarse rápidamente al interior del gabinete. Los ministros que cuestionaron los aranceles expresaron, aunque sea de manera limitada, la preocupación de sectores económicos golpeados por la política estadounidense. La Cancillería, por su parte, intenta preservar el tratado vigente y evitar una modificación que consagre jurídicamente la sobretasa. Los partidarios más duros del alineamiento con Trump exigirán silenciar estas diferencias y presentar cualquier resistencia como una amenaza a la relación bilateral.
También puede abrirse una pugna entre los gremios. La Sociedad Nacional de Agricultura estima pérdidas considerables por la nueva tasa; los exportadores afectados reclamarán una salida inmediata. Pero un acuerdo construido sobre medidas antichinas encontrará resistencias en otros grupos empresariales. El empresariado será presionado simultáneamente por Washington, Beijing, sus propias inversiones y la necesidad de mantener abiertos ambos mercados.
La intervención de Judd anticipa así una modalidad de injerencia particularmente agresiva. Estados Unidos no espera negociar solamente con el Ejecutivo. Busca construir dentro del país una coalición empresarial capaz de imponer su programa al gobierno, al Congreso y a los organismos técnicos. En este esquema, Amcham y los grandes gremios dejan de ser simples interlocutores comerciales para convertirse en correas de transmisión de una estrategia imperial.
La crisis potencial no se reduce, por tanto, a un desencuentro diplomático. Puede convertirse en una crisis de orientación del régimen. Desde el fin de la dictadura, las distintas administraciones chilenas combinaron subordinación política y militar a Estados Unidos con una creciente apertura comercial hacia China. Esa fórmula permitió a la burguesía beneficiarse de ambos vínculos: Washington garantizaba la arquitectura política, financiera y militar del orden regional; Beijing absorbía materias primas y proporcionaba mercancías, tecnología e inversión.
La ofensiva norteamericana tiende ahora a clausurar esa coexistencia. Estados Unidos exige que la subordinación política sea acompañada por un alineamiento económico efectivo. Ya no le basta con que Chile mantenga relaciones militares privilegiadas, reconozca su conducción continental o respalde su política exterior. Pretende que limite materialmente la presencia china.
Esta presión puede alterar los equilibrios sobre los cuales descansa el bloque gobernante. El gobierno de Kast representa una tentativa de endurecimiento autoritario del régimen, apoyada por el gran capital, la derecha tradicional, sectores militares y las burocracias estatales. Pero su estabilidad depende de que pueda presentarse como administrador eficaz de los intereses generales de la burguesía. Si su alineamiento con Trump comienza a destruir mercados, elevar costos o poner en riesgo inversiones, esa función queda cuestionada.
Podría abrirse entonces una crisis con varias expresiones: renuncias o desplazamientos ministeriales; enfrentamientos entre Cancillería y los sectores más ideologizados del gobierno; campañas empresariales contradictorias; intervención del Parlamento y del Tribunal Constitucional; presión de los medios económicos; e intentos de construir un acuerdo transversal de “política de Estado” que limite la libertad de acción presidencial.
La oposición parlamentaria probablemente intentará capitalizar el conflicto sin impugnar sus bases. Invocará la tradición diplomática, el multilateralismo, la autonomía comercial o la defensa del interés nacional. Pero esa oposición participó activamente durante décadas en la construcción del mismo modelo dependiente. Los gobiernos de la Concertación, la derecha y el progresismo profundizaron tanto la subordinación estratégica a Estados Unidos como el carácter primario-exportador de la relación con China.
Una salida transversal podría adquirir rasgos bonapartistas. Ante el riesgo de fractura entre distintas fracciones del capital, el Estado buscaría elevarse aparentemente por encima de ellas y presentarse como árbitro del “interés nacional”. Podrían invocarse la seguridad económica, la defensa del cobre y el litio o la necesidad de una política exterior unificada. En realidad, se trataría de recomponer la unidad burguesa y asegurar que la disputa entre potencias no abra un espacio para la intervención independiente de los trabajadores.
La crisis también puede acelerar el gobierno por decretos y decisiones administrativas. Las restricciones a importaciones, los controles de inversión y las medidas relativas a infraestructura estratégica suelen aplicarse mediante reglamentos, resoluciones ejecutivas y organismos técnicos. El conflicto internacional puede utilizarse para fortalecer al Ejecutivo, reducir el debate parlamentario y justificar una concentración adicional de facultades bajo el argumento de la seguridad nacional.
No existe, sin embargo, una solución soberana dentro de la elección entre Estados Unidos y China. La dependencia chilena no desaparece cambiando de potencia. Con Washington adopta una forma política, financiera, militar y tecnológica; con Beijing reproduce el papel primario-exportador de Chile y entrega sectores estratégicos a capitales extranjeros. La burguesía chilena no busca superar esa subordinación, sino negociar mejores condiciones para participar en ella.
Por eso el “interés nacional” invocado por empresarios y ministros es profundamente engañoso. Lo que está en juego son los intereses privados de mineras, salmoneras, forestales, bancos, importadores, eléctricas y compañías tecnológicas. Los trabajadores no controlan el cobre, el litio, los puertos, las redes eléctricas ni el comercio exterior. Sufren, en cambio, las consecuencias de los aranceles, los cierres de mercados, la inflación, la precarización laboral y el ajuste fiscal.
La respuesta obrera no puede consistir en respaldar a Kast frente a Estados Unidos ni en defender a China como supuesto contrapeso progresista. Debe partir de la independencia política de la clase trabajadora y del rechazo a que la disputa entre potencias sea resuelta mediante nuevos sacrificios sociales. La nacionalización de los recursos estratégicos, del sistema financiero, de la energía y del comercio exterior bajo control de los trabajadores es la única base material de una política auténticamente independiente.
El reto de Judd posee, en definitiva, un valor revelador. Muestra a un embajador extranjero ordenando a los empresarios que presionen a su gobierno; muestra a Estados Unidos convirtiendo los aranceles en un instrumento de disciplinamiento político; y muestra a Kast atrapado por el mismo servilismo que presentó como garantía de estabilidad.
La contradicción puede convertirse en una crisis del régimen porque enfrenta la orientación estratégica del gobierno con los intereses inmediatos de sectores decisivos del capital. Washington exige obediencia; China concentra una parte sustancial del comercio, la inversión y las cadenas de suministro; Kast carece de una política independiente y el empresariado teme perder en cualquiera de los dos frentes.
El episodio del Hotel Ritz no fue, por ello, una mera imprudencia diplomática. Fue la formulación pública de un ultimátum. Estados Unidos pidió al gran empresariado chileno que actúe como fuerza interna de presión para imponer a Kast una política de alineamiento contra China. La respuesta a ese llamado —su aceptación, su resistencia o la tentativa de negociarlo— puede abrir una de las primeras grandes fisuras del nuevo gobierno y proyectarla sobre el conjunto del régimen político chileno.