El juicio del vocero mapuche Héctor Llaitul es seguido por observadores de DDHH

de Chile Today

El líder mapuche está detenido por cargos desde agosto de 2022. Testigos anónimos declaran en su contra y se solicita una larga condena. Por estas y otras razones, algunos sostienen que su trato viola el derecho internacional.

Héctor Llaitul, figura clave de la organización mapuche Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), fue detenido en agosto de 2022 por cinco cargos: incitación a la violencia, violación de la ley de seguridad del Estado, robo, atentado contra la autoridad y usurpación. Los fiscales han solicitado una pena de 25 años de prisión para el líder mapuche.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, señaló que «el total de delitos atribuidos dice relación con la ley de seguridad del Estado, delitos de robo y también atentados contra funcionarios de Carabineros de Chile». Para cada uno de los delitos atribuidos, el Ministerio Público ha solicitado una condena, que en términos de penas privativas de libertad alcanza los 25 años».

El fiscal contaría con la declaración de más de 70 testigos, de 20 peritos y de 200 pruebas materiales y documentos.

Entre los 70, hay cinco testigos anónimos, que en un principio iban a ser identificados. Fue así que, en abril, el juez de primera instancia ordenó a la fiscalía que identificara a los cinco, alegando que era ilegal ocultar su identidad a la defensa. En junio, sin embargo, el Tribunal Supremo dictaminó que no debían revelarse los nombres para proteger a los cinco testigos.

Familiares de presos políticos mapuche del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Biobío, donde se encuentra Héctor Llaitul en prisión preventiva desde agosto de 2022, denunciaron que los guardias prohibieron el ingreso de mujeres mapuche con vestimenta tradicional a la cárcel de Concepción, según informó El Ciudadano. Funcionarios a cargo del registro de visitas habrían exigido a las mujeres mapuche quitarse su vestimenta tradicional y usar sólo ropa occidental para poder ingresar y ver a sus familiares. Los funcionarios también habrían prohibido a los visitantes mapuches traer elementos sagrados y alimentos naturales en lugar de alimentos procesados. Tales acciones han sido cuestionadas como acoso racista y violación del derecho internacional. Por ejemplo, la prohibición de llevar vestimenta tradicional viola el Convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas, que Chile ratificó en 2008.

La Comisión Ética contra la Tortura emitió una carta pública dirigida a la administración del Presidente Gabriel Boric. La carta critica la detención de Llaitul y condena su persecución y encarcelamiento, según informó Diario UChile.

La carta señala: «la lucha de las comunidades mapuche no es individual, es una demanda plural, colectiva, de un pueblo que vive las consecuencias de la aplicación del decreto 701 que por casi 50 años ha convertido una tierra fértil en un territorio depredado por la explotación forestal, con escasez de agua y con el bosque nativo destruido».

La comisión acusó al gobierno de castigar al líder mapuche por no asistir al «pseudo-diálogo» al que ha sido citado, y de pretender condenarlo a una larga pena de prisión por supuestos delitos que según el derecho común no permitirían ni siquiera un día de cárcel. La comisión también acusó al Estado de practicar una «criminalización preventiva» sobre Llaitul.

«Aspiramos a que la justicia sea la base de la paz en la zona y que se ponga fin a la militarización y criminalización de las demandas del pueblo mapuche», concluye la carta.

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