por Gustavo Burgos
Este 18 de octubre se cumplen siete años de la irrupción popular que estremeció a Chile en 2019. Para una lectura clasista, aquella jornada y las semanas que siguieron merecen ser recordadas como uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia reciente del movimiento obrero chileno: millones ocuparon las calles, desafiaron el estado de cosas existente, quebraron por semanas la normalidad política del régimen y pusieron en cuestión, de manera todavía confusa pero materialmente poderosa, las condiciones de explotación, endeudamiento y desigualdad sobre las cuales se había construido el Chile de la transición. Fue, en ese sentido, una revolución frustrada: no porque hubiera existido un plan revolucionario derrotado en la víspera de tomar el poder, sino porque una crisis de dimensiones históricas abrió efectivamente la posibilidad de transformar radicalmente las relaciones políticas y sociales sin que existiera una dirección capaz de conducir esa energía hacia una alternativa de poder.
Esta caracterización no constituye una elaboración retrospectiva fabricada después del fracaso del proceso constituyente. El Porteño sostuvo esa orientación mientras los acontecimientos estaban todavía desarrollándose. La noche misma del levantamiento, en la editorial “Piñera es el próximo: Viva el levantamiento popular, a barrer con la represión”, fechada el 18 de octubre de 2019 y actualizada al día siguiente, caracterizamos lo que comenzaba como un “levantamiento popular” producido por la acumulación de antagonismos de clase y planteamos inmediatamente la necesidad de convertir aquella irrupción en un gran paro nacional capaz de unificar las reivindicaciones existentes. Salud, pescadores, Codelco Ventanas, No+AFP, profesores y trabajadores del comercio aparecían ya entonces no como conflictos inconexos sino como antecedentes inmediatos de la explosión.
Hay que reivindicar sin ambigüedades el carácter glorioso de aquel levantamiento. No porque cada una de sus expresiones haya sido correcta ni porque deba construirse una mitología sentimental de las barricadas y la Primera Línea, sino porque durante esas jornadas centenares de miles de trabajadores, estudiantes, pobladores, pensionados y jóvenes precarizados descubrieron prácticamente que el orden existente podía ser derribado. La sociedad chilena dejó momentáneamente de aparecer como una suma de individuos enfrentados privadamente a sus problemas y comenzó a reconocerse políticamente como una totalidad atravesada por antagonismos comunes. “No son treinta pesos, son treinta años” condensó justamente esa percepción: el precio del transporte remitía inmediatamente a las pensiones, los salarios, la salud, la educación, la vivienda, el endeudamiento y la precariedad general de la existencia. Lo extraordinario de Octubre fue esa súbita generalización política del malestar social.
Sólo nueve días después del levantamiento, el 27 de octubre de 2019, la editorial de El Porteño “El Octubre chileno: comienza la revolución” hacía explícita esa caracterización: “No era un simple estallido o revuelta”. La revista identificaba distintas fases del proceso —la irrupción espontánea, la entrada organizada de la clase trabajadora mediante la huelga general y la aparición de asambleas y cabildos— y advertía al mismo tiempo acerca de la tendencia de las direcciones sindicales y políticas tradicionales a llevar la crisis nuevamente hacia una salida institucional. Más importante aún, en pleno ascenso del movimiento aquella editorial identificaba la contradicción fundamental que hoy permite hablar de una revolución frustrada: “No hay salida obrera a la crisis porque la clase carece de los organismos” necesarios para asumir el poder. La cuestión de la dirección no fue, por tanto, inventada después de la derrota; estaba planteada dentro de la propia revolución.
Su carácter revolucionario no reside en que las masas hubieran llegado a formular conscientemente un programa socialista ni en que hubiese aparecido una dualidad de poderes desarrollada. Consiste en algo más elemental y, a la vez, históricamente decisivo: millones dejaron de aceptar como natural la autoridad del régimen y comenzaron a experimentar su propia capacidad colectiva para alterar el funcionamiento de la sociedad. El problema fue que aquella fuerza extraordinaria careció de una organización política equivalente a la magnitud de la crisis que había abierto. Allí se encuentra la tragedia política del proceso: una movilización capaz de poner al poder a la defensiva no consiguió constituir una dirección propia capaz de disputar el desenlace.
También aquí el archivo resulta inequívoco. En la editorial “Hoy Huelga General: fuera Piñera asesino de La Moneda, que gobiernen los trabajadores”, publicada originalmente el 23 de octubre de 2019, El Porteño rechazó la llamada Agenda Social gubernamental como incapaz de alterar las estructuras que habían producido la rebelión y caracterizó la huelga general del 23 y 24 de octubre como una movilización decisiva para el curso de la crisis. La editorial concedía especial importancia al surgimiento de asambleas territoriales en Santiago, Valparaíso y otras regiones como formas todavía embrionarias de organización popular. Nuestra posición entonces no consistía simplemente en exigir más radicalidad callejera: apuntaba hacia la transformación de la protesta en organización política independiente de los trabajadores.
Por eso la derrota política de Octubre no comenzó el 4 de septiembre de 2022 con el rechazo de la primera propuesta constitucional. Había comenzado mucho antes, el 15 de noviembre de 2019, cuando la crisis social fue trasladada desde las calles al itinerario institucional del proceso constituyente. El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constituciónpermitió que una crisis de legitimidad que afectaba al conjunto del régimen fuese canalizada hacia un procedimiento político dirigido nuevamente por las instituciones existentes. No se trató simplemente de una maniobra parlamentaria ni puede explicarse únicamente mediante la palabra “traición”. Fue posible porque frente a un Estado, unos partidos y unas instituciones capaces de actuar nacionalmente no existía todavía una organización independiente de los explotados con capacidad semejante.
Resulta particularmente significativo volver a la editorial publicada por El Porteño el 14 de noviembre de 2019, apenas horas antes del pacto, titulada “Con Catrillanca en la memoria: aplastar las negociaciones con Piñera y expulsarlo de La Moneda con la Huelga General indefinida”. Allí advertíamos que las “negociaciones a espaldas del pueblo”buscaban doblegar el levantamiento y señalábamos que el problema fundamental consistía en impedir que la resolución de la crisis fuese arrebatada a las asambleas y organizaciones surgidas de la movilización. La conclusión era inequívoca: coordinar las organizaciones existentes y desarrollar una huelga general indefinida como expresión del poder social de los trabajadores.
El pacto del 15 de noviembre confirmó inmediatamente aquel peligro. Al día siguiente, el 16 de noviembre, El Porteñopublicó una de sus editoriales más categóricas de todo el período: “Contra el pacto escrito con la sangre de los caídos para salvar a Piñera: adelante con la Huelga General indefinida”. Allí caracterizamos el acuerdo constitucional como un “acuerdo de la burguesía” destinado a trasladar la crisis hacia la institucionalidad y subrayamos el significado político de su apelación al restablecimiento del orden público y la paz social. Simultáneamente planteamos fortalecer las asambleas, cabildos y organismos producidos durante aquel mes de movilización. Puede discutirse hoy cada formulación utilizada en la intensidad de aquellos días; lo que resulta imposible negar es que El Porteño identificó desde el primer momento el carácter restaurador que podía adquirir la salida institucional.
Ésa es precisamente la razón por la cual hablar de revolución frustrada resulta más fértil que hablar simplemente de “estallido social”. La primera categoría obliga a preguntarse qué posibilidad histórica quedó abierta y por qué no pudo desarrollarse; la segunda corre el riesgo de transformar el acontecimiento en una explosión episódica de malestar, casi meteorológica, que habría comenzado espontáneamente y desaparecido con igual espontaneidad. Octubre no fue un accidente. Fue la condensación de décadas de mercantilización de la vida social, privatización de derechos fundamentales, debilitamiento de las organizaciones obreras y subordinación de las necesidades populares a las exigencias insaciables de acumulación del capital.
Releer las editoriales de aquellos días permite además precisar el concepto de frustración. El Porteño no describía una revolución victoriosa a la cual sólo le faltara el acto final de tomar La Moneda. La editorial del 27 de octubre reconocía simultáneamente la crisis revolucionaria y la insuficiencia política del proletariado para ofrecer una salida propia; advertía la capacidad de las viejas direcciones para introducir nuevamente una salida institucional y llamaba a transformar Mesas Sociales, frentes de trabajadores y asambleas territoriales en organismos políticos. Dicho de otro modo: la revolución existía como crisis objetiva del régimen y como irrupción independiente de las masas, pero todavía no como poder alternativo organizado. Precisamente en esa distancia se jugó su destino.
Tampoco fue derrotada simplemente porque la población cambiara posteriormente sus opiniones electorales. Las masas no constituyen una sustancia ideológicamente inmutable. Una movilización extraordinaria que no consigue conquistar resultados proporcionales a la energía desplegada puede producir posteriormente cansancio, desmoralización, miedo y repliegue. La frustración política puede convertirse incluso en materia prima de una restauración conservadora. Nada de eso demuestra que las contradicciones que originaron la revuelta hayan desaparecido. Demuestra, por el contrario, que una crisis social que no encuentra una salida propia termina siendo reorganizada políticamente por las fuerzas del orden existente.
Siete años después, las causas materiales de aquella explosión continúan expresándose bajo formas concretas: familias sin vivienda, trabajadores sometidos a salarios insuficientes o empleos precarios, pacientes enfrentados a listas de espera, comunidades educativas movilizadas por financiamiento y condiciones de estudio, pensionados y cotizantes sometidos a un sistema previsional estructurado en torno a la capitalización individual. Desde esta perspectiva, la principal conclusión de Octubre no consiste en aguardar nostálgicamente su repetición. Consiste en intervenir sobre esas contradicciones tal como hoy existen.
En ese sentido resulta impresionante comprobar la continuidad entre las tareas formuladas en octubre de 2019 y las que vuelven a plantearse siete años después. La primera editorial del levantamiento ya relacionaba salud, pensiones, empleo, servicios públicos y condiciones de vida y proponía unificar sus reivindicaciones mediante una paralización nacional. La editorial del 27 de octubre colocó después en el centro la entrada organizada de la clase trabajadora, la huelga general y la transformación de los organismos surgidos desde abajo en instrumentos políticos. Finalmente, las editoriales del 14 y 16 de noviembre enfrentaron esa perspectiva a la salida negociada entre los partidos del régimen. Existe, por tanto, una línea política reconocible que atraviesa todo aquel período.
La construcción de una dirección revolucionaria no puede realizarse fuera de esos conflictos ni mediante su sola proclamación. Debe desarrollarse en la lucha por la vivienda, en los sindicatos, en la defensa de la educación y la salud públicas, en las movilizaciones salariales y en la lucha contra las AFP. Es allí donde puede comenzar a reconstruirse una conciencia común entre sectores que el funcionamiento ordinario del capitalismo mantiene separados y que, sin embargo, enfrentan distintas manifestaciones de un mismo problema social.
En esa perspectiva adquiere especial importancia la construcción de un movimiento por una huelga general. No entendida como una fecha decretada voluntaristamente ni como una consigna ritual, sino como un proceso de coordinación creciente entre luchas actualmente dispersas. La tarea consiste en relacionar trabajadores sindicalizados y precarizados, estudiantes, pobladores, funcionarios públicos, pensionados y movimientos sociales alrededor de reivindicaciones comunes, convirtiendo cada conflicto particular en una escuela de organización y conciencia de clase.
Esta perspectiva tampoco aparece ahora por primera vez. En octubre de 2019 El Porteño planteó la necesidad de convertir el levantamiento en un paro nacional unificador; el 23 de octubre colocó la huelga general en el centro del desarrollo de la crisis; el 27 sostuvo que ésta significaba la entrada organizada de la clase obrera en el conflicto; y el 14 y 16 de noviembre contrapuso explícitamente la huelga general indefinida a la negociación institucional que desembocó en el Acuerdo por la Paz. La derrota posterior obliga a revisar críticamente aquellas formulaciones, pero no invalida la cuestión estratégica que planteaban: cómo transformar la potencia social de la protesta en fuerza política organizada y cómo impedir que cada conflicto vuelva a quedar aislado dentro de los límites institucionales que el propio régimen le asigna.
Una huelga general posee precisamente esa potencialidad porque introduce una pregunta que el funcionamiento cotidiano de la sociedad normalmente oculta: quién hace funcionar realmente el país. Cuando trabajadores del transporte, la minería, los puertos, el comercio, los servicios, la salud y la educación detienen coordinadamente sus labores, aparece materialmente el poder social de quienes producen y reproducen diariamente la vida colectiva. Deja entonces de tratarse exclusivamente de una suma de demandas sectoriales y comienza a plantearse una cuestión política general.
Ésa es la principal lección que deja la revolución frustrada de Octubre. La fuerza social existió; lo que faltó fue una dirección capaz de organizarla políticamente, darle continuidad y plantear una salida independiente frente al Estado y los partidos del régimen. En rigor, ésa era ya la conclusión que comenzábamos a formular mientras la revolución se desarrollaba. El 27 de octubre advertíamos que la crisis no tenía todavía una salida obrera porque la clase carecía de organismos capaces de asumir el gobierno; en noviembre llamábamos a unificar esos organismos mediante la huelga general. Siete años después podemos precisar históricamente aquella intuición: sin dirección revolucionaria, la crisis del poder burgués no se transforma espontáneamente en poder de los trabajadores.
La tarea que se desprende de aquella experiencia no es inventar artificialmente otra insurrección, sino construir desde hoy, dentro de los conflictos reales de la clase trabajadora y los sectores populares, las organizaciones y coordinaciones que faltaron en 2019. La dirección revolucionaria no nacerá mediante una proclamación doctrinaria ni aparecerá milagrosamente el día de una nueva crisis. Tendrá que construirse interviniendo en las luchas efectivas, aprendiendo de ellas, reuniendo a su vanguardia, formando cuadros y demostrando en la práctica la capacidad de relacionar cada reivindicación particular con los intereses generales de la clase.
Conmemorar el glorioso 18 de Octubre significa entonces algo muy distinto de convertirlo en una efeméride nostálgica. Significa reconocer en aquella revolución frustrada una experiencia histórica inconclusa. Vivienda, educación, salud, salarios y pensiones constituyen hoy los terrenos concretos sobre los cuales esa experiencia puede transformarse en aprendizaje político y organización permanente. Y la construcción de un movimiento por una huelga general puede formular, alrededor de esos conflictos, una perspectiva de unificación de la clase trabajadora.
