El fetiche de las instituciones y la restauración del orden

por Gustavo Burgos

La imagen que sirve de portada a esta nota muestra al Comandante en Jefe del Ejército Carlos Prats, acompañado de Augusto Pinochet, quienes alrededor del mediodía del 29 de junio de 1973 acababan de sofocar el intento de Golpe de Estado comandado por el Teniente Coronel Souper. En el conato de sublevación fueron asesinados 5 civiles y el hecho permitió instalar a Pinochet como uno de los máximos exponentes del generalato constitucionalista junto a Sepúlveda y Pickering. Luego del feroz acto de insubordinación, Allende acompañado de los los tres generales en jefe de las FFAA, desde un balcón de La Moneda indicó, rubricando una manifestación antigolpista que rendía «homenaje a la fuerzas leales del Ejército de Chile, de la Armada Nacional y de la Aviación. Rindo homenaje a cinco civiles que perdieron su vida, como consecuencia de la actitud artera, antipatriota, contraria a la doctrina de las Fuerzas Armadas, del grupo insurgente». Mientras Allende no se cansa —aún en aquel duro trance— de apostar por la institucionalidad dando lugar al Gabinete Cívico-Militar, en la fotografía que aludimos —sin texto alguno— vemos a Prats (de bigotes finos) en el centro, retirado, taciturno. Por el contrario, Pinochet se ve decidido, juvenil, con la chaqueta abierta, el casco sin cernir y con gafas oscuras en un gesto casi cinematográfico. La imagen es expresiva de la trágica parálisis del reformismo y de la inevitable determinación golpista de la burguesía.

La idea de que las instituciones respondan a imperativos normativos y constitucionales, como quedó patéticamente demostrado en junio 1973, no es en absoluto nueva. Tal idea es la base de sustentación del discurso democrático burgués y la misma no puede ser observada sino en relación a su papel histórico: contribuir al desarme de las organizaciones de trabajadores, o al menos a su fraccionamiento de manera de subordinarlas a la voluntad capitalista. La institucionalización de los reclamos, plagada de eufemismos como participación, visibilización, ciudadanización y otras cacofonías, es el resultado del lento avance de las concepciones posmodernas en las organizaciones y el activismo, potenciado por la renuncia del reformismo de las más diversas corrientes a sostener las más elementales categorías de clase y de su incapacidad de proponer una salida de acción directa y lucha a los conflictos sociales. En realidad el avance posmoderno, la política de minorías, la tecnificación del accionar político viene tomando oxígeno al menos desde 1990. El FAI, Marea Roja, La Surda y otros movimientos deleznables abrieron el camino de estas concepciones liberal-burguesas a caballo del éxito en la intelectualidad de miserables como Foucault, Guattari, Derrida y otros «superadores» del marxismo. El centro de tales concepciones es el rechazo a toda forma generalizante y abstracta de pensamiento, siendo esta una modalidad levemente civilizada del rechazo militar y anticomunista a las «ideologías» pregonadas por el mismísimo Pinochet.

Como dicen Hamid Alizadeh y Dan Morley «El posmodernismo se basa en el principio de que los conceptos, las ideas y el propio lenguaje son “constructos” subjetivos y arbitrarios. Por tanto, todo pensamiento conceptual, incluida la ciencia, es también opresivo. No puede existir una verdad objetiva. Nada es verdadero o confiable. La única verdad radica en la experiencia individual, la “experiencia vivida” y eso sólo puede ser una verdad personal». Esta es la base teórica del discurso territorialista, aquél en el que lo único importante es lo que ocurre en la comarca o en el barrio sin que exista posibilidad alguna de levantar una perspectiva social general frente a la crisis que atraviesa el país. En lugar de cuestionar el poder, se dirigen puerilmente a «construir» un poder de espaldas a la realidad social, lo que equivale en la práctica a renunciar a toda posibilidad de luchar por la transformación revolucionaria de la sociedad y acabar con la explotación capitalista, cuestión que al posmodernismo se les representa como un abuso del metarelato. A estos posmodernos les parece un invento sostener que el 18 de Octubre se levantó la clase obrera en Chile en contra del orden capitalista, porque lo que ellos visualizan es la simple acumulación de piños y barrabravas que sustentaron la Primera Línea. El posmodernismo rechaza la idea de que lo que ocurrió el 18 de Octubre es una revolución obrera y se limita a motejar tal glorioso acción de clase como una simple «revuelta». Sin embargo, el posmodernismo oculta la cabeza en la arena no por cobardía ni por incapacidad cognitiva, sino porque tal rechazo a la lucha de clases y a las revoluciones es parte sustancial de su programa político.

Hace un par de semanas, conversando en Mate al Rey con Paola Dragnic sobre el seguimiento comunicacional del 18 de Octubre, ella nos describió la forma como entre los disfraces y la estética infantil de las Tías Pikachú y los Hombres Araña de la Plaza Dignidad, fueron inoculadas en el movimiento de un lado las concepciones liberal burguesas que darían origen a la Lista del Pueblo, y por otro la infiltración policial de los «intramarchas». En efecto, la estética de la rabieta y la perorata antipartido, sirvió de base no solo para que los Pelao Vade ingresaran a la Convención Constitucional sino que —de fondo— ella logró también desarticular toda expresión política opositora al Acuerdo por la Paz. Puesto en esta perspectiva, el triunfo electoral de Gabriel Boric y su asunción como primer mandatario este viernes, es la materialización de un gigantesco operativo contrarrevolucionario, de afirmación del viejo orden y del régimen capitalista en su conjunto. Pero al mismo tiempo —grandes paradojas de la historia— es el comienzo del fin del posmodernismo como expresión política opositora al orden establecido. Más cerca de Grecia (Syriza) que de España (Unidas Podemos), la ola frenteamplista podrá sustentarse en la limitada medida que tenga la capacidad de alimentar las enormes expectativas que despierta en amplios sectores populares. Como dijimos en el comienzo de esta nota, tal cuestión dependerá de la capacidad de Boric para institucionalizar a las organizaciones populares y en base a ello, de someter toda forma de expresión política por fuera de los marcos de la transición novembrista (Acuerdo por La Paz).

Boric podrá institucionalizar en la medida que sea capaz de atribuirle a su recatado programa de reformas (supuestamente crítico del neoliberalismo) la propiedad de ser la única respuesta a la crisis. Esta cuestión política será central. No es cierto que la inminente crisis económica capitalista sea la garantía del levantamiento de un nuevo movimiento de resistencia popular, porque los trabajadores salen a la lucha no solo porque hay crisis, sino además porque estiman que tal lucha tiene posibilidades materiales de imponerse de alguna forma. Si la sola crisis económica fuera garantía de resistencia y lucha revolucionaria, Haití hace mucho que sería socialista. Por lo mismo, la viga maestra del régimen en lo que viene será la idea de que es necesario salir unidos de la crisis y de que hay que buscar en las instituciones, no en las calles ni en las barricadas, la respuesta a los grandes reclamos sociales y nacionales. Dicho telegráficamente: la respuesta a la crisis, luego de cuatro años de desgobierno piñerista, es el orden. Con mayúsculas EL ORDEN.

En este plano la Convención Constitucional hará las veces de caballo de Troya del proceso. Empotrada en las ilusiones democráticas, la Convención resume orgánicamente la voluntad capitalista de salir de la crisis y hacer contrarrevolución centrando el debate político no en el régimen capitalista, sino que en las normas que lo regulan. Hemos usado esta metáfora brutal muchas veces, pero vaya una vez más: el problema no sería el campo de concentración de Auschwitz, sino que su reglamento. El debate político sobre las regiones, la plurinacionalidad, los territorios o la mágica pluralidad jurídica tiene lugar por fuera de los reclamos populares y en una discusión que está sometida estrictamente a los requerimientos del régimen. En clave posmoderna, la discusión constitucional es una cuestión de lenguaje, de aquél lenguaje platónico que construye realidad. El problema es que cada vez que a los trabajadores los llaman a respetar las instituciones, tal respeto los conduce al patíbulo. Así ocurrió en junio de 1973 con el tanquetazo y así está ocurriendo ahora 50 años después. Que a García Márquez le haya llamado la atención de que en nuestro país las leyes se vendan en los kioscos de diarios en caso alguno debe llamar a orgullo.

Formar una férrea oposición obrera al próximo gobierno de Boric no será una cuestión sencilla. Que le hacemos el juego a la Derecha será lo primero que se disparará desde el próximo oficialismo. Pero conformar tal oposición es una necesidad política de primer orden si lo que pretendemos es alzar la bandera de la revolución de los trabajadores. Una oposición tajante, de clase que plantee abiertamente la necesidad de echar abajo el régimen, expropiar al gran capital y en tal proceso de lucha construir una nueva dirección política de los explotados. Construir un partido, no más ni menos que eso. Porque si alguna conclusión hemos de extraer de la experiencia del Octubre chileno es que el camino de liberación social es revolucionario, de violencia revolucionaria, de asambleas de base, de poder obrero y de unidad política de clase. Nada relevante en la historia se ha obtenido de forma pacífica e institucional. Cuando este viernes Boric aparezca intentando lucir los ademanes de Allende la parodia habrá consumido al mito y el orden fúnebre de los explotadores se dispondrá a hacer su trabajo.

¿El camino? La confianza en la clase obrera, en nuestras propias fuerzas, en la capacidad de movilizarse y en no doblegar el ímpetu revolucionario frente a ninguna forma de democracia patronal. La bandera de la clase trabajadora, la bandera de nuestra próxima victoria.

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