El conflicto mapuche y la industria forestal

por Ibán de Rementería

Si bien el conflicto mapuche que ha recrudecido en estos días tiene clara causas políticas y culturales, como son la pérdida de su soberanía en manos del estado chileno hace 160 años,  el desconocimiento cultural de sus identidades, así como el haber sido reducidos  a la extrema pobreza que hace de las regiones de Biobío y Los Ríos las que tienen el menor  ingreso per cápita y la mayor pobreza del país. La base material de esa situación de dominación y pobreza  se origina con  la ocupación militar de la Araucanía de 1860 y culmina entre 1874 y 1883 con la reducción de las tierras reconocidas a los mapuches al 6, 4% del territorio de esas regiones. Eso fue una expropiación brutal  del acceso a la tierra y el agua, a la naturaleza y sus recursos para la vida y la cultura.  

En 1978 por gestión de Julio Ponce Lerou – el mismo hoy controlador de SQM-  el Gobierno transfiere las tierras de la reforma agraria a la Conaf, para que después sean vendidas a precios irrisorios a las empresas forestales, en total, fueron 352 mil hectáreas. Además, en 1974 se promulga el Decreto de Ley 701 de Fomento Forestal done se estipula que el Estado subsidia en un 75% los costos de las plantaciones en aquellos terrenos calificados de aptitud forestal. Lo cual ha culminado en que dos forestales  retienen en la actualidad más de 2 millones de hectáreas, el 70% del negocio forestal, producto del despojo al pueblo mapuche, cuyas diversas comunidades no alcanzan siquiera el medio millón de hectáreas. Esas son MININCO, del grupo Matte,  con 750.000 hectáreas y Forestal Arauco, del  grupo Angelini, con 1.200.000 hectáreas. Es más o menos obvio que la base material del conflicto mapuche está  en  la distribución de la tierra y el agua en el wallmapu –territorio mapuche. Esto lo han sabido todos los gobiernos de la Concertación, la Nueva mayoría y la derecha,  por eso, vergonzosamente han adquirido a sobre precios tierras que han redistribuido  en menguados lotes de tierra a las comunidades que cumplen algunas condiciones,  tales como “haberse portado bien”.

 Este conflicto no será resuelto mientras el Estado no recupere las tierras que les expropió a las comunidades mapuches y le transfirió a título gratuito a colonos chilenos y extranjeros, para que ahora se las redistribuya a las actuales comunidades mapuches de acuerdo a las modalidades de la relación y uso de la tierra y el agua que ellas han desplegado en su historia y desarrollo cultural, para ellos la tierra no les pertenece sino que ellos pertenecen a esas tierras ancestrales.  Sus sistemas de producción y cultivo requieren de muchas más tierras precisamente para proteger esos recursos naturales básico –tierra, agua y diversidad genética-, el medio ambiente,  la estabilidad climática y la biodiversidad local, regional y nacional.

Bien podemos recoger los modelos empleados en  Australia, Canadá, Nueva Zelanda y otros países, donde los estados han reconocido y reparado integralmente las agresiones  que sus pueblos originarios padecieron durante el colonialismo y la formación de los nuevos estados. Esas reparaciones incluyen reconocimientos políticos, culturales, sociales y sobre todos de acceso a los recursos  naturales –tierras y agua- , así como ayudas tecnológicas y económicas suficientes.

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