por Felipe Menares Velásquez //
“Trabajamos a honorarios y una entiende que está siempre sujeta al tema presupuestario, pero la verdad estoy sorprendida por la forma en la cual hemos sido despedidos. Siento que es una persecución directa a la organización sindical”, señala una dirigenta despedida en la última semana.
Los trabajadores del sector público decidieron paralizar sus actividades por 24 horas en rechazo a la oleada de despidos concretada en diferentes reparticiones del Estado. Uno de los grupos más afectados con la “razia”, según el término usado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), corresponde a aquellos que se desempeñan bajo la modalidad de honorarios, quienes carecen de una serie de derechos en comparación a sus pares de planta o a contrata, estos últimos regidos por el Estatuto Administrativo.
Si bien los trabajadores a honorarios debieran ser contratados para labores específicas y no habituales, en la práctica sí establecen un vínculo de subordinación y dependencia con sus jefaturas. También cumplen horarios como cualquier funcionario del Estado.
Además de la fragilidad de su situación laboral, en el ámbito sindical también experimentan dificultades. De partida, sus organizaciones no forman parte de la ANEF, al no ser reconocidos en la legislación como funcionarios públicos. Esto redunda en que los dirigentes de las agrupaciones de honorarios no cuentan con fuero sindical, por lo que podrían ser despedidos. De hecho, ya lo han sido y en POLITIKA conversamos con dos dirigentas que cuentan su experiencia luego de conocer que quedarían sin trabajo.
“Persecución directa” en Transportes
El pasado 27 de noviembre, notificaron de su despido a Elizabeth Maulen (33). Pese a que apeló, su salida del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) se confirmó tres días después. La técnico jurídico es la actual vicepresidenta del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores a Honorarios del Programa Nacional de Fiscalización del MTT y junto a ella, fueron desvinculadas 62 personas, entre ellas, otro dirigente sindical.
“Se me acusa por maltrato laboral, que mis pares no quieren trabajar conmigo, cosa que no es así. Es imposible, un dirigente sindical no podría serlo si la gente no lo apoya. Si tuviéramos algún problema, la gente nos censura. Lo otro es por inasistencia y licencia. Yo fui mamá, mi hija tiene un año y ocho meses. Nació prematura, por lo tanto, presenté licencias médicas”, señala la inspectora del Programa Nacional de Fiscalización.
Sin embargo, la trabajadora sostiene que su despido se debe a otras razones. “El 19 de octubre presenté un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para solicitar una modificación del horario de alimentación de mi hija. Ahora estoy con derecho de amamantamiento, hasta los dos años, pero yo creo que la razón principal es que, debido a que yo solicité la modificación y además pedí que me cancelaran los pasajes para el traslado, eso es lo que extrañamente les dio motivos para solicitar mi desvinculación del Programa. Esto yo lo siento como una represalia directa a la acción judicial que presenté, no veo otra respuesta”, argumenta.
Eso por un lado, puesto que a su juicio, su desempeño como dirigenta sindical sería otra de las motivaciones ocultas que tendría el ministerio encabezado por Gloria Hutt para concretar su destitución.
“Trabajamos a honorarios y una entiende que está siempre sujeta al tema presupuestario, pero la verdad estoy sorprendida por la forma en la cual hemos sido despedidos. Siento que es una persecución directa a la organización sindical. También me siento decepcionada del servicio, porque por hacer valer un derecho maternal, ahora se nos castiga”, afirma.
A esto agrega que “desde el inicio del sindicato han habido problemas con la jefa del Programa de Fiscalización. Adentro hay una cantidad de maltrato y acoso laboral, que no se ha sabido manejar, no han habido intervenciones necesarias”.
– ¿Podría verse afectado el funcionamiento del MTT por los despidos?
–En el área que yo represento, un inspector para poder formarse por lo menos necesita dos años para interiorizarse y la experiencia se la entrega el mismo compañero. No basta con que uno tenga una profesión, porque esa normativa se adquiere directamente en terreno. Los despidos ni siquiera podemos decir que son por presupuesto. Ellos ahora están recontratando gente por menos dinero, entonces, no se justifican los despidos.
“Prácticas antisindicales” en Educación
“Nosotros acusamos prácticas antisindicales de la ministra en la voz de nuestras jefaturas directas”. Las declaraciones de Leslie Maxwell (47), vicepresidenta del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Ministerio de Educación (SINTHE), apuntan a la titular de la cartera, Marcela Cubillos, con quien no han podido reunirse luego del despido de tres dirigentes sindicales, notificados el pasado 28 de noviembre.
“Ellos dijeron que no le iban a dar prioridad al área de trabajo en la que yo estaba, cuestión que es falsa, porque dos semanas antes de mi despido, habían contratado a otra persona para el equipo”, denuncia la profesora, quien se desempeña en la Unidad de Currículum y Evaluación del Mineduc.
Leslie piensa que los despidos son una expresión de la “ofensiva de este gobierno para precarizar el trabajo en el Estado”. Al respecto, denuncia que “en la Unidad de Currículum y Evaluación, se ha despedido gente, sin embargo, muchas personas han renunciado por maltrato laboral. Toda esa gente ha sido reemplazada por familiares y hay contrataciones de ex alumnas de la jefatura del Colegio San Benito, sin experiencia previa ni especialización en el área de evaluación. Es una denuncia que estamos tramitando”.
Siguiendo con las implicancias de los despidos en el funcionamiento del Mineduc, la profesora detalla que “hay 88 trabajadores a honorarios despedidos a nivel nacional y aproximadamente casi 300 trabajadores en total, sumando a los de planta y contrata. Tenemos el caso de compañeros que están en las unidades de Admisión, que se generaron a partir de la Ley de Inclusión, ley con la cual este gobierno al parecer nunca ha estado tan de acuerdo. Fueron despedidos y al otro día apareció un llamado en el Servicio Civil para reemplazarlos con estudiantes en práctica”.
A partir de las numerosas destituciones en Educación, los integrantes del SINTHE iniciaron una contraofensiva por medio de la movilización y también por la vía judicial. “Vamos a dar la pelea hasta el final”, adelanta la vicepresidenta de la organización, quien expone además las complejas condiciones que viven trabajadores/as no reconocidos como tales, por parte del Estado.
“Los únicos derechos que tenemos están establecidos en nuestros convenios y son muy distintos entre los diferentes servicios, ministerios, municipalidades. Por ejemplo, hay dependencias específicas que reconocen el fuero maternal, hay otros que no. Algunos lugares dan vacaciones, otros no. Entonces, hay una disparidad de criterios respecto al reconocimiento de nuestros derechos”, remarca.
Y añade: “Nosotros somos organizaciones reconocidas por la Inspección del Trabajo, es decir, tenemos una legalidad, pero que no es reconocida al interior del Estado. Sin embargo, la discusión no es un tema de legalidad o no. Los trabajadores siempre hemos tenido que establecer luchas tanto fuera de la legalidad, como dentro de ella, para que sean reconocidos nuestros derechos”.
– ¿Qué impacto ha tenido el despido en su vida familiar?
–Detrás nuestro hay familias. Soy divorciada, vivo con mis hijos y ellos dependen de mis ingresos y esto, evidentemente, es un golpe tremendo. Hay un mito respecto de que los sueldos de los trabajadores en el Estado son altos, pero esos son los que tienen los asesores, operadores políticos y de los cargos de jefatura.