por Valeria Menéndez
La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia podría pasar por uno de esos episodios policiales extravagantes que periódicamente produce la periferia de la política profesional: un consultor argentino especializado en campañas digitales, acusado de haber ordenado el asesinato de su expareja Nadia Beller y detenido, según las autoridades bolivianas, en circunstancias que inmediatamente pusieron bajo escrutinio sus actividades políticas y empresariales. Pero reducir el caso a la biografía turbulenta de un aventurero sería perder de vista su verdadero significado. Cerimedo no constituye una anomalía exterior al sistema político latinoamericano. Es, por el contrario, un producto característico de su descomposición, una figura que prospera allí donde los partidos tradicionales pierden autoridad, las instituciones representativas se vacían y sectores decisivos de la burguesía buscan nuevos instrumentos para intervenir sobre la conciencia de las masas. Su importancia política no deriva solamente de los delitos que hoy se le imputan —cuya responsabilidad corresponde establecer judicialmente—, sino del extraordinario circuito que fue capaz de recorrer: Bolsonaro, Milei, Rodrigo Paz, el Rechazo constitucional chileno y los ambientes políticos que posteriormente confluyeron alrededor de José Antonio Kast.
Cerimedo pertenece a una nueva capa de empresarios políticos que se mueve entre consultoras electorales, plataformas digitales, medios ideológicos y gobiernos de extrema derecha. Fundó La Derecha Diario, desarrolló la consultora Numen y estableció relaciones empresariales con Brad Parscale, antiguo jefe de campaña de Donald Trump. Su trayectoria permite observar algo bastante más importante que el destino individual del personaje: la formación de una verdadera internacional de operadores electorales de la derecha, capaz de transportar de un país a otro tecnologías de segmentación, campañas negativas, redes de influencers, encuestas, propaganda y estrategias destinadas a producir artificialmente estados de opinión que después son presentados como manifestaciones espontáneas de la sociedad.
Resulta revelador que Cerimedo ni siquiera responda al modelo tradicional del militante reaccionario. Antes de convertirse en una figura asociada a Milei y Bolsonaro había trabajado en operaciones digitales vinculadas al peronismo bonaerense. El desplazamiento resulta significativo porque muestra que la nueva industria política se organiza menos alrededor de convicciones doctrinarias que de técnicas profesionales de intervención sobre audiencias. Lo que se compra ya no es simplemente propaganda: se compran bases de datos, segmentación algorítmica, encuestas, producción industrial de contenidos, influencers, cuentas anónimas y mecanismos capaces de transformar una consigna marginal en una tendencia aparentemente multitudinaria. La política electoral adopta de esta manera los procedimientos de una ingeniería comercial aplicada a la lucha por el poder.
Brasil proporcionó una demostración particularmente clara. Después de las elecciones de 2022, Cerimedo participó activamente en la difusión de la tesis de que el sistema electrónico de votación había sido manipulado contra Jair Bolsonaro. La Policía Federal brasileña investigó sus actuaciones dentro de las causas relacionadas con el intento de impedir la transición presidencial, aunque finalmente no fue acusado. El episodio permite identificar un rasgo decisivo del nuevo operador político: su trabajo no consiste únicamente en conquistar votos dentro de las instituciones existentes. Puede consistir también en desacreditar esas mismas instituciones cuando dejan de producir el resultado requerido. La democracia aparece entonces como instrumento contingente: legítima cuando permite conquistar el gobierno, sospechosa cuando las masas votan de manera diferente a la esperada.
Su relación con Javier Milei debe entenderse dentro de esa lógica. Cerimedo participó en la campaña presidencial argentina de 2023 y estuvo asociado a la construcción del dispositivo digital libertario. Después de su detención se hicieron evidentes los esfuerzos destinados a reducir retrospectivamente su importancia, pese a que existen registros públicos de visitas posteriores a la Casa Rosada. Es un mecanismo bastante conocido en la política profesional: mientras el operador resulta eficaz se mueve cerca del poder; cuando comienza a comprometerlo, inmediatamente descubrimos que era apenas un colaborador periférico. Pero el problema político no reside en determinar cuántas veces Cerimedo atravesó determinada puerta presidencial, sino en comprender por qué proyectos como el de Milei necesitan esta clase de operadores para transformar un programa brutalmente favorable al capital en una supuesta rebelión popular contra “la casta”.
En Chile esta cuestión adquiere todavía mayor importancia. Cerimedo no apareció súbitamente alrededor de la campaña presidencial de Kast. Su presencia se remonta al ciclo político abierto por el levantamiento popular de octubre de 2019 y, más específicamente, a los esfuerzos de sectores burgueses por recuperar el control de una situación que había puesto en cuestión al conjunto del régimen político. En 2020 su empresa Numen fue contratada por Casa Común por el Rechazo, organización impulsada, entre otros, por Gonzalo de la Carrera y Gerardo Jofré, expresidente del directorio de Codelco. No estamos hablando, por tanto, de una agrupación marginal de fanáticos de internet. Estamos hablando de una estructura levantada desde sectores empresariales para intervenir en una batalla política estratégica: impedir que la crisis abierta en octubre terminara arrastrando consigo algunos de los pilares institucionales heredados de la dictadura y administrados durante tres décadas por los gobiernos de la transición.
Este antecedente permite establecer con precisión el vínculo político con el kastismo sin necesidad de afirmar aquello que todavía no está acreditado. No existe hasta ahora evidencia pública concluyente que permita sostener que Cerimedo haya sido formalmente contratado para dirigir la campaña presidencial de Kast en 2025. Lo comprobado es políticamente suficientemente grave: personas que trabajaron en el dispositivo del Rechazo que contrató a Numen terminaron posteriormente ocupando posiciones estratégicas alrededor de Kast. Alejandro Irarrázaval llegó a ser jefe de asesores presidenciales; Ignacio Dülger integró el Segundo Piso; Felipe Costabal, creativo de la campaña presidencial, pasó a dirigir la Secretaría de Comunicaciones. Precisamente por ello han surgido requerimientos para esclarecer las relaciones contractuales, profesionales y políticas entre ese círculo y Cerimedo.
La detención del consultor reabre además una herida particularmente incómoda para el oficialismo: las operaciones digitales denunciadas durante la campaña presidencial de 2025. Evelyn Matthei acusó entonces una ofensiva sistemática mediante cuentas anónimas destinada a instalar incluso la falsedad de que padecía Alzheimer. Después de la detención de Cerimedo volvió sobre aquellas denuncias y llamó la atención acerca de la desaparición de cuentas que habían desempeñado un papel relevante en el hostigamiento. Esto, por supuesto, no demuestra por sí mismo que Cerimedo haya dirigido aquellas operaciones, pero convierte en indispensable esclarecer quiénes financiaron y administraron las estructuras digitales que intervinieron en la campaña. El problema deja entonces de ser una pelea anecdótica entre candidatos de derecha y se convierte en una cuestión acerca de los mecanismos reales mediante los cuales se construye actualmente el poder político.
Aquí aparece la cuestión de clase que suele desaparecer bajo la fascinación periodística por los “trolls”. Las granjas de bots cuestan dinero. Las consultoras cuestan dinero. Los servidores, encuestas, bases de datos, agencias, especialistas, abogados, influencers y campañas internacionales cuestan dinero. Detrás del troll existe siempre una estructura económica. La pregunta decisiva no es quién escribió determinada mentira a las tres de la madrugada desde una cuenta anónima, sino quién necesitaba aquella mentira, quién proporcionó los recursos para multiplicarla y qué intereses sociales resultaban favorecidos por su circulación. La extrema derecha digital no flota sobre las clases sociales: constituye una forma determinada de intervención política de sectores burgueses en condiciones de crisis.
Por eso el recorrido latinoamericano de Cerimedo resulta tan ilustrativo. Allí aparecen Bolsonaro, Milei, Kast y Rodrigo Paz, proyectos diferentes en sus condiciones nacionales pero unidos por una tendencia reconocible: la necesidad de ejecutar programas de reorganización capitalista mientras disminuye la capacidad de los partidos tradicionales para construir consenso alrededor de ellos. Milei presentó una transferencia gigantesca hacia el capital como una insurrección contra “la casta”; Bolsonaro convirtió la crisis brasileña en una cruzada contra comunistas, feministas y enemigos internos; Kast ha organizado buena parte de su discurso alrededor de seguridad, inmigración, orden público y fortalecimiento del aparato represivo. Cuanto más difícil resulta explicar positivamente el programa económico, mayor importancia adquiere la construcción negativa del enemigo.
No existe aquí contradicción alguna entre neoliberalismo y autoritarismo. Por el contrario, la experiencia latinoamericana demuestra reiteradamente su complementariedad. Cuando las reformas exigidas por el capital implican deteriorar salarios, flexibilizar relaciones laborales, reducir gasto social, privatizar servicios o garantizar nuevas condiciones de acumulación, la capacidad de obtener adhesión mediante los antiguos mecanismos reformistas disminuye. La coerción estatal y la manipulación ideológica comienzan entonces a adquirir una importancia creciente. El policía y el algoritmo aparecen como dos momentos diferentes de un mismo problema político: cómo imponer relaciones sociales cada vez más difíciles de legitimar.
Cerimedo debe ser comprendido dentro de esa transformación. El agotamiento de las instituciones democrático-burguesas no significa necesariamente que mañana desaparezcan las elecciones, se cierre el Congreso o los militares ocupen La Moneda. Esa visión cinematográfica del autoritarismo impide observar el proceso real. Las instituciones pueden conservarse mientras cambia profundamente su contenido. Las elecciones continúan, pero una parte creciente de la formación de la opinión pública ocurre en plataformas pertenecientes a monopolios privados. Los partidos continúan existiendo, pero externalizan funciones políticas fundamentales hacia consultoras y empresarios. Los ciudadanos continúan votando, pero previamente han sido clasificados mediante datos como segmentos comerciales susceptibles de determinados estímulos. El ciudadano formalmente soberano se transforma materialmente en consumidor electoral.
La mentira política adquiere bajo estas condiciones una función mucho más profunda que la simple inmoralidad del propagandista. Cuando millones experimentan salarios insuficientes, endeudamiento, precarización laboral, inseguridad social y deterioro de servicios públicos, resulta cada vez más difícil presentar el orden existente como realización del interés general. La propaganda debe entonces separar la experiencia de sus causas. La precarización deja de ser consecuencia de relaciones sociales concretas y aparece provocada por el inmigrante; la inseguridad deja de relacionarse con la descomposición social y se convierte exclusivamente en problema policial; la crisis política deja de expresar contradicciones de clase y aparece producida por comunistas, mapuches, feministas, delincuentes o enemigos extranjeros. La función de la extrema derecha consiste precisamente en desplazar horizontalmente hacia otros sectores populares contradicciones que nacen verticalmente de la estructura de clases.
El algoritmo proporciona una herramienta extraordinariamente eficaz para esta operación. Las plataformas recompensan aquello que retiene atención, y pocas emociones retienen más atención que el miedo, la indignación y el odio. La extrema derecha ha comprendido esa estructura mucho mejor que las organizaciones políticas tradicionales. Una provocación que antiguamente habría quedado confinada a una reunión marginal puede ser reproducida millones de veces; diez mil cuentas pueden fabricar la apariencia de diez mil militantes; una campaña coordinada puede producir una indignación artificial que posteriormente será recogida por los medios tradicionales como si fuera un fenómeno espontáneo. La mercancía que venden operadores como Cerimedo es la fabricación industrial de espontaneidad política.
El operador digital reemplaza así algunas de las funciones históricas del partido burgués de masas. Los viejos partidos conservadores disponían de prensa, organizaciones territoriales, juventudes, asociaciones profesionales, sindicatos patronales y cuadros capaces de transmitir sistemáticamente su ideología. La nueva derecha puede compensar el debilitamiento de esas estructuras mediante dispositivos digitales extremadamente centralizados. No necesita necesariamente construir durante décadas una cultura política organizada: puede adquirir capacidad de intervención contratando especialistas capaces de conquistar temporalmente la atención de millones. El fenómeno expresa simultáneamente la extraordinaria concentración económica de la política contemporánea y la creciente debilidad orgánica de sus partidos.
La democracia liberal clásica —en los libros de estudio— descansaba sobre una ficción fundamental: individuos jurídicamente iguales formando libremente una voluntad política. Esa igualdad siempre ocultó la desigualdad material entre capital y trabajo. Pero el capitalismo de plataformas introduce una contradicción adicional: incluso el proceso mediante el cual esos individuos supuestamente forman autónomamente sus opiniones se encuentra organizado por infraestructuras privadas que venden diferencialmente acceso a la atención pública. Quien posee capital puede comprar alcance; quien compra alcance adquiere influencia; quien dispone sistemáticamente de influencia puede comenzar a fabricar aquello que posteriormente será presentado como “opinión pública”. La desigualdad económica se convierte directamente en desigualdad comunicacional y finalmente en poder político.
Desde esta perspectiva, Cerimedo constituye un síntoma particularmente acabado del agotamiento de las instituciones democrático-burguesas. No porque haya descubierto una técnica diabólica capaz de corromper desde afuera una democracia saludable, sino porque la propia crisis de esa democracia produjo la demanda social para personajes como él. Su ascenso coincide con la decadencia de los grandes partidos, el descrédito parlamentario, la crisis de los medios tradicionales y la incapacidad de las elites gobernantes para ofrecer perspectivas históricas capaces de movilizar positivamente a las masas. Cuando el futuro deja de funcionar como promesa, el miedo ocupa su lugar; cuando desaparece el programa capaz de entusiasmar, aparece el enemigo capaz de aterrorizar.
Chile constituye un laboratorio especialmente transparente de este proceso. Durante tres décadas el régimen de la transición administró las contradicciones mediante alternancia electoral, negociación parlamentaria y acuerdos fundamentales entre Concertación y derecha. Octubre de 2019 quebró aquella arquitectura. El proceso constitucional fue una operación destinada inicialmente a reconducir institucionalmente la rebelión; su fracaso posterior no resolvió las contradicciones que habían producido el levantamiento. La llegada de Kast representa una fase diferente de la restauración: la reconstrucción de la autoridad estatal mediante seguridad, disciplina social, fortalecimiento coercitivo y ofensiva contra las condiciones conquistadas por los trabajadores.
La aparición de Cerimedo en los dispositivos políticos que atravesaron este proceso no constituye entonces una curiosidad biográfica. El troll aparece allí donde el consenso se debilita. La manipulación digital constituye la sombra tecnológica de una burguesía que conserva enormes recursos económicos pero pierde capacidad para convertir espontáneamente sus intereses particulares en aspiraciones universales. Allí donde antes había partidos aparecen consultores; donde existían militantes aparecen influencers; donde funcionaban periódicos partidarios aparecen plataformas algorítmicas; donde existía discusión pública aparece microsegmentación.
La acusación penal que enfrenta Cerimedo tampoco debe convertir este análisis en crónica roja. La responsabilidad por el intento de asesinato que se le atribuye deberá ser establecida por los tribunales. Políticamente importa otra cuestión: la extraordinaria facilidad con que un operador privado pudo desplazarse entre campañas presidenciales, empresarios, gobiernos y estructuras políticas de varios países latinoamericanos. Cerimedo no “infiltró” desde afuera estas estructuras. Fue producido por ellas. Empresarios contrataron sus encuestas, políticos utilizaron sus servicios, candidatos celebraron sus habilidades y medios reprodujeron sus estudios. Su trayectoria solamente pudo existir porque había una demanda para aquello que vendía.
Esta es probablemente la conclusión más inquietante que deja su detención. Si Cerimedo desapareciera mañana de la escena política, nada esencial habría desaparecido con él. Otros consultores ocuparían su lugar, nuevas sociedades venderían servicios semejantes y nuevas redes de cuentas aparecerían bajo nombres diferentes. Cerimedo no creó la crisis de la democracia burguesa latinoamericana: descubrió cómo convertirla en un negocio. Su caída simplemente permite mirar durante unos segundos detrás del escenario y distinguir empresarios que financian campañas, consultoras que producen tendencias, políticos que se benefician de ellas, plataformas que monetizan la polarización y Estados crecientemente incapaces de presentar sus decisiones como expresión auténtica de una voluntad colectiva.
Por eso la pregunta fundamental no consiste en saber únicamente cuántos bots manejaba Cerimedo ni si determinada factura terminó contabilizada formalmente como gasto electoral. Todo aquello debe investigarse y el Gobierno de Kast tiene la obligación política elemental de transparentar exhaustivamente las relaciones de su entorno con Cerimedo, Numen y las estructuras digitales que participaron en las campañas precedentes. Pero la interrogante decisiva está situada más profundamente: ¿qué clase de régimen comienza a necesitar personajes como Cerimedo para gobernar?
La respuesta remite directamente a la crisis de dominación. Cuando la burguesía encuentra dificultades crecientes para obtener consentimiento alrededor de su programa económico, la manipulación de la conciencia, la construcción permanente de enemigos y el fortalecimiento represivo del Estado comienzan a desempeñar una función cada vez mayor. Las formas democráticas no necesitan desaparecer inmediatamente: pueden vaciarse progresivamente mientras estructuras autoritarias crecen en su interior. Precisamente por ello la detención de Fernando Cerimedo no constituye el final de una historia. Es una ventana abierta sobre el régimen político que lo hizo posible. Detrás del operador caído permanece intacta la estructura social que lo necesitó: una burguesía latinoamericana que, enfrentada a una crisis cada vez más profunda de sus mecanismos históricos de representación, necesita fabricar artificialmente el consentimiento que sus instituciones ya no consiguen producir por los medios ordinarios de la democracia burguesa.