por Valeria Menéndez
La muerte de Camilo Escalona Medina, ocurrida este 4 de septiembre, ha dado lugar a una sucesión previsible de homenajes en los que se lo presenta como uno de los grandes dirigentes del socialismo chileno contemporáneo. La fórmula se repite: dirigente popular, resistente a la dictadura, constructor de la unidad socialista, presidente del Partido Socialista, parlamentario y presidente del Senado. Todo ello es, formalmente, cierto. Pero justamente por eso resulta insuficiente. Porque si alguna significación histórica posee la trayectoria de Escalona no radica simplemente en la continuidad de una militancia iniciada en su adolescencia, sino en la formidable transformación política experimentada por una parte sustancial de la izquierda chilena durante las últimas décadas del siglo XX: aquella que comenzó hablando en nombre de la clase trabajadora y terminó administrando, legitimando y defendiendo las instituciones económicas y políticas del orden capitalista.
Escalona provenía efectivamente del mundo popular. Hijo de un obrero panificador —condición que él mismo recordó al asumir la presidencia del Senado—, ingresó a la Juventud Socialista siendo prácticamente un niño, fue dirigente secundario durante la Unidad Popular, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago en 1972 y miembro del Comité Central de la Juventud Socialista en 1973. Perseguido después del golpe, debió asilarse, vivió posteriormente en Cuba y en la República Democrática Alemana y regresó clandestinamente a Chile en 1983, incorporándose a la dirección del PS-Almeyda y a la lucha política clandestina contra la dictadura. No hay necesidad alguna de disminuir esos antecedentes para formular una crítica. Por el contrario, son justamente ellos los que vuelven su evolución posterior históricamente reveladora.
El problema consiste en determinar qué quedó de aquel socialismo cuando la dictadura dejó paso al régimen político organizado después de 1990. Desde ese momento Escalona se convirtió en uno de los cuadros principales de la integración del Partido Socialista al Estado construido sobre la derrota histórica de 1973. Fue diputado de la Concertación desde el primer Parlamento de la transición, presidente reiteradamente del PS, nuevamente diputado, senador, presidente de la Comisión de Hacienda y finalmente presidente del Senado. Su biografía institucional resulta casi inseparable de la propia historia de la Concertación. No estamos simplemente ante el caso individual de un revolucionario que moderó sus posiciones con los años. Estamos ante algo políticamente más importante: la conversión de un partido que había proclamado la superación del capitalismo en uno de los pilares del régimen capitalista chileno.
Escalona fue, quizá más nítidamente que otros dirigentes socialistas, un hombre de la transición. Y esto requiere precisar qué entendemos por transición. No fue simplemente el tránsito desde una dictadura hacia unas instituciones democráticas abstractamente consideradas. Fue una operación histórica mucho más determinada: la incorporación de los partidos tradicionales de la oposición al funcionamiento de un Estado cuya arquitectura fundamental había sido construida por la propia dictadura. La Constitución de 1980 continuó organizando el régimen político; las Fuerzas Armadas conservaron durante años posiciones de tutela; el Código Laboral siguió encadenando la organización sindical; las AFP, las Isapres, la mercantilización de la educación, las privatizaciones y el principio subsidiario permanecieron como columnas del orden social. Pinochet abandonó finalmente La Moneda, pero el régimen económico y buena parte del régimen institucional construido bajo su dictadura sobrevivieron a su persona.
Este fue el verdadero contenido histórico de aquello que durante décadas se presentó ceremoniosamente como la «transición a la democracia»: Pinochet sin Pinochet. No porque Chile después de 1990 fuese idéntico a la dictadura —afirmarlo sería absurdo y borraría conquistas democráticas elementales—, sino porque la salida pactada conservó las relaciones fundamentales de propiedad y buena parte de los mecanismos institucionales mediante los cuales esas relaciones habían sido reorganizadas a sangre y fuego. La gran obra de la Concertación —tutelada por el imperialismo— consistió en conferir estabilidad democrática a aquella transformación social desarticulando toda forma de resistencia apoyada tanto en la labor represiva de La Oficina como en las ilusiones democráticas que alimentaron tal proceso. Las privatizaciones dejaron de necesitar bayonetas; el sistema previsional dejó de requerir estados de excepción; la precarización del trabajo podía continuar bajo elecciones periódicas. La fuerza ya no debía presentarse permanentemente con uniforme militar porque el nuevo consenso político se encargaba de garantizar aquello que las armas habían impuesto.
Escalona llegó a identificar su propia trayectoria con la defensa de ese proceso. Todavía en 2021 reivindicaba explícitamente la democratización iniciada con el plebiscito de 1988, destacando el crecimiento económico y la reducción de la pobreza alcanzados durante los veinte años de gobiernos concertacionistas, aunque reconociera al mismo tiempo la persistencia de desigualdades y de los llamados «enclaves autoritarios». La contradicción es significativa: el problema aparecía así reducido fundamentalmente a perfeccionar democráticamente el modelo, no a explicar que la extraordinaria concentración de riqueza y poder constituía precisamente el resultado del régimen económico que la transición había preservado.
En esta transformación se encuentra el sentido más profundo de la biografía de Escalona. El joven socialista hijo de un obrero panificador terminó convertido políticamente en un liberal burgués, entendiendo aquí «liberal» no como una inscripción partidaria sino como una caracterización política: defensor de la democracia representativa, de la institucionalidad existente, de los acuerdos parlamentarios y de la administración gradual de una economía capitalista que había dejado de ser considerada objeto de superación histórica. El horizonte socialista fue desplazándose desde la transformación de las relaciones de propiedad hacia una política redistributiva compatible con ellas. La clase trabajadora dejó de constituir el sujeto político destinado a reorganizar la sociedad para convertirse en uno de los muchos sectores sociales representados electoralmente por una coalición interclasista.
No fue una mutación puramente discursiva. La propia defensa que Escalona realizó de la Concertación llegó a adquirir formas extraordinariamente reveladoras. En 2011, cuando sectores de la oposición comenzaban a declarar agotada aquella coalición, reclamó contra su «autodestrucción» y reprochó la ingratitud de quienes renegaban del bloque después de haber alcanzado gracias a él altas investiduras y mejores estándares de vida. La frase decía mucho más de lo que probablemente pretendía decir. Aquellos militantes formados en organizaciones que habían hablado alguna vez de emancipación obrera se habían transformado efectivamente en una capa profesional del Estado: parlamentarios, ministros, asesores, directores de empresas públicas, altos funcionarios y operadores políticos. La transición había modificado no solamente su ideología; había transformado materialmente su lugar en la sociedad.
El estallido de las movilizaciones estudiantiles de 2011 puso esa contradicción bajo una luz especialmente intensa. Escalona reconoció la legitimidad y la enorme importancia del movimiento, responsabilizó al gobierno de Sebastián Piñera por su incapacidad de responder a sus demandas y llegó incluso a admitir que la Concertación tenía una deuda con los estudiantes. Pero el límite aparecía precisamente allí donde la movilización amenazaba con abandonar los cauces establecidos por la transición. Escalona insistía en separar el movimiento social de una apropiación política de izquierda y, sobre todo, continuaba atribuyendo al sistema institucional la capacidad exclusiva de transformar esas demandas en política de Estado. El movimiento podía presionar; la institucionalidad debía decidir.
Esa concepción apareció con especial claridad frente a la demanda de una Asamblea Constituyente. Cuando esta comenzó a instalarse con fuerza, Escalona rechazó la posibilidad de una vía constituyente que escapara de los procedimientos establecidos, calificándola como una salida «extra institucional» ante la inexistencia de mayorías parlamentarias suficientes para modificar la Carta vigente. Pocos episodios condensan mejor la paradoja histórica de su evolución: un antiguo militante clandestino, perseguido por una Constitución impuesta mediante el terrorismo de Estado, terminaba reconociendo en las propias reglas derivadas de aquella institucionalidad el límite dentro del cual debía producirse su transformación.
Es cierto que Escalona posteriormente defendió abiertamente la necesidad de terminar con la Constitución de 1980. Después del estallido de 2019 y del proceso constitucional llegó a afirmar que aquella Carta había sido impuesta mediante el terrorismo de Estado y que debía ser reemplazada por una Constitución nacida en democracia. Sería intelectualmente deshonesto ocultarlo. Pero incluso allí permaneció intacta la matriz fundamental de su pensamiento político: la transformación debía producirse desde la institucionalidad, mediante grandes acuerdos, administrando cuidadosamente las correlaciones de fuerza y evitando toda ruptura con el Estado existente. Ese gradualismo no fue una mera táctica. Después de treinta años había pasado a constituir una concepción completa de la política.
De ahí que los homenajes que hoy simplemente lo despiden como «socialista» resulten políticamente equívocos. Escalona murió siendo militante y dirigente del Partido Socialista, naturalmente. Pero si las palabras políticas han de conservar algún contenido histórico, convendría preguntarse qué socialismo representó durante la mayor parte de su vida pública posterior a 1990. No fue el socialismo entendido como gobierno de los trabajadores ni como expropiación de la burguesía; tampoco el socialismo de la ruptura con el capitalismo que había animado, con innumerables contradicciones, al partido de Allende. Fue el socialismo transformado en ala izquierda de la administración democrática del atrasado capitalismo chileno.
Y aquí la biografía individual se convierte en historia de una generación política completa. Escalona no fue una rareza ni un simple «traidor» que abandonara súbitamente sus convicciones juveniles. Esa explicación moral no sólo es cómoda, sino que es inútil. Fue el producto y, al mismo tiempo, uno de los constructores de una transformación social de enorme profundidad: la incorporación de una parte sustancial de la antigua izquierda obrera al aparato del Estado burgués reconstruido después de la dictadura. La transición creó una nueva élite política precisamente utilizando a cuadros provenientes del movimiento popular, de la clandestinidad, del exilio, de las luchas sindicales y estudiantiles. Su legitimidad para conducir el nuevo orden derivaba, paradójicamente, del hecho de haber combatido al anterior. Su biografía corrobora el contenido de clase de la llamada «renovación» del PS.
El caso de Escalona es particularmente emblemático porque en su persona los dos extremos aparecen excepcionalmente próximos. El muchacho de San Miguel, hijo de un panadero sindicalista, que ingresó adolescente al socialismo, conoció el golpe, el exilio y la clandestinidad, terminó sentado en la testera del Senado de una República que durante décadas siguió funcionando bajo la Constitución nacida de aquel golpe. Cuando asumió su presidencia en 2012 recordó con emoción que habían transcurrido cuarenta años desde que otro socialista, Salvador Allende, había ocupado aquel lugar. Pero precisamente entre aquellos dos presidentes socialistas del Senado se extendía todo un abismo histórico. Allende había llegado allí como dirigente de un movimiento obrero que aspiraba a superar el capitalismo por la vía pacífica y reformista; Escalona llegaba como dirigente de una izquierda que había aprendido a someterse y a ser funcional a tal orden de clase.
Por eso su muerte no merece ni el más mínimo halago. Murió como expresión política del régimen y tal hecho merece un balance. Las luchas de su juventud forman parte de la historia del movimiento popular chileno y no hay razón para borrarlas. Pero tampoco pueden utilizarse para conferir retrospectivamente un carácter socialista a su trayectoria posterior. La historia política no se mide solamente por las banderas bajo las cuales los hombres comenzaron su recorrido, sino por las relaciones sociales que terminaron defendiendo.
Camilo Escalona representa, en ese sentido, una de las biografías más completas de la transición chilena: nació políticamente en una izquierda reformista que pretendía cambiar la sociedad y terminó convertido en uno de los principales guardianes de la izquierda que administraba esa sociedad tal como había sido reorganizada por la contrarrevolución. De la Unidad Popular a la Concertación; del movimiento popular al Senado; de la clandestinidad revolucionaria a la defensa de la institucionalidad; de la aspiración socialista al progresismo liberal. No es solamente la historia de un hombre. Es la parábola de toda una generación dirigente.
Los homenajes oficiales recordarán al presidente del Partido Socialista, al parlamentario, al negociador, al hombre de Estado. Desde la izquierda revolucionaria corresponde recordar también otra cosa: que la estabilidad de la transición chilena descansó precisamente en la capacidad de incorporar a hombres como Escalona a la defensa de aquello que alguna vez habían querido transformar. Esa tradición política es la que corresponde sepultar.