por Alejandro Valenzuela Torres
La reaparición pública de Camila Vallejo tiene un propósito político bastante transparente: reconstruir una oposición institucional al Gobierno de José Antonio Kast y, al mismo tiempo, rehabilitar el legado de la administración de Gabriel Boric. En su entrevista con Daniel Matamala y Cristóbal Bellolio, la exministra sostiene que Chile es gobernado por una ultraderecha asociada internacionalmente a Donald Trump y Javier Milei, y califica como una “gran estafa” la promesa de seguridad que llevó a Kast a La Moneda. Su argumento apunta a demostrar que el nuevo Gobierno carece de un proyecto propio y que incluso en materia policial continúa utilizando políticas diseñadas durante la administración anterior.
Hay en esta denuncia elementos ciertos. Kast gobierna como representante directo de una ofensiva patronal que pretende descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores, reducir derechos sociales, profundizar la subordinación del país al capital financiero y reforzar las facultades represivas del Estado. También es efectivo que la retórica electoral de la derecha convirtió la seguridad en una mercancía política: prometió orden inmediato, control territorial y autoridad, pero una vez instalada en el Gobierno debió recurrir al aparato, las leyes y los planes heredados de la administración precedente.
Sin embargo, el problema de la posición de Vallejo comienza precisamente allí donde termina su crítica. La exministra presenta la continuidad entre ambos gobiernos como una prueba de la inconsistencia de Kast, cuando desde un punto de vista de clase esa continuidad demuestra algo mucho más profundo: que el progresismo y la derecha administran, con distintos ritmos y discursos, un mismo Estado de clase.
La política de seguridad de Boric no fue ni remotamente una alternativa popular al programa represivo de Kast. Fue una de sus condiciones de posibilidad. Durante cuatro años, el Gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista amplió el presupuesto policial, fortaleció los organismos de inteligencia, creó el Ministerio de Seguridad Pública, respaldó la militarización permanente de la Macrozona Sur y promulgó una legislación que acrecentó las facultades coercitivas del Estado. El hecho de que Kast pueda servirse ahora de aquella infraestructura no constituye una apropiación fraudulenta de un legado progresista. Revela que ese legado pertenecía ya al mismo proceso de reforzamiento estatal que la burguesía buscaba profundizar.
Vallejo pretende diferenciar ambos gobiernos por sus intenciones: Boric habría construido instituciones democráticas para proteger a la población, mientras Kast utilizaría esas mismas instituciones con propósitos autoritarios. Pero resulta absurdo juzgar al Estado por las intenciones declaradas de sus administradores. El análisis comienza por su contenido de clase, por las relaciones sociales que protege y por las fuerzas materiales a las que sirve. La policía que reprime una huelga, desaloja una ocupación territorial o persigue a comunidades mapuche no cambia su naturaleza porque la autoridad política que la dirige se proclame progresista, feminista o defensora de los derechos humanos. No podemos olvidar los miles de pobladores lanzados de sus viviendas en terrenos ocupados «con pleno respeto de sus derechos».
La principal inconsistencia del discurso de Vallejo reside, entonces, en que reduce la lucha política a una confrontación entre dos formas de gestión del régimen: una democrática, dialogante y responsable, representada por el antiguo oficialismo; otra autoritaria, extremista e incompetente, encarnada por Kast. Desaparece así la contradicción fundamental entre capital y trabajo. En su lugar aparece una disputa moral entre buenos y malos administradores del mismo orden social.
Esta sustitución no es accidental. Permite al Partido Comunista presentarse simultáneamente como fuerza de oposición y como garante de la gobernabilidad. Vallejo puede denunciar a Kast porque antes demostró, desde el Gobierno, que su partido era capaz de administrar «responsablemente» el capitalismo chileno, contener la movilización popular y asegurar el funcionamiento regular de sus instituciones. Su crítica no propone organizar una fuerza independiente de los trabajadores; propone reconstruir una mayoría electoral que devuelva a la antigua coalición gubernamental la conducción del Estado.
Por eso tampoco existe en su intervención un balance real del fracaso del Gobierno de Boric. No se examina la renuncia al programa de transformaciones, el sometimiento a los acuerdos parlamentarios, la defensa de la gran propiedad, el rescate de las AFP mediante la reforma previsional, el abandono de la demanda por la gratuidad universal, el mantenimiento del sistema privado de salud ni la profundización del aparato represivo. Todo ello queda subsumido bajo una narración complaciente: el gobierno anterior habría avanzado cuanto pudo, enfrentando una oposición obstruccionista y una correlación de fuerzas desfavorable.
Esta explicación convierte la llamada “correlación de fuerzas” en una justificación universal. Pero las correlaciones políticas no son fenómenos naturales. Son producidas y modificadas por la lucha de clases. El Gobierno de Boric no se limitó a padecer una relación de fuerzas adversa: contribuyó a crearla. Desmovilizó a los sectores que habían protagonizado la rebelión de octubre de 2019, subordinó las organizaciones sociales al calendario institucional, convirtió la Convención Constitucional en una vía de cierre de la crisis y, después de su derrota, reconstruyó la legitimidad del Congreso, las Fuerzas Armadas, Carabineros y los acuerdos con la derecha.
El resultado fue la desmoralización de una parte considerable de la clase trabajadora y de la juventud. Millones de personas comprobaron que quienes habían llegado al Gobierno prometiendo superar el neoliberalismo terminaron administrándolo. La derecha pudo entonces apropiarse del malestar social, reinterpretarlo en clave punitiva y dirigirlo contra los migrantes, los pobres, las organizaciones populares y la propia idea de transformación social.
Desde esta perspectiva, Kast no representa simplemente una interrupción externa del proyecto progresista. Es, en una medida decisiva, el producto político de su bancarrota. La ultraderecha creció sobre el terreno preparado por las capitulaciones del Gobierno anterior. Su ofensiva se apoya en el reforzamiento policial, legislativo y administrativo realizado por Boric, pero también en la crisis de expectativas provocada por la experiencia gubernamental del Frente Amplio y el Partido Comunista.
La afirmación de Vallejo de que la promesa de seguridad fue una estafa contiene, además, una ambigüedad importante. La exministra critica a Kast porque no habría cumplido suficientemente su promesa de orden, no porque dicha promesa sea reaccionaria en su contenido. En vez de cuestionar la construcción política del delito como explicación general de la crisis social, reivindica la supuesta superioridad técnica de la política de seguridad desarrollada por Boric.
Así, la disputa se desplaza hacia quién puede administrar con mayor eficacia las policías, las cárceles y el control territorial. Vallejo termina aceptando el terreno ideológico establecido por la derecha: la seguridad como problema primordial de la sociedad chilena y el fortalecimiento estatal como respuesta necesaria. La diferencia es que reclama para el progresismo la autoría de una política represiva más seria, planificada e institucional.
Una crítica marxista debe rechazar esa falsa alternativa. La inseguridad que experimentan los trabajadores no puede reducirse a la delincuencia callejera. Inseguridad es también perder el empleo, no poder pagar el arriendo, esperar meses por una atención médica, jubilar con una pensión miserable o vivir bajo la amenaza permanente del endeudamiento. El orden capitalista produce estas formas de violencia cotidiana y luego utiliza sus consecuencias para justificar una expansión adicional de la coerción estatal.
Vallejo separa artificialmente la seguridad de sus determinaciones sociales. Pero la delincuencia, el narcotráfico y la violencia territorial se desarrollan en una sociedad atravesada por la precarización laboral, la segregación urbana y la mercantilización de todos los aspectos de la vida. Ninguna multiplicación de policías resolverá esas contradicciones, porque las fuerzas policiales existen ante todo para proteger la propiedad y el orden que las genera.
La exministra también denuncia acertadamente ciertos rasgos autoritarios del Gobierno de Kast: su desprecio por las mediaciones, su ofensiva contra la oposición y su tendencia a concentrar el poder ejecutivo. Pero guarda silencio sobre el debilitamiento previo de esas mismas mediaciones bajo el progresismo. El bonapartismo no surge sólo de la voluntad de un dirigente reaccionario. Crece cuando las organizaciones de masas han sido debilitadas, cuando el movimiento obrero ha sido desarmado políticamente y cuando la crisis de representación hace aparecer al Ejecutivo como la única fuerza capaz de imponer orden.
El Gobierno de Boric cumplió un papel decisivo en ese desarme. Integró a dirigentes sociales al aparato estatal, transformó las demandas populares en expedientes técnicos y subordinó los conflictos laborales y territoriales a la negociación parlamentaria. El Partido Comunista participó activamente en esa operación. Presentó como avances históricos acuerdos que preservaban el poder económico de los grandes grupos empresariales y utilizó su influencia sindical para contener toda irrupción independiente de los trabajadores.
Por ello, la oposición que Vallejo propone no rompe con Kast: lo combate dentro de los límites que el propio régimen considera aceptables. Su horizonte es el Congreso, el Tribunal Constitucional, la competencia electoral y la formación de una nueva mayoría progresista. No cuestiona la propiedad de los grandes medios de producción, el dominio financiero, la subordinación imperialista ni el monopolio estatal de la violencia. La democracia que busca defender es la forma política mediante la cual la burguesía chilena ha ejercido su dominación desde el término de la dictadura.
Esto no significa que para los trabajadores sean indiferentes las libertades democráticas ni que el autoritarismo de Kast carezca de importancia. Significa exactamente lo contrario: esas libertades no pueden ser defendidas eficazmente por quienes subordinan su acción a las instituciones de la burguesía. Cada retroceso democrático debe ser enfrentado mediante la movilización independiente de las organizaciones obreras y populares, no mediante acuerdos con los mismos partidos que han construido el aparato represivo.
La intervención de Vallejo anticipa la estrategia de la oposición parlamentaria durante los próximos años. Denunciará los excesos del Gobierno, recurrirá a los tribunales, defenderá las instituciones y aguardará una futura alternancia electoral. Su consigna implícita será evitar que Kast haga más daño, sin cuestionar las relaciones sociales que hacen posible su Gobierno.
El problema se debe plantear el problema de otra manera. No se trata de reemplazar la administración reaccionaria del capitalismo por una administración progresista del mismo sistema. Se trata de construir una dirección política de la clase trabajadora capaz de intervenir con independencia tanto de la derecha como del progresismo gubernamental.
La experiencia de Boric demostró que el ingreso de la izquierda al Gobierno burgués no transforma al Estado: transforma a la izquierda que lo administra. Camila Vallejo, antigua dirigente de una movilización que impugnó la mercantilización de la educación, aparece hoy como defensora del legado institucional de un Gobierno que preservó las bases de aquella mercantilización y reforzó el aparato estatal encargado de custodiarla.
Su crítica a Kast es, por eso, verdadera en aspectos secundarios y falsa en lo esencial. Identifica el rostro autoritario del nuevo Gobierno, pero oculta las condiciones que permitieron su ascenso. Denuncia la estafa electoral de la derecha, pero elude la estafa política del progresismo. Habla contra la ultraderecha, mientras defiende el Estado, las políticas y las instituciones que ésta utiliza para gobernar.
La tarea de los trabajadores no consiste en escoger cuál sector del régimen administrará esas instituciones. Consiste en recuperar su independencia política, reorganizar sus fuerzas y construir un programa de poder propio. Sólo desde esa perspectiva será posible enfrentar a Kast sin volver a depositar las esperanzas populares en quienes ya demostraron que, puestos a elegir entre las exigencias del capital y las aspiraciones de las masas, gobernaron para preservar el orden existente.